Con la tranquilidad en los mercados, la población espera medidas para reactivar la economía

Después de un mes tortuoso en lo financiero, con la economía paralizada, luego del resultado electoral, la población espera, ahora, que comiencen a verse medidas que permitan reactivar la economía. Las mediciones del INDEC dicen que los salarios reales le vienen ganado la carrera a la inflación, pero la gente dice que no lo siente. Puede ser por el desánimo acumulado, pero lo cierto es que la inestabilidad política hizo mucho daño y de eso son responsables tanto oficialismo como oposición.

Esta semana mostró movimientos de suba y baja que tenían que ver con ciertas operaciones y eso hizo que el dólar subiera y bajara. El viernes terminó subiendo un poco y cerró en $1475 en la franja minorista. Puede asignarse la causa a que el jueves el Tesoro no renovó títulos por 5 billones de pesos, que quedaron libres. Una parte puede haber presionado al dólar, aunque la mayoría fue a los bancos, donde comenzó a bajar la tasa de interés.

Esta semana, también, el Banco Central decidió flexibilizar los encajes bancarios para bajar los costos de las entidades y, junto a los pesos que volcó al mercado, se espera que ya la semana que viene se aprecie una baja en la tasa de interés de los bancos. Un banco ya anunció la baja de la tasa de los préstamos hipotecarios.

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El presidente decidió tomar la iniciativa y convocó esta semana a una reunión a los gobernadores, a la cual asistieron todos los invitados (solo 4 gobernadores no fueron invitados) y con esto comenzó a dar forma a un reclamo de mayor institucionalidad pedida por los mercados, pero también por el FMI y por el gobierno de Estados Unidos.

Milei quiere avanzar con los proyectos de reforma laboral y fiscal, que pretende consensuar para mandar al Congreso. Previamente, habrá que aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 y no se sabe si lo mandarán ahora o esperarán a que se constituyan las nuevas mayorías en el Congreso.

La reforma laboral

Por estos días han aparecido partes de un proyecto que todavía no es definitivo porque se discute en el foro del Acuerdo de Mayo, que coordina el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y que todavía no ha conseguido los consensos necesarios. De hecho, esta semana Milei tuvo que desmentir versiones que decían que se quería establecer jornadas laborales de 12 horas, vacaciones cortadas o pagos con los viejos ticket, que ya fue declarado inconstitucional por la Corte.

Donde se habrían puesto de acuerdo es en cuanto a cambiar el modelo de las indemnizaciones, donde se pasaría a un modelo similar al que funciona en el convenio de la UOCRA, con un Fondo de desempleo. También tendría consenso la idea de salir de los convenios colectivos nacionales y pasar a convenios por empresa, de manera que haya una negociación más directa y realista. En estos consensos no participarían los sindicalistas que, dicen, no quieren cambiar nada porque "todo está perfecto".

Al parecer todo indica que, después del resultado electoral, nadie pretende disentir con el presidente, pero quedan rubros que están entre los más complejos en la relación laboral y, al menos hasta ahora, no han sido contemplados. Uno de ellos tiene que ver con un instituto creado en la vieja ley de Contrato de Trabajo, del año 1974, que es denomina do "in dubio pro operario", que significa que, en caso de duda, siempre los jueces deben fallar a favor del empleado.

En el DNU, que dio origen a la Ley Bases, el artículo 66 establecía la norma que garantizaba la aplicación de la ley más favorable al trabajador, pero en la parte procesal determinaba que "se aplicará la regla general procesal, en virtud de la cual los hechos deben ser probados por quien los invoca, con plena vigencia de la autoridad de los magistrados en la obtención de la verdad objetiva y el respeto a la seguridad jurídica".

Esta norma, como todo el capítulo referido a las normas laborales, fue suspendido por la justicia quien consideró que estas normas, que derogaban leyes, no podían ser sancionadas por un DNU. Lo cierto es que esta norma es fundamental ya que una parte muy importante de los costos laborales está generada por causas en las cuales los abogados invocan cualquier cosa y es la empresa la que tiene luego que demostrar lo contrario, lo que la mayoría de las veces es imposible.

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Esta normativa de tipo procesal no la hemos visto reclamada por los negociadores de los empresarios ni por los políticos. Los dirigentes sindicales tratarán de oponerse de cualquier forma, pero sería un avance muy bueno para terminar con la industria del juicio que tantos costos genera y que es una de las causas por las cuales muchos empresarios no quieren tomar empleados, ni siquiera en negro.

El otro tema, que tiene una incidencia directa en los costos laborales es el famoso formulario 931, que es la mayor tortura de los empresarios, pero también de los trabajadores, que comprueban cómo, entre el Estado y los sindicatos, se quedan con la mitad del costo laboral del empresario y al trabajador le pagan un 30% menos.

Esta es una decisión que puede no parecer simpática pero que es de sentido común. En Argentina todos los grupos de izquierda, que se dicen progresistas, son los conservadores más recalcitrantes. Y hay que poner los argumentos en la mesa.

El más importante es que el ahorro previsional debe estar a cargo de quien se va a jubilar y no tiene porqué la empresa haberse cargo de eso, salvo que, en un convenio de parte, un empresario decida colaborar con sus trabajadores, pero esto no podría funcionar en un sistema jubilatorio de reparto anómalo como el que tendemos. Solo podría hacerse en un sistema de capitalización.

Concretamente, las empresas no deberían seguir pagando el 15% complementario de aporte jubilatorio, y los trabajadores deberían aportar un 15 ó 18% para su propia jubilación. Lo mismo vale para los aportes a las obras sociales. El seguro de salud del trabajador debe estar a cargo de él mismo. Lógicamente, al tener menores cargas, los empresarios deberían aumentar los salarios para que los trabajadores puedan hacer frente a sus nuevas obligaciones, pero la ecuación sería distinta.

Este es uno de los temas vitales para cambiar la mentalidad de empresarios y trabajadores y, debería ser el Estado, en todas sus jurisdicciones, el primero que debería dar el ejemplo e incorporar a la planta permanente a los trabajadores que tiene trabajando con contratos truchos por varios años, porque el Estado es el mayor empleador informal de la Argentina.