Cárcel para dos mendocinos en Chile por tráfico de personas indocumentadas

Dos mendocinos, uno con domicilio en Las Heras y otro en Godoy Cruz, fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en el complejo fronterizo Los Libertadores por tratar de ingresar de forma clandestina a ese país auna familia de inmigrantes venezolanos indocumentados.

De acuerdo a la información obtenida por el diario trasandino Los Andes Online, ambos habrían sido contactados en Mendoza por una familia venezolana compuesta por cuatro personas, entre ellas un menor de edad, para que los ayudaran a ingresar a Chile de forma clandestina, previo pago de una determinada suma de dinero por este traslado.

El diario chileno indicó que "el grupo se dividió en dos vehículos que llegaron hasta las inmediaciones del complejo Los Libertadores, donde los venezolanos se bajaron para poder eludir los controles migratorios y así, ya en territorio chileno, ser posteriormente recogidos por los mendocinos quien pasaría los controles habituales de los organismos fiscalizadores nacionales".

Sin embargo, el grupo de venezolanos fue sorprendido por los oficiales de la PDI y al ser interrogados terminaron confesando que habían pagado a los mendocinos para que los llevaran a Chile.

De esta manera los oficiales de la policía civil procedieron a la detención de los dos, que fueron identificados por las siglas de sus nombres, C.A.F. y O.R.B.L., ninguno de los cuales registraría antecedentes penales en Argentina.

Los dos mendocinos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro Figueroa los formalizó por el delito de tráfico de migrantes, solicitando aplicar la cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, el defensor público Cristóbal Romero Erices se opuso, argumentando que sus representados gozaban de irreprochable conducta anterior y en caso de ser condenados por estos hechos podrían optar a una pena sustitutiva.

Sopesados ambos argumentos, el juez Raúl Valenzuela Rodríguez resolvió que "el delito que estamos viendo hoy día, fue cometido en flagrancia, por lo tanto, no hay mucho más que discutir en ese aspecto. El Ministerio Público funda su petición en cuanto a la necesidad cautela, en la gravedad del delito y la pena asignada al mismo, la defensa por su parte ha señalado básicamente que los imputados que gozarían con reprochable conducta anterior, que la pena podría partir en 541 días por lo que no existe posibilidad de una pena privativa de libertad, creo que en este caso, por los criterios de peligrosidad esgrimidos por el Ministerio Público, referidos al contexto del delito, a la gravedad apenas asignada, y que importaría que la libertad de los diputados puede ser un peligro para la seguridad de la sociedad, se ajustan también al criterio de no existir otra medida cautelar menos gravosa que la de la prisión preventiva para asegurar los fines del procedimiento", según se argumentó en la jefatura del tribunal trasandino.

Añadió el magistrado en su resolución, que ambos imputados intentaron eludir los controles para permitir el ingreso de estas personas a territorio chileno, "lo que muestra una actitud de no someterse a las normas nacionales, lo hacen además respecto a un delito particularmente grave, al menos respecto de los bienes jurídicos protegidos por este delito, como es la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas migrantes, este este delito vulnera los derechos al tratar a personas en definitiva como mercancías y que están en una situación vulnerable y poner en riesgo las vías de las personas".

En tal sentido, el juez ordenó el ingreso de los dos mendocinos al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes por los tres meses que fijó de plazo para el cierre de la investigación.