¿Hasta dónde puede llegar un gobierno elegido por el voto?

Hay preguntas que incomodan, y es justamente por eso, porque incomodan, que una sociedad democrática no debería dejar de hacerse. Una de ellas es: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno elegido por el voto popular?

Porque votar a un gobierno significa darle legitimidad para gobernar. Para tomar decisiones. Para cambiar políticas. Para corregir lo que considera está mal. Pero, ¿significa también darle permiso para avanzar sobre derechos conquistados durante décadas? ¿Puede una mayoría circunstancial decidir que algunos derechos ya no son prioritarios? ¿Puede un gobierno elegido democráticamente reducir las garantías de quienes tienen menos capacidad para defenderse?

La respuesta debería ser clara: el voto popular no es un cheque en blanco. La democracia no consiste solamente en contar votos cada cuatro años. También consiste y diría que fundamentalmente, en respetar la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, la división de poderes y, sobre todo, la dignidad de las personas.

Esta no es una discusión abstracta. Los hechos hablan por sí mismos.

Respecto al tema de género, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó en 2026 su preocupación por los retrocesos en políticas de género, cuidados, salud sexual y reproductiva y protección frente a la violencia. En discapacidad, miles de familias viven con angustia frente a pensiones, prestaciones y tratamientos que no son un lujo. Son la posibilidad concreta de vivir con dignidad. Cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando de números en una planilla presupuestaria, estamos hablando de personas. De niños y niñas. De adultos. De familias enteras que dependen de una prestación para sostener una vida cotidiana que ya es suficientemente difícil.

Con los jubilados ocurre algo parecido. Podemos discutir cómo debe funcionar el sistema previsional. Podemos discutir aportes, moratorias, edad jubilatoria y sostenibilidad. Claro que podemos. Pero hay una frontera que una sociedad no debería cruzar con indiferencia: que una persona mayor tenga que elegir entre comprar medicamentos o comer.

Entonces aparece otra pregunta. ¿Dónde termina el ajuste y dónde empieza el abandono? Porque ordenar las cuentas públicas obviamente era necesario. Pero una cosa es ordenar y otra muy distinta desproteger.

Vayamos a la prensa. Y esto me toca especialmente de cerca, no solamente por mi rol, sino porque creo profundamente en el valor que tiene el periodismo para una sociedad. Podemos criticar a los periodistas. Podemos discutir con los medios. Podemos señalar errores, operaciones o intereses económicos. Todo forma parte de la democracia, por ello no podemos naturalizar que desde el poder se convierta al periodista en enemigo.

FOPEA registró 278 ataques contra periodistas durante 2025. Es la cifra más alta desde que comenzó su monitoreo en 2008. Según ese informe, el presidente argentino estuvo involucrado como autor en 119 de esos episodios. ¿De verdad creemos que esto no tiene consecuencias? ¿Qué es un hecho aislado? Cuando un periodista deja de preguntar por miedo a ser atacado, demandado o señalado y deja de informar, pierde la sociedad.

Cuando se intenta desacreditar a quien pregunta, también se intenta debilitar el derecho de todos a estar informados. Lo mismo sucede con la protesta. Una democracia justa y adulta no debería tener miedo de una sociedad que reclama. Puede poner límites, tiene que ponerlos cuando se afectan derechos de terceros o se violentan. Pero protestar no es un delito. Disentir no es traicionar. Preguntar no es atacar. Y pensar distinto no convierte a nadie en enemigo.

Hay varios retrocesos, pero hay uno que quizás no se ve tanto en la vida cotidiana, pero que puede ser todavía más profundo: la ciencia y la tecnología. Durante décadas, Argentina construyó universidades, institutos, equipos de investigación y una comunidad científica reconocida en el mundo. Eso también es patrimonio del país.

Sin embargo, se estima que entre 2023 y 2026 el presupuesto real destinado a Ciencia y Técnica cayó un 50,2%, mientras que los salarios del CONICET acumularon una pérdida real del 40,5%. ¿Qué derecho estamos defendiendo cuando defendemos la ciencia? El derecho a progresar, a curar enfermedades, a desarrollar tecnología, a producir, a tener profesionales capacitados, a que nuestros jóvenes no tengan que irse para encontrar un lugar donde desarrollar su talento.

Por eso preocupa cuando hablamos de derechos como si fueran compartimentos estancos y separados. Parecen cosas distintas, pero no lo son. Todos forman parte de la misma idea: dignidad.

Y quizás acá está el punto que deberíamos discutir con honestidad: un gobierno tiene derecho a cambiar el rumbo, a implementar su programa, a intentar reducir de muchas maneras los índices negativos, a revisar y generar políticas públicas que dinamicen la economía, la producción, el comercio. Incluso tiene derecho a equivocarse, a intentarlo cuantas veces sea necesario para alcanzar el objetivo de sostenibilidad y crecimiento deseado por todos.

Lo que no tiene es derecho a desconocer los límites que la propia democracia le impone, porque los derechos humanos no son patrimonio de un gobierno, ni de una ideología, ni siquiera de una época.

Son conquistas sociales. Algunas costaron años de lucha. Otras costaron vidas. Muchas fueron construidas por personas que jamás imaginaron tendrían que volver a defenderlas. Es difícil ponerle precio a las conquistas sociales, porque hay cosas que no deberían convertirse en variable de ajuste. La Argentina eligió un gobierno, no eligió abandonar la democracia. Eligió un presidente, no eliminó la Constitución. Eligió una política económica, no derogó los derechos humanos.

Y entender esto es fundamental. Porque una democracia fuerte no es aquella en la que el gobierno puede hacer todo lo que quiere. Es aquella en la que incluso el gobierno que ganó puede encontrar límites. Límites institucionales. Límites legales y también límites humanos.

Porque si para ordenar la economía necesitamos aceptar que algunos derechos pueden ser sacrificados, entonces deberíamos tener el coraje de preguntar quiénes serán los sacrificados. Y casi siempre la respuesta es la misma: los que menos tienen, los que están solos, los que necesitan del Estado, los que no tienen poder, los que no tienen una voz suficientemente fuerte para defenderse.

No se trata de estar a favor o en contra de un gobierno, se trata de algo mucho más profundo: se trata de preguntarnos qué clase de país queremos ser y en qué clase de país nos estamos convirtiendo.

Porque los gobiernos pasan, los presidentes se van, las mayorías cambian. Pero los derechos que hoy dejamos caer quizás mañana tengamos que volver a conquistarlos.

Entonces la pregunta inicial vuelve a aparecer, incómoda pero necesaria: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno elegido por el voto popular?

Hasta donde llegan las leyes. Hasta donde llega la Constitución. Hasta donde llega la democracia. Y, sobre todo, hasta donde no empiece a vulnerar la dignidad de quienes debería representar. Porque el voto da poder. Pero la democracia pone límites.