Este viernes a las 10, sobre Niñez y Adolescencia desde la perspectiva de Seguridad

Se invitó a ser parte a todas las áreas públicas y privadas, como asimismo de la sociedad civil organizada, para ser parte de este encuentro cuya participación es libre y gratuita.

Este viernes 20 de mayo, desde las 10, en el auditorio Ángel Bustelo, se realizará la primera jornada de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, organizada por el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y como prolegómeno de una diplomatura en la materia.

Se invitó a ser parte a todas las áreas públicas y privadas, como asimismo de la sociedad civil organizada, para ser parte de este encuentro cuya participación es libre y gratuita.

Para consultas pueden comunicarse a las siguientes direcciones de correo: electrónicos iusp.capacitacionmendoza@gmail.com / secretaria@capacitacion.iusp.uncuyo.edu.ar.

Inscripciones, haciendo clic aquí.

La diplomatura en Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes

CRONOGRAMA DE DICTADO

10 de Junio de 2022

Directora Académica: Dra. Jessica Benítez

Modalidad virtual en la plataforma del IUSP a partir del Día 10 de Junio de 2022

MODULO

TEMAS

FECHA

PROFESORES

MÓDULO I

Presentación de la diplomatura

RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE NNyA.

Dra. Mariela Lucero

Crio. Gral Marcelo Calipo

MODULO II

ABORDAJE INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

Dra. Daniela Torres

Dr. Alejandro Dúo

Lic. Emma Cunnietti

MODULO III

RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.

Dra. Andrea Chávez

Lic. Arturo Piracés

MODULO IV

SITUACION ACTUAL DE LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Lic. Luz Faingol

Dr. Gonzalo Gassul

MODULO V

ABOGADO DEL NIÑO/A. PROCESO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD.

Dra. Andrea Anselmo

Dra. Romina López

MODULO VI

ADOPCION: ¿QUE SE DEBE GARANTIZAR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO PLENO DE NNyA?

Dra. María Teresa Day

Lic. Belén Canafoglia

Dr. Gabriel Díaz

MODULO VII

MODULO VIII

CIBERDELITO

Dr. Gonzalo Ruano

CIBERDELITO

Grooming

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DERECHO A LA SALUD

Consentimientos de actos médicos.

Salud mental

Consumo de sustancias

Dr. Gonzalo Ruano

Lic. Mario Fiorenzza

Lic. Roberto Acosta

Dra. Cecilia Hom

Objetivo General:

· Sensibilizar en la temática de niñez, tendiendo a la construcción de prácticas que promuevan el conocimiento y respeto de sus derechos.

· Las fuerzas de seguridad comprendan en profundidad la importancia y responsabilidades frente a situaciones con NNyA.

Objetivos específicos

· Comprender, desde un punto de vista histórico social, la niñez, identificar el papel que juegan en este proceso las instituciones educativas y otros dispositivos que garantizan el cuidado y el efectivo ejercicios de sus Derechos.

· Adquirir nociones generales de los Derechos de NNyA y la importancia de su incorporación en las prácticas cotidianas, como herramienta de promoción de los derechos.

· Brindar contenidos conceptuales y herramientas metodológicas que permitan a las y los participantes ampliar sus saberes y adquirir herramientas para transversalidad en su trabajo con NNyA.

· Se busca con esta diplomatura que los efectores públicos adquieran conocimiento en profundidad de la legislación internacional nacional y provincial para su conocimiento y aplicación al momento de intervenir en situaciones que se vean involucrados NNyA.

MÓDULO I:- RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE NNyA

MÓDULO II: ABORDAJE INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

Esta diplomatura quiere enseñar el carácter esencialmente social, histórico y contestado de la categoría infancia, el presente curso procura aportar elementos para desnaturalizar y cuestionar la sustancialización de tal categoría, así como para avanzar en la problemática de nociones tales como la "protección" y los "derechos de niños y niñas". Para ello, en primer término se revisarán las principales contribuciones teóricas (provenientes de disciplinas tales como la historia, la sociología, la psicología social crítica y la antropología) que han permitido considerar a la infancia, antes que como un dato natural e inmutable, como un constructo social y cultural, y por tanto variable históricamente. En tal sentido, se buscará comprender y reflexionar acerca de los procesos sociales y políticos que, inscriptos en la larga duración, han conducido a la emergencia de un moderno sentimiento de infancia y a una concepción de peculiares necesidades infantiles que, no obstante sus grandes variaciones, aún es posible rastrear en las actuales concepciones sobre la niñez. De este modo, es objetivo del curso aportar elementos que permitan analizar críticamente las modalidades a través de las cuales una diversidad de instituciones, actores, saberes, prácticas y relaciones sociales han dado forma a procesos de constitución y categorización de sujetos infantiles, y han promovido -y promueven- la constitución de diferentes clasificaciones sobre los niños y niñas (tales como "menores", "chicos de la calle", "niños en situación de riesgo".

En segundo término, es objetivo reseñar y analizar las principales matrices de significados que, en distintos momentos históricos, han informado el diseño e implementación de las políticas destinadas a la protección de la infancia. Para ello, se revisarán los principales dispositivos jurídico-burocráticos que en nuestro país han tenido por objeto a la infancia y a sus familias, a fin de indagar y conocer cuáles han sido las concepciones de niñez, de familia, de maternidad/paternidad, así como las ideas respecto de la "crianza adecuada" o de los "peligros" a los que los niños/as son expuestos y/o pueden exponerse, que han guiado a tales políticas y arreglos institucionales.

A los niños hay que escucharlos, pero una imprecisión generalizada impide definir cómo, cuándo, para qué y, sobre todo, qué hacer con sus dichos. Los derechos humanos de los chicos se han consagrado en todos los discursos, en algunas prácticas, en doctrina, en jurisprudencia y en legislación, así es posible que un adolescente defina por ejemplo con quién quiere vivir después de la separación de sus padres.

La perspectiva propuesta se nutre y articula en torno a 3 dimensiones. En primer lugar, se parte de la idea de que es necesario profundizar la reflexión en torno a la "infancia" en tanto categoría social e históricamente construida con el fin de comprender y cuestionar las diversas formas en que la categoría se postula como "universal" e histórica, por la vía de la biologización o bien la psicologización, lo que resulta en una idea de niño/a descontextualizado y desespacializado. En segundo lugar, se sostiene que el conocimiento de la dimensión normativa y/o programática de tales políticas y dispositivos no basta para la realización de una revisión crítica que permita complejizar nuestros análisis sobre las formas pasadas y presentes que asumen los dispositivos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, se entiende que es necesario propiciar una visión compleja sobre el Estado, visibilizando su heterogeneidad y variabilidad, así como las relaciones, saberes y prácticas que modelan y dan forma a sus diferentes organismos, políticas e intervenciones. De este modo, se espera además comprender y complejizar el conocimiento y las reflexiones sobre el proceso de construcción, recepción y expansión de una nueva retórica de derechos en nuestro país. Ello a partir de conocer y entender las formas en que el activismo de derechos humanos pudo problematizar y cuestionar diversas prácticas institucionales y sociales en relación con la infancia y la adolescencia que se encontraban naturalizadas, y las maneras en que la Convención sobre los Derechos del Niño resultó un catalizador y fue connotada como un parte aguas. En suma, es también propósito del Módulo profundizar la reflexión respecto de los alcances y sentidos que los derechos de los niños y niñas adquieren en contextos específicos de implementación.

MODULO III- RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.

El tema central a desarrollar será el abordaje de la responsabilidad penal juvenil desde un posicionamiento teórico e ideológico que entiende que las "conductas transgresoras" de los jóvenes captados por este sistema, se encuentran atravesadas por una multicausalidad de aspectos que son condicionados por su posición en la estructura social.

Asimismo, partimos de la hipótesis de que la población que es alcanzada por el SRPJ se caracteriza por una existencia marcada por desigualdades estructurales presentes en la trayectoria vital de los jóvenes y su grupo familiar. Si bien consideramos que estos dispositivos de regímenes cerrados fueron creados y se sustentan por diversos intereses que no son el de transformar esas existencias, nos parece importante preguntarse si las estrategias de abordaje implementadas por dichos dispositivos, tomando como punto de análisis los objetivos y los fundamentos en que se sustentan apuntan a la superación de las desigualdades pre-existentes, o si por el contrario las refuerzan y/o perpetúan. Si nos centramos en el análisis de las características tanto de los contextos territoriales en que residen los jóvenes captados por el sistema penal; como en las características de los grupos familiares en cuanto a composición y dinámica organizacional; y en los niveles educativos y de ingresos económicos (haciendo hincapié en las características de inestabilidad y precariedad de las actividades laborales) de los adultos responsables que aparecen como referentes de estos jóvenes; podremos profundizar el análisis entre todos estos aspectos y las conductas transgresoras por parte de los adolescentes en cuestión.

A partir de la lectura de una vasta producción teórica que aborda el sistema carcelario donde se desarrollan muchas de las aristas que lo constituyen, y específicamente de aquellas producciones que apuntan al análisis del fuero de responsabilidad penal juvenil se puede decir que los abordajes e intervenciones en contextos cerrados es un tema que ha sido profundizado por diversos autores (Marcón 2013, Kessler 2010, Daroqui 2012 y Mamani Gareca 2005, entre otros) los mismos realizan análisis críticos de cómo son abordados los jóvenes en contextos de encierro, centrados generalmente en la transición de los dos paradigmas con que se ha abordado a la Niñez, el paradigma de Situación Irregular, y el paradigma de Promoción y Protección; dichos autores analizan los diferentes contextos socio-históricos, las normativas que los integran, explicitando rupturas o evidenciando continuidades.

Esta Diplomatura responde al enfoque cualitativo, dada la oportunidad de poder acceder de manera directa al conocimiento de la dinámica institucional como a las opiniones de los actores que transitan en esta institución y de esta manera conocer las formas en que se desarrollan de los objetivos institucionales.

Si nos centramos en los contextos territoriales en que residen los jóvenes captados por el sistema penal; en las características de los grupos familiares en cuanto a composición y dinámica organizacional; en los niveles educativos y de ingresos económicos (haciendo hincapié en las características de inestabilidad y precariedad de las actividades laborales) de los adultos responsables que aparecen como referentes de estos jóvenes, es ineludible la vinculación que

Tradicionalmente se establece entre todos estos aspectos y las conductas transgresoras y delictivas por parte de los adolescentes en cuestión. La figura del delincuente, que es objeto de intervención en los Centros Cerrados se encuentra caracterizada por jóvenes de sectores pobres, con escaso o nulo acceso a la educación formal, sin empleo, provenientes de familias atravesadas por la pobreza estructural. A ello se suma la ausencia de instituciones barriales de referencia que puedan plantear propuestas de inclusión. Con la finalidad de complejizar un poco más el análisis de esta interdependencia entre los aspectos mencionados y las conductas consideradas "transgresoras a la ley" de los jóvenes, tomaremos como concepto central a la Estructura Social: "Desde nuestra visión, la estructura social se define por los elementos centrales (individuos, grupos, instituciones) de una sociedad y las relaciones entre ellos" (Kessler, 2016:10). "Sus vínculos con la estructura social son estrechos dado que grupos sociales posicionados en distintos estratos tienen comportamientos demográficos diferenciados, entendiendo por tales aquellos que de forma directa o indirecta se relacionan con la reproducción de una población y su movilidad espacial. La posición de clases condiciona los comportamientos tanto a través de factores materiales (niveles de vida y acceso a recursos) como de factores inmateriales (valores, significados y expectativas que orientan las conductas) (Kessler, 2016:39).

Abordar la problemática de adolescentes que transitan proceso judiciales penales lleva a indagar en torno al concepto de familia, ya que es en este espacio vincular donde tendrá lugar el inicio del proceso de socialización y de inclusión de ese nuevo ser en el mundo de la cultura y la sociedad en que se sitúa. Ese proceso continuará en la adolescencia siendo este un tiempo de transición, de pasaje de la infancia a la adultez, de relevante importancia para la constitución de la identidad. La importancia de "la familia" se centra en su función, como configuradora de las creencias, actitudes, hábitos y costumbres de sus miembros, pero sin perder en ningún momento de vista la determinada inserción de la familia dentro de un contexto macro que impacta en la misma.

MODULO IV: - SITUACION ACTUAL DE LA TRATA DE NIÑOS Y ADOLESCENTE.

En enero de 1999, el día 23 de septiembre fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, nombrándolo «Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños».

En Argentina, el 23 de setiembre de 1913 fue promulgada la Ley N.° 9.143; la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. En enero de 1999, el 23 de septiembre fue instaurado como «Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas».

En nuestro país la trata de personas es un delito penal que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, mayormente a partir del engaño o la falta de información precisa y oportuna. De ahí que la escuela tiene un lugar privilegiado para la reflexión en torno a los estereotipos femeninos y la generación de herramientas para la protección, prevención, identificación oportuna de vulneración de derechos y la intervención adecuada, tanto a nivel individual como a nivel social y comunitario.

La trata de personas es el proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países.

Debemos tener en cuenta que hay una diferencia entre la trata y el tráfico de personas. La trata de personas es un delito que implica un proceso a lo largo del tiempo, cuyas etapas (reclutamiento, traslado, acogida y explotación) están penadas por la Ley N.° 26.842. La explotación es la finalidad de este delito; puede consistir en la explotación sexual, laboral, el tráfico de órganos u otras formas de explotación. La explotación de un ser humano puede ser de diferentes tipos y recién se devela cuando la víctima llega al lugar de destino. Ahí es acogida o recibida por sus futuros explotadores o por personas que, sabiendo lo que va a pasar, la entregan a los explotadores. Además, puede realizarse dentro del mismo país o trasladando a las víctimas fuera de él.

El tráfico de personas o también llamado tráfico ilícito de migrantes, por otro lado, es un delito contra el Estado que consiste en facilitar el ingreso de una persona extranjera a un país y recibir un pago a cambio.

Quien comete el delito es quien o quienes ayudan o facilitan ese ingreso a cambio de dinero u otro beneficio material.

MÓDULO V: EL ABOGADO DEL NIÑO. EJERCICIO EFECTIVO DE DERECHOS

Si trasladamos el planteo al ámbito de la administración de justicia vale preguntarse qué está pasando en Tribunales con los chicos. ¿Será que también aquí las reglas no están claras? A qué responde que una cuestión tan elemental dentro del derecho humano de acceso a la justicia, como es la arquitectura normativa del "Abogado del Niño", que lleva más de diez años debatiéndose en foros nacionales sólo haya podido arribarse a la expresión que reza el inciso c) del Art. 27 de la Ley 26.061, cuando dice, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho "a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia".

A pesar de posibles interpretaciones restrictivas de la Convención, los niños son titulares del derecho de defensa, en todo proceso administrativo o judicial que los afecte, por tajantes disposiciones de la Constitución Nacional.

La Corte Interamericana se señaló que en los procesos judiciales o administrativos que involucren a los niños se deben observar los principios y normas del debido proceso legal, atendiendo a las particularidades que se derivan de su situación específica, y que se proyectan razonablemente sobre la intervención personal en dichos procedimientos. No obstante, no se desconoce que la titularidad de un derecho no implica su inmediata operatividad. En este sentido, es sancionada ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya que especifica las garantías reconocidas, extendiendo el derecho de defensa técnica a todo proceso administrativo o judicial que involucre al niño.

Conforme a ello, el artículo 27 inciso c de la ley 26.061 reconoce a todo niño, niña y adolescente el derecho a ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia, en todo proceso administrativo o judicial -sea civil, penal, laboral, administrativo - que lo afecte. Tal abogado deberá ser proporcionado gratuitamente por el Estado, en caso que el niño, niña o adolescente carezca de recursos.

No deberá dejarse de lado el derecho de defensa técnica de los niños en los procesos administrativos, máxime cuando los mismos tienen potencialidad de ser restrictivos de derechos, como sucede en el caso de las medidas excepcionales de separación del medio familiar.

De modo evidente, el ingreso del abogado del niño al derecho nacional debe constituir una sugerente y fecunda manifestación que, como nuevo componente refuerce el proceso constitucional.

EL ROL DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS.- En medicina, la asistencia de los niños y adolescentes admite la especialidad de especialidades (nefrología pediátrica, oncología infantil, neurología neonatológica, etc.), los abogados también han de tener que aceptar que ser un "Abogado de Niños" amerita una formación diferente por la complejidad de la materia y la indefensión del justiciable y que el compromiso de la asistencia técnica es mayor que cuando se representan los intereses de un adulto.

Aún antes de la aparición de la Ley 26.061, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en una resolución de la Mesa Directiva de fecha 10/10/03, decidió RECOMENDAR, a todos los colegios federados, LA CREACION DE ESPACIOS DE ATENCION JURIDICA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES.

A partir de allí, en la "Comisión de los Derechos del Niño y la Familia" de FACA se han ido delineando propuestas enmarcadas en la necesidad de una adecuada formación profesional especializada de los abogados que intervengan en la defensa técnico-jurídica de un niño y algunos Colegios de Abogados han avanzado implicándose en la capacitación y entrenamiento mediante convenios de intercambio académico con diferentes Universidades que permitan luego habilitar un registro interno de profesionales idóneos a disposición de quien lo necesite, asumiendo el compromiso de un control externo de gestión.

La ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece el loable criterio de receptar la denominada "capacidad progresiva", en lo relativo a los actos que el niño puede ejercer directamente (arts. 19, inc. a) y 24, inc. b). Esta inserción es esencial, pues obligará a los jueces a no ajustarse al texto literal de los arts. 54 y 55 del Código Civil, superándose así el paradigma capacidad-incapacidad propio de la época tutelar en el que se inscribe nuestro Código Civil.

El concepto de la capacidad progresiva se sustenta tanto en la capacidad de derecho o de goce, como en la capacidad de hecho o de ejercicio. No estará sujeto a una edad cronológica determinada, sino que habrá que verificar en cada caso el discernimiento del niño, su madurez intelectual y psicológica y el suficiente entendimiento.

Ahondar en las teorías implícitas que subyacen en la consideración del niño en tanto sujeto de derechos, con capacidad para ejercer progresivamente la titularidad de los mismos podría ampliar el espectro y propiciar nuevas y mejores condiciones jurídicas para reformular modelos de intervención más eficaces y coherentes y un acceso garantizado a la justicia en el momento exacto en que el niño lo necesite.

El derecho a ser oído se materializa en la asistencia técnica especializada que le permitirá al niño ejercer adecuadamente su derecho de defensa material. Tal defensa técnica, debe responder a un interés parcial, existiendo un deber de lealtad del defensor hacia su defendido. Entonces, el abogado de confianza deberá alejarse de todo forma de paternalismo, siguiendo las instrucciones del niño, único protagonista en cuanto a la definición de su interés particular.

La representación necesaria del ministerio público, no deberá ser obstáculo para que el niño designe libremente su abogado de confianza. Muy por el contrario, como ya fuera mencionado son funciones del asesor de menores velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, y entre ellos, el derecho de defensa material y técnica. Así el ministerio público como sistema de garantías extras en el proceso judicial deberá fiscalizar el cumplimiento del debido proceso legal, debido proceso que supone inexorablemente la actuación del abogado de niñas, niños y adolescentes. En esta línea, en caso que el niño no designe su abogado de confianza el asesor de menores deberá arbitrar los medios necesarios para la designación de oficio de un abogado que defienda los intereses particulares de la persona menor de edad.

La ficción jurídica de la representación -ya sea legal o promiscua- ha vedado el derecho de defensa de las personas menores de edad. La sanción de la ley 26.061 trajo aparejado el reemplazo del paradigma de la incapacidad de los menores por su participación activa en todo proceso administrativo o judicial que lo afecte.

Es esencial hacer lugar a la opinión del niño, por más que ella desde la mirada adulta sea contraria a la definición propia de su interés, dado que significa de por sí que el niño sea protagonista, materializándose así la noción de sujeto de derechos, con capacidad progresiva de ejercicio.

Resta aun, una política pública rigurosa y sostenida tendiente a proporcionar gratuitamente a los niños, niños y adolescentes un abogado de confianza para que la infancia pase a recibir la más calificada atención jurídica.

CUANDO UN NIÑO NECESITA UN ABOGADO. Con respecto a los niños, específicamente, y frente a la avalancha de casos que llegan a los estudios, consultorios y juzgados, casos de familias en las que existen graves problemas relacionales y comunicacionales, reiteradas situaciones de violencia doméstica, conflictos de orden patrimonial entre padres e hijos y casos en los que los padres de hijos adolescentes no pueden convivir con los mismos, surge la idea de la necesidad imperiosa de creación de la figura del ABOGADO DEL NIÑO.

Los primeros intentos por delinear la figura del "Abogado del Niño" en el año 1997, merecieron una respuesta o bien indiferente, o bien urticante por lo subversiva y surgió como una inquietud devenida del avance de los derechos humanos del niño en la familia. Los conflictos habidos en la trama familiar podrían desembocar en una tensión entre los deseos, intereses y necesidades de los padres y los deseos, intereses y necesidades de los hijos, ubicados en planos diferentes y hasta contrapuestos.

La posibilidad que un abogado asuma la defensa de los intereses personales de un niño o adolescente, casi siempre es advertida por un adulto y es este adulto quién debería poder orientar, proponer y, si corresponde, hasta seleccionar un profesional idóneo. ¿Cómo? La casuística admite una variancia que tornaría imposible la generalización de un único procedimiento, pero podríamos concluir que a los catorce años una persona puede discernir (Art.921 Civil) y, debidamente informado que sea, estaría en condiciones de elegir un abogado libremente o aceptar o rechazar uno propuesto. Como la madurez intelectual y emocional y el desarrollo no se inscriben rígidamente en determinada etapa evolutiva, podría ocurrir que antes de los 14 años un adolescente porte condiciones de comprensión y razonamiento que otro de 16 aún no ha alcanzado, de modo que se impone cierta amplitud sustentada en el respeto por la individualidad de cada humano.

Existen diversos criterios respecto del alcance y concordancia del art. 27 de la ley 26.061, no siendo pacíficos ni en doctrina ni en jurisprudencia. Por un lado el criterio rígido basado en la aplicación de los artículos 54, 55 y 921 del Código Civil, haciendo lugar a la designación de abogado de confianza solo si el niño ha cumplido 14 años de edad. Además, las personas menores de edad, al estar sujetos a la patria potestad, requieren el consentimiento de ambos padres para estar en juicio.

Por otro lado, y a la luz de las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos 54, 55 y 59 del Código Civil se postula que ya no podrán ser considerados en su sentido literal, principalmente en todo lo que hace a los derechos personalísimos, los niños los podrán ejercer por sí y sin acudir al auxilio de terceras personas -en la medida de su madurez y desarrollo- a pesar de lo que surgiría de una lectura fría estos artículos. Ante esto, la actuación del ministerio de menores, no tendrá que responder a la llamada ideología del patronato que -basada en la consideración del niño como objeto de protección- parte de la premisa de su incapacidad para todos los actos de la vida civil.

La ley 26.061 ha venido a modificar o de algún modo a flexibilizar las normas del Código Civil, máxime cuando la misma es reglamentaria de la Convención de los Derechos del Niños. Entonces, las normas civiles sobre capacidad de las personas menores de edad deberán ser reinterpretadas a la luz de la ley 26.061, receptando el concepto de capacidad progresiva -según criterios de madurez y desarrollo evolutivo de los niños que la nueva ley trae consigo- y apartándose de los rígidos moldes de incapacidad del Código Civil - basados solamente en la edad cronológica de las personas menores de edad.

Cuando un niño o adolescente no está en condiciones de tener una percepción acabada de sí mismo y de su entorno, no pueda identificar adecuadamente sus deseos, intereses y necesidades y no sea posible confiar en la habilidad parental para suplir este déficit por incompetencia u oposición de intereses, alguien tiene que hacerse cargo y ese alguien puede ser un juez, un funcionario del Ministerio Público, una autoridad administrativa con competencia o una institución cualificada como los Colegios de Abogados.

Se vuelve necesario desconstruir para reconstruir en base a los estudios actuales sobre psicología evolutiva como así también en atención a los avances y desarrollo del concepto de ciudadanía, lo cual significa el reconocimiento de una participación social más activa por parte de los niños y adolescentes en la vida actual.

Determinar cuándo un niño necesita un abogado y decidir quién lo designa en caso que él no pueda por sus propios medios, son cuestiones que, sin dejar de ser modales, no pueden desplazar el difícil debate, algo tibio hasta ahora, en torno a la habilitación de un abogado que para representar y defender los intereses de un niño no sólo deberá ser idóneo en la materia de que se trate -civil, penal, laboral, constitucional, administrativa- sino que se espera además, un plus en su capacitación y entrenamiento que incluya conocimientos específicos y actualizados del derecho aplicable a las personas menores de edad y un manejo solvente de psicología evolutiva, constitución y desarrollo del psiquismo, conceptos de crecimiento, desarrollo y maduración del niño y el adolescente, etiología de los comportamientos antisociales, adictivos y delictivos tempranos, estrategias de comunicación, solo por mencionar algunos. La nota distintiva del "Abogado del Niño" es la especificidad del sujeto cuya defensa técnico-jurídica se asume y ello por sí solo amerita analizar un tema que es sensible a los profesionales en general y a los abogados en particular y tiene que ver con la habilitación para el ejercicio de su arte o profesión, la capacitación continua y la posibilidad de ser monitoreado o supervisado en su trabajo. Los intereses corporativos deberán dejar espacio para debatir libremente los interrogantes que plantea el Art. 27 de la Ley 26.061 en pos de una idoneidad que permita asegurar una defensa técnica alejada de improvisaciones, azar, paternalismo, buenas intenciones, caridad y asistencialismo.

La seguridad y confianza que proyecta la solvencia formativa en el rigor científico de los abogados que decidan asumir el rol de defensores de los intereses y necesidades de niños y adolescentes, en un proceso judicial o administrativo, atenuaría la acuciante necesidad de definir quién los designará, para correr el debate de esta variable y centrarla en que, sea que designe el niño, porque está en condiciones de discernir o un adulto que lo auxilie, ambas decisiones deberán descansar en la incontrovertible convicción que la selección recaerá en un profesional especializado con una capacitación de excelencia cuya performance será supervisada en función de la responsabilidad que conlleva interactuar profesionalmente en el contexto jurídico con una persona cuyo proceso de crecimiento y maduración está en pleno desarrollo evolutivo.

MODULO VI: ADOPCION: ¿QUE SE DEBE GARANTIZAR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO PLENO DE NNyA?

En la mayoría de los casos, las niñas, niños y adolescentes crecen con su familia de origen, y es allí donde encuentran respuesta a sus necesidades emocionales, educativas y de cuidado. Cuando la familia no da respuesta a esas necesidades, el Estado interviene mediante ayuda profesional y a través de la implementación de diversos programas de acompañamiento familiar, o acogimiento temporal o permanente. Si bien la mayoría de estas niñas, niños y adolescentes encuentran soluciones satisfactorias a través de esta ayuda, cuando ninguna de estas posibilidades da resultado, aquellas niñas, niños y adolescentes pueden ser declarados en situación de adoptabilidad mediante una decisión judicial.

La adopción es el instrumento que permite que niñas, niños y adolescentes puedan vivir y desarrollarse en una familia que les procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades, después de que el Estado haya considerado que esa es la mejor manera de protegerlos cuando su familia biológica no puede hacerlo.

El objetivo central de la adopción es dar una familia a las niñas, niños y adolescentes que, por diversas razones, no pueden ser cuidados definitivamente por su familia de origen. Por ello, la adopción no es la solución para todas las niñas, niños y adolescentes cuyas familias carecen de idoneidades para cuidarlos y educarlos adecuadamente, sino solo para aquellos cuyo interés superior exige una solución permanente fuera de su núcleo familiar. La decisión judicial de la declaración de

adoptabilidad de una niña, niño y adolescente es el último recurso de protección infantil. Las niñas, niños y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad, hasta cumplir los 18 años de edad. Existen posibles motivos que derivan en que una niña, niño y adolescente no pueda continuar conviviendo con su familia de origen porque:

? Se evalúa que la permanencia en ella implica un riesgo para su integridad.

? La familia manifestó su deseo de no hacerse cargo de sucuidado y crianza.

? Fue abandonado y se desconoce su filiación.

? Sus progenitores han fallecido y no se conoce su familia de origen o ampliada, o esta no puede o no desea hacerse cargo.

En estos casos la niña, niño y adolescente es institucionalizado e ingresa así a un hogar o a una familia de tránsito. La institucionalización debe ser siempre transitoria: busca proteger a la niña, niño y adolescente e intenta reanudar el vínculo con su familia de origen. Es una medida que toma el Estado a través del órgano de protección de derechos correspondiente y que es supervisada por el juez de cada causa. Cuando esto no es posible, el juez puede declarar la situación de adoptabilidad. Existen posibles motivos que derivan en que una niña, niño y adolescente no pueda continuar conviviendo con su familia de origen porque:

? Se evalúa que la permanencia en ella implica un riesgo para su integridad.

? La familia manifestó su deseo de no hacerse cargo de su cuidado y crianza.

? fue abandonado y se desconoce su filiación.

? Sus progenitores han fallecido y no se conoce su familia de origen o ampliada, o esta no puede o no desea hacerse cargo.

En estos casos la niña, niño y adolescente es institucionalizado e ingresa así a un hogar o a una familia de tránsito. La institucionalización debe ser siempre transitoria: busca proteger a la niña, niño y adolescente e intenta reanudar el vínculo con su familia de origen. Es una medida que toma el Estado a través del órgano de protección de derechos correspondiente y que es supervisada por el juez de cada causa. Cuando esto no es posible, el juez puede declarar la situación de adoptabilidad.

Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad poseen ciertas particularidades y necesidades propias que se originan en la vivencia de situaciones complejas a las que los adultos no han podido dar respuesta. Aquí, tienen relevancia la edad, el tiempo de vida transcurrido en un hogar,si son adoptados solos o junto a sus hermanos, entre otras variables.

Por ello es de suma importancia que el adoptante los acompañe y los comprenda en la elaboración de su historia de vida. Aceptar y respetarla, conocer sus características y su cultura de origen, permite vivenciar el proceso adoptivo desde una integración personal, familiar y social positiva.

Son muchos y diversos los motivos por los cuales se comienza a pensar en la adopción. No obstante, esfundamental reflexionar acerca de ciertas cuestiones:

? Adoptar consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia.

La adopción es una solución a la situación de algunas niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales. Se trata de asegurar el derecho de la niña, niño y

Adolescente a vivir en una familia que le provea los cuidados necesarios para crecer y desarrollarse. Con respecto al adulto, el Estado reconoce su deseo de querer adoptar, dándole la posibilidad de inscribirse como postulante a guarda con fines adoptivos.

? Adoptar es cuidar a la niña, niño y adolescente durante toda la vida.

La adopción implica una construcción gradual del vínculo. Es un compromiso que se asume de una vez y para siempre, y que supone una decisión firme de cuidado, independientemente de las circunstancias. La paternidad o maternidad no es transitoria, sino permanente.

El desistimiento o rechazo de los adoptantes tiene consecuencias emocionales de gran impacto para la niña, niño y adolescente.

? Adoptar implica responsabilidades. En la maternidad/paternidad adoptiva se debe atravesar un proceso evaluativo por parte del Estado y entender que toda niña, niño y adolescente tiene una historia de vida y una identidad que hay que reconocer y respetar

? Es importante acompañar en la construcciónde la historia de origen de la niña, niño y adolescente. Comprender por qué no pudo vivir con su familia de origen es un interrogante que acompañará durante muchos años a la niña, niño y adolescente. Es necesario construir junto a ellos una idea reparadora que no implique reprobar ni negar a la familia de origen y acompañarlos en la elaboración de su historia.

? La adopción incluye también a la familia ampliada del adoptante.

La adopción da lugar al comienzo de nuevos roles: abuelos, tíos, hermanos o primos, quienes resultan importantes para la integración y sostenimiento familiar. Por ello es de suma importancia hacerlos partícipes de este proyecto, atendiendo a los múltiples sentimientos que se les susciten.

? La llegada de una niña, niño y adolescente implica cambios en los vínculos familiares y en la vida cotidiana.

El proyecto de ser padre y madre de un niño o una niña anteriormente desconocidos, y de serlo en los momentos fáciles y en los difíciles, debe estar en el centro de la motivación de adoptar.

Son los adultos los que van a tener que adaptarse a las necesidades de los niños. Deben disponer y ofrecer tiempo suficiente para una adecuada atención, lo que implica modificar su vida cotidiana.

¿Quiénes pueden adoptar?

Las personas que se encuentren inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. El texto del Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente la entrega directa de niñas, niños y adolescentes por parte de cualquiera de los progenitores u otros familiares. Si esta situación se configurara, el juez podría separar al niño de su guardador (art. 611).

El derecho a la identidad

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer los datos relativos a su origen. Por ello, pueden acceder al expediente en el que se tramitó su adopción y a toda otra información que conste en registros judiciales o administrativos siempre que lo requieran.

Los adoptantes deben comprometerse expresamente ante el juez a hacer conocer los orígenes al adoptado, lo que debe constar en el expediente. Cumplir con dicho compromiso es respetar el derecho a la identidad y a la continuidad de su construcción.

MODULO VII: CIBERDELITOS.

Grooming

MODULO VIII: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DERECHO A LA SALUD

Consentimientos de actos médicos.

Salud mental

Consumo de sustancias

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