Deuda pública mendocina: necesidades y consecuencias

Un aspecto relevante de la discusión de política económica en la Argentina se refiere a la problemática histórica de la deuda pública de los estados subnacionales. Mendoza a igual que el resto de las provincias recurrió al endeudamiento para enfrentar diferentes escenarios económicos-financieros que determinaron acciones para la ejecución de obra pública a gran escala, refinanciar deuda y sostener servicios esenciales.

Según el informe Stock de la Deuda Pública de la Provincia de Mendoza, que emite el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la deuda consolidada de la administración central al 31 de marzo de 2026 es de $910.040 millones a la cual se deben adicionar $39.365 millones de la deuda flotante. Un primer análisis expone que la moneda de origen adquiere especial relevancia en función de dos elementos específicos como el tipo de cambio y nivel de inflación. Cuando la deuda es en moneda extranjera (dólares estadounidenses) los incrementos del tipo de cambio impactan en igual proporción que una devaluación, el ejemplo más reciente es la suba del valor del dólar implementada por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023 (118%) que duplico el endeudamiento mendocino al comparar el saldo de diciembre ($552.742 millones) con septiembre ($264.718 millones) de dicho año.

El otro elemento adquiere especial importancia cuando instrumentos de la deuda provincial se ajustan conforme la evolución de los precios internos como CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), un indicador creado con el objetivo de ajustar el capital de depósitos y créditos por la inflación y TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina).

Es necesario destacar que, en una economía con evidentes signos de incertidumbre cambiaria y evolución de precios constantes, el monto nominal de las obligaciones provinciales en moneda nacional está sujeta al comportamiento de dos componentes que son ajenos a las decisiones de la administración provincial.

Asimismo, se destaca que en la actualidad el Bono PMM29 (refinanciación del título PMY24) cuya vigencia caduca en marzo de 2029 y se rige bajo legislación de los Tribunales de Nueva York (EE.UU.) el resto de los montos en dólares son fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El pago del Bono por refinanciación obliga a extremar el cumplimiento del mismo porque un eventual segundo proceso de refinanciamiento le generaría a Mendoza una carga no solo económica sino un cambio del perfil y calificación crediticia en el mercado internacional, dejándole como casi único camino la dependencia crediticia con el gobierno central.

La evolución de la deuda en moneda local (pesos) indica que en 2016 el gobierno federal vía diferentes organismos (ANSES, FFFIR y Banco de la Nación) representaba el 41% del monto total de la deuda de Mendoza, en pocas palabras era un acreedor importante, en 2025 esa relación paso a ser del 3,74%.

Los datos oficiales a marzo de 2026 exponen que el 96,6% del endeudamiento en pesos corresponde a la actual gestión de A. Cornejo por un importe de $314.492 millones, de ese total un 87,05% ($264.343 millones) se asigna a la emisión de los títulos de deuda en marzo de 2024 y 2025, un 8,62% ($27.113 millones) es la asistencia financiera otorgada por el BNA para las obras del Metrotranvía y el restante 7,32% corresponde a endeudamiento con el Banco Santander.

La sostenibilidad de la deuda consolidada mendocina hasta el presente no incurre en inconsistencias macro financieras, esta afirmación se deriva de dos indicadores que relacionan el monto adeudado como porcentajes del Producto Bruto Geográfico (PBG) e Ingresos Totales anuales, en 2016 los valores registrados fueron del 11% y 21,2% y en 2025 el 3.9% y 17,8% respectivamente. La reducción de ambos indicadores se explica básicamente por la paulatina caída de la deuda en dólares como resultado del pago semestral del bono de refinanciación, que ha trasmutado en la incorporación de pesos en la estructura de la deuda provincial recurriendo a la emisión de títulos ajustados por CER y TAMAR y la banca comercial privada (Banco Santander).

En los últimos años la política de endeudamiento mendocino ha estado más orientada a la resolución de problemas derivados de crisis fiscales, por lo tanto, en un futuro escenario económico nacional de nula participación del estado nacional en el financiamiento de obra publica, potenciales incrementos del tipo de cambio oficial y una inflación cuya evolución aun es más un interrogante que una certeza, el gobierno local ha priorizado una composición de su deuda que implique reducir riesgo y eliminar zozobras a la hora de realizar los desembolsos comprometidos en moneda extranjera.