Argentina necesita tener un Estado competitivo, con funcionarios competentes

Finalmente, el jueves pasado, el ministro Caputo y su equipo explicaron el plan para que los ahorristas que tiene dólares ahorrados y no declarados, puedan utilizarlos sin penalidades. La decisión, tomada con títulos rimbombantes, al mejor estilo peronista, busca monetizar la economía con los dólares que muchos argentinos tienen fuera del sistema, ya sea colchón, caja de seguridad o depositado en el extranjero.

Más allá de la espectacularidad con la que se hicieron los anuncios, la propuesta es modesta ya que abarca a operaciones de hasta US$ 10.000 y en transferencias de hasta US$ 50.000, con un máximo de us$100.000 para plazos fijos. En realidad, con estos montos nadie podrá adquirir una propiedad y eventualmente podrá comprar un auto 0 km.

De todos modos, las operaciones se seguirán haciendo como hasta ahora, donde los dólares se ponen en una mesa y nadie declara nada o hacen una conversión a pesos. Además, podría usarse como anticipo para solicitar un préstamo hipotecario.

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De todos modos, es un importante avance porque implica desarmar toda una serie de regulaciones e informaciones que llegaba a organismos del estado que prácticamente actuaba como una policía secreta sobre la vida de los argentinos. Todos estábamos sospechados, pero, los verdaderos delincuentes, vivían tranquilos y nunca les pasó nada. Nunca hubo persecución impositiva contra Lázaro Báez o Cristóbal López.

La idea del gobierno es facilitar el uso de dólares porque los pesos disponibles cada vez son menos. En la medida que el gobierno no emite más pesos, al tener superávit lo que hace es retirar más pesos, la cantidad de circulante va bajando. Por esta razón muchos bancos comienzan a recuperar plata que le prestaron al Tesoro y eso hace bajar la deuda y permite a los bancos multiplicar los préstamos.

La intención del gobierno es que el consumo, pagado con dólares, permita una reactivación de la economía. Esa reactivación, en caso e inmuebles, automotores o bienes durables (televisores o heladeras) podría generar una mayor recaudación impositiva para mejorar más las finanzas del Estado y apuntalar el camino del superávit financiero.

La pregunta del millón es ¿dará resultado? ¿los argentinos sacarán sus ahorros? Es muy difícil que los argentinos se deshagan de sus ahorros. Todavía hay personas que sufrieron las consecuencias del Plan Bonex y muchas más que sufrieron las consecuencias del "corralito". En realidad, desde aquel momento los argentinos dejaron de creer en el sistema financiero. La mayoría no cree en los bancos para confiarle sus ahorros y mucho menos en el Estado.

Esta es la gran duda, sobre todo mientras se mantengan los interrogantes acerca del futuro electoral del gobierno. Por esta razón, algunos analistas calculan que el movimiento será muy cauteloso hasta las elecciones. Si el resultado fuera positivo y ya estuvieran sancionadas las leyes que deberían proteger a los inversores, recién entonces podría darse un mayor vuelco de ahorros al mercado.

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Además, van surgiendo dudas acerca de la evolución de la economía. Los datos del mes de marzo, que mostraron un retroceso del 1,8% del PBI puede deberse a la turbulencia política que desató ante la negociación con el FMI, pero también preocupa la disminución del superávit comercial. El último dato de abril mostró un magro saldo favorable de us$204 millones por un fuerte aumento de las importaciones, donde se destacan los automotores (+204%), bienes de consumo (+77,7%) y bienes de capital (+73,4% ).

Tampoco genera confianza la falta de leyes de reforma laboral, impositiva y previsional que no pueden salir por problemas en el Congreso. De la misma forma hay problema de gestión. La demora en la privatización de empresas, que fue autorizada en la Ley Bases y la privatización de los corredores viales no se hace nada ni se permite hacerlo. Son muchos defectos de gestión que deben mejorar.

Débil calidad institucional

Detrás de las advertencias que hicieron varias consultoras se esconde una preocupación: la pérdida de competitividad es ascendente por la negativa de la clase política a acompañar rebajas de impuestos, sobre todo en provincias y municipios. Los impuestos y tasas imperantes en todas esas jurisdicciones están asfixiando la producción y los políticos se niegan a eliminarlos porque tienen una vocación irrefrenable por gastar.

Una de las dudas que han surgido después del anuncio de la posibilidad de ingresar dólares es que subsisten regímenes de anticipos de ingresos brutos. En algunas provincias, como Santa Fe, el régimen prevé un 9%. Si el gobierno provincial te va a confiscar de manera desvergonzada ese porcentaje ¿quién va a ingresar capitales?

Es muy difícil pensar en el desarrollo con esta mentalidad de la clase política y lo digo en general porque, hasta ahora, nadie ha planteado cambiar en forma drástica el sistema y se convierten en cómplices de la misma lógica, que implica el aumento del personal sin ninguna utilidad, más gastos en sueldos que en obras y siempre llorando por mayores recursos para sostener el sistema clientelar que los mantiene en el poder.

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Nunca podremos ser competitivos si no tenemos un estado competitivo y mucho menos alcanzaremos esos estándares sin no tenemos funcionarios competentes. Hoy, a pesar de la cantidad de desregulaciones, de rebajas de impuestos nacionales, de eliminación de aranceles y otras tantas medidas, seguimos con problemas serios.

La gente no sabe que ingresos brutos se acumula en cascada, puede llegar al 18% y ese porcentaje se aplica, entre otras cosas, sobre la nómina laboral, es decir, los empleados, además de los impuestos al trabajo, tiene gravados sus sueldos por ingresos brutos. Para los exportadores es una forma de salir del mercado, porque es un impuesto que no se puede recuperar. Estamos exportando impuestos, muchas veces sin rentabilidad.

Las tasas municipales son otra forma de apropiación indebida por parte de la clase política, ya que hay gravámenes que se superponen con otros de la Nación y la provincia. En algunos casos, como las tasas de comercio, terminan generando zonas muy caras y las dejan fuera de mercado, en momentos de mucho dinamismo, donde la demanda les escapa a los precios altos.

Tampoco la justicia acompaña. La cantidad de juicios laborales y los que se entablan contra las ART por riesgos de trabajo son una carga que no permite a las empresas pensar en más contrataciones. Les resulta más barato comprar un robot, y no es chiste. Muchas actividades hoy podrían hacerlas modernos robot. ¿Adónde nos quieren llevar?

Realmente, estamos frente a un desafío de cambio cultural, pero hay una posibilidad. El primer municipio que empiece a bajar impuestos y hacer una campaña para atraer inversiones, obligará a los demás a adaptarse. Los mismo ocurre con las provincias, pero hay algo que es muy importante. Ya no se pueden seguir quejando de la macro nacional. Hoy queda expuesto que el veneno está en provincias y municipios.