La DGE podrá garantizar créditos para viviendas docentes
El Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para ampliar el uso del Fondo Escolar Permanente. La iniciativa permitirá respaldar créditos hipotecarios para docentes, sumar recursos mediante la venta de bienes en desuso y fortalecer los programas habitacionales.
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente, con el objetivo de convertirlo en una herramienta que facilite el acceso a la vivienda para los docentes sin afectar los recursos destinados al sistema educativo.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, propone actualizar la Ley 9.545, vigente desde 2024, para ampliar las fuentes de financiamiento del fondo y permitir que parte de sus recursos sirvan como respaldo en operaciones crediticias vinculadas a planes habitacionales.
Garantías para créditos hipotecarios
Uno de los principales cambios incorporados al proyecto es la creación de un nuevo artículo que habilita a la Dirección General de Escuelas (DGE) a utilizar parte del Fondo Escolar Permanente como garantía de créditos, fideicomisos u otros instrumentos financieros destinados a programas de vivienda para docentes.
La propuesta no contempla la entrega directa de dinero para la construcción de viviendas. En cambio, apunta a que el Estado provincial respalde las operaciones financieras necesarias para facilitar el acceso al crédito hipotecario.
El texto establece que esos recursos podrán utilizarse como garantía, contragarantía, caución o reserva para iniciativas habitacionales, aunque aclara que el Fondo Escolar continuará funcionando normalmente y deberá conservar un saldo mínimo que garantice el cumplimiento de sus objetivos originales.
Además, la reglamentación fijará límites sobre el porcentaje de recursos que podrán afectarse y cada operación deberá contar con informes técnicos, legales, financieros y presupuestarios previos.
Más recursos para el Fondo Escolar
El proyecto también propone incorporar nuevas fuentes de financiamiento. Entre ellas figura el dinero obtenido por la venta, alquiler, subasta o remate de bienes en desuso pertenecientes a la DGE o al Ministerio de Educación, como vehículos, equipamiento y materiales obsoletos.
Actualmente esos ingresos no integran el Fondo Escolar. Con la modificación, el Ejecutivo busca transformar activos que hoy generan costos de mantenimiento en recursos para fortalecer la infraestructura educativa y otros programas vinculados a la comunidad escolar.
Asimismo, la iniciativa amplía el destino de los recursos del fondo. Además de financiar obras de infraestructura, podrán utilizarse para la compra de terrenos, la construcción, reparación y equipamiento de establecimientos educativos y otras acciones relacionadas con la comunidad educativa.
Límites para preservar el patrimonio educativo
El proyecto establece una serie de restricciones para evitar que el patrimonio del sistema educativo quede comprometido.
Entre ellas, prohíbe utilizar como garantía edificios escolares, bienes registrables y otros elementos esenciales para el funcionamiento de las escuelas. Solo podrán afectarse recursos líquidos o disponibilidades financieras, manteniendo siempre un fondo operativo mínimo.
Plan habitacional para docentes
La iniciativa legislativa se complementa con el programa de viviendas que el Gobierno provincial comenzó a diseñar este año y que prevé una primera etapa de 250 viviendas destinadas a docentes.
El esquema contempla que el 80% del valor de cada unidad sea financiado mediante un crédito hipotecario, mientras que el 20% restante deberá ser aportado como ahorro previo por los beneficiarios, con la posibilidad de reunir ese monto en un plazo de entre 12 y 24 meses.
Las viviendas tendrían una superficie cercana a los 60 metros cuadrados y un valor estimado de entre $100 millones y $120 millones, incluyendo la urbanización.
El plan estará dirigido principalmente a docentes titulares con estabilidad laboral y capacidad de pago. Entre los requisitos previstos figura acreditar ingresos familiares equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles.
En paralelo, la Provincia avanza en una segunda operatoria habitacional destinada al público en general, financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, que prevé la construcción de unas 350 viviendas mediante un esquema de participación entre el Estado y desarrolladores privados.
