El Gobierno nacional extendió hasta 2027 la emergencia energética
El Ejecutivo sostuvo que persisten problemas de abastecimiento, infraestructura y financiamiento. El DNU mantiene vigentes las facultades extraordinarias para adoptar medidas tarifarias, regulatorias y de inversión hasta fines de 2027.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sistema eléctrico bajo jurisdicción federal, fijando el mismo plazo que ya rige para el transporte y la distribución de gas natural. La decisión quedó plasmada en el DNU 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a todo su gabinete.
La medida alcanza a las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y extiende el régimen excepcional instaurado a fines de 2023. El Ejecutivo argumentó que aún persisten las condiciones que motivaron la declaración de emergencia y que el proceso de normalización del mercado eléctrico no ha concluido.
La emergencia había sido establecida originalmente mediante el decreto 55/2023 y luego prorrogada a través de los decretos 1023/2024 y 370/2025.
Entre los fundamentos de la nueva extensión, el Gobierno destacó la estrecha relación operativa y económica entre los sistemas eléctrico y gasífero, dado que el gas natural es un insumo esencial para la generación térmica. En ese marco, recordó que el transporte y la distribución de gas ya habían sido prorrogados hasta fines de 2027 mediante el decreto 49/2026, con el objetivo de coordinar decisiones regulatorias, operativas y tarifarias en ambos sectores.
El decreto señala que, pese a algunas mejoras, no se han superado las causas estructurales de la crisis. Como ejemplo, menciona que en febrero de 2025 la demanda máxima alcanzó los 30.257 megavatios, mientras que el margen de reserva disponible fue de apenas el 4,4%, un nivel considerado insuficiente para afrontar contingencias.
Asimismo, advierte sobre el envejecimiento del parque de generación, el funcionamiento de las principales estaciones transformadoras con niveles de utilización superiores al 90% y el hecho de que más del 60% de las fallas en distribución se concentran en alimentadores con más de 25 años de servicio.
En el plano financiero, el Ejecutivo destacó que la cobrabilidad de Cammesa mejoró desde alrededor del 48% en diciembre de 2023 hasta cerca del 97% en la actualidad. No obstante, señaló que esa recuperación aún debe consolidarse, ya que un retroceso en la disciplina de pagos podría afectar las transferencias a generadores y transportistas, desalentar inversiones y reabrir desequilibrios en el mercado.
La reducción gradual de subsidios también fue incluida entre los argumentos. En mayo de 2026, el precio estacional abonado por los hogares con asistencia estatal equivalió aproximadamente al 24% del valor de referencia de la energía, una diferencia que, según el Gobierno, deberá corregirse de manera gradual, previsible y focalizada mediante el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y la disminución paulatina de los aportes extraordinarios del Tesoro.
La Casa Rosada advirtió además que dejar vencer la emergencia podría generar vacíos regulatorios, retrasos en decisiones operativas, menor previsibilidad para las empresas y dificultades adicionales para concretar inversiones. Con la prórroga, el Estado mantendrá hasta fines de 2027 las herramientas para adoptar medidas regulatorias, contractuales, tarifarias y de infraestructura destinadas a garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
