Amnistía en Venezuela: críticas por exclusiones y dudas sobre el futuro de Machado

La ley de amnistía sancionada por la Asamblea Nacional venezolana abrió una fuerte polémica en el arco opositor y en organizaciones de derechos humanos, que cuestionan su alcance y alertan sobre exclusiones que, según sostienen, contradicen el espíritu de reconciliación que debería guiar una norma de este tipo.

Desde el Foro Penal, su vicepresidente Gonzalo Himiob advirtió que, a la espera del texto definitivo, la iniciativa aparece como "sumamente excluyente". Aunque podría alcanzar a cientos de detenidos por razones políticas, distintos referentes consideran que deja fuera a figuras centrales de la oposición, entre ellas María Corina Machado, así como a militares condenados.

Uno de los puntos más objetados es el artículo que excluye a quienes hayan sido procesados o condenados por promover o facilitar acciones armadas o de fuerza contra la soberanía venezolana con apoyo extranjero. Esa formulación fue utilizada en el pasado para acusar a dirigentes opositores como Machado o Leopoldo López, actualmente en el exilio.

Ver:El Parlamento de Venezuela da el primer paso hacia la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos

Para Oscar Murillo, secretario general de PROVEA, la norma contiene "un injustificable exceso de exclusiones" que no está exigido por la Constitución ni por los tratados internacionales. En diálogo con TN, afirmó que el texto no refleja un verdadero compromiso con la paz y la reconciliación.

La expectativa también se concentra en el destino de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani. El primero fue acusado de planear un atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el segundo quedó vinculado a una causa por narcotráfico, delito que estaría expresamente excluido de la amnistía según la versión oficial, rechazada por sus familias y por el gobierno argentino. Hasta el momento no hay confirmación de que la ley los alcance.

De acuerdo con estimaciones del Foro Penal, más de 600 presos políticos permanecen detenidos en el país. Las excarcelaciones podrían comenzar una vez que la presidenta encargada promulgue la ley, algo que podría ocurrir en las próximas horas.

El analista Andrés Cañizález, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, consideró que la aprobación representa "un paso" en medio de una crisis prolongada. Sin embargo, aclaró que no es el avance que esperaba la sociedad democrática ni las ONG, sino una medida que podría aliviar parcialmente un sufrimiento extendido.

Dentro de la oposición, las críticas apuntan especialmente a las exclusiones y a la falta de garantías de reparación. La exprecandidata presidencial Corina Yoris señaló que la ley no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia transicional y que omite mecanismos claros de reparación para las víctimas. Además, advirtió que la situación genera "muchísima incertidumbre" y llamó a sostener una resistencia pacífica.

Desde Surgentes, su co-director Antonio González Plessmann definió la norma como "una mala ley" por la cantidad de personas que quedarían al margen, aunque reconoció que puede servir para mitigar daños. Según explicó, el texto enumera de manera taxativa hechos que resultan insuficientes para proteger a quienes fueron judicializados por protestas laborales, denuncias de corrupción o reclamos campesinos. También subrayó que los militares acusados de delitos castrenses quedaron explícitamente excluidos.

Otro punto polémico es la creación de una comisión de seguimiento sin participación social, con facultad para sugerir casos adicionales susceptibles de amnistía. Para González Plessmann, ese mecanismo abre un margen elevado de discrecionalidad.

Las organizaciones coinciden en que la mayoría de las personas que podrían ser beneficiadas no cometieron delitos y que la ley debería dejar claro que la amnistía no implica reconocimiento de culpa ni limita el derecho a exigir reparación integral por las violaciones sufridas. Pese a sus reparos, reconocen que la norma podría extinguir la acción penal en cientos de expedientes.

Desde PROVEA reiteraron que, con o sin esta ley, continuarán exigiendo la liberación plena, inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, así como la revisión o derogación de normas utilizadas para criminalizar la disidencia, en alusión a la llamada Ley contra el Odio.

Mientras tanto, el foco permanece en la letra final de la norma y en su aplicación concreta: quiénes recuperarán la libertad y quiénes, como María Corina Machado y otros dirigentes emblemáticos, podrían quedar fuera de una amnistía que ya nace atravesada por cuestionamientos.