Constitución vs Democracia

Un análisis sobre Constitución y Democracia y los devaneos que constantemente se sufren en la Argentina.

Héctor Cangiano

Como primera impresión pareciera que el titulo peca de ingenuidad al tratar como antagónicos dos conceptos que debieran de ser inseparables. Pero, por absurdo que parezca, esta disyuntiva lleva varios siglos de discusión jurídica y es producto de las malas interpretaciones sobre el concepto de democracia que han tenido varios de nuestros gobernantes. 

A lo largo de la historia de las democracias occidentales, existieron momentos donde la voluntad general expresada por sus legítimos representantes, pretendió imponerse sin respeto por las minorías y más aún en contra de las garantías consagradas en la Constitución -texto sagrado de una Nación-, por lo menos para quienes seguimos la lógica de Raúl Alfonsín que dispuso al Preámbulo de la Constitución Argentina como ‘rezo laico' de nuestro pueblo. Pues bien, es en estos casos donde la mencionada rivalidad cobra relevancia. 

¿Qué expresa una Constitución, sino un conjunto de valores por los que una sociedad desea regirse? Y ¿qué sucede cuando una mayoría circunstancial -que se halla en la cúspide del poder- entiende que esos valores no son los adecuados y desea reemplazarlos por otros? ¿Cómo negarles ese derecho si son ellos quienes expresan la volunté générale? Pues es aquí, donde la Democracia se enfrenta en apariencia con la Constitución y es esto, lo que intentarán sostener los detractores de esta última. Para, de manera engañosa, lograr sortear los límites impuestos por la Carta Magna. 

Cuando una mayoría pretende acaparar el poder absoluto de una sociedad, niega con ello la división de poderes como principio esencialmente republicano, por lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que en estos casos la democracia se evapora para transformarse en la ‘tiranía de las mayorías', es decir, no sólo estarían en contra de la Constitución sino de la misma Democracia. 

Un gobierno que utiliza la lógica de la imposición hegemónica, trae aparejada la aplicación de reglas distintas para unos y otros, violando en consecuencia el ‘Principio de Igualdad ante la Ley'; idea fundamental sobre la que se construyen las democracias. A modo anecdótico, cabe recordar que esta pelea tuvo una sus primeras batallas en nuestro país, en el año 1847 (época en la que carecíamos de un pacto social escrito), cuando Juan Bautista Alberdi, que se encontraba exiliado en Montevideo -por el simple hecho de ser opositor del entonces caudillo gobernante: Juan Manuel de Rosas-, tuvo la grandeza de saltear sus diferencias para manifestarle a este último la necesidad de sancionar una constitución para la patria, llegando a sostener que no importaba si la misma era liberal o despótica, unitaria o federal; afirmaba: "Lo peor del despotismo no es su rudeza, sino su inconsecuencia". No es que Alberdi hubiera estado dispuesto a la sanción de una constitución despótica, sino que conocía a la perfección que la sanción de una constitución por fuera del consenso que impone el sistema democrático, estaba destinada a fracasar. 

Ahora, si entendemos que la Constitución es la custodia de la Democracia, y por lo tanto ambas figuras son inseparables: ¿Cómo evitamos que se vulnere una, en nombre de un hipotético privilegio por la otra? 

Es allí, cuando el ‘control de constitucionalidad' cobra un rol fundamental. En nuestro país, dicho control recae en el Poder Judicial y en los temas más trascendentes, recae puntualmente en los Tribunales Supremos de las Provincias y de la Nación. Pero: ¿cómo un grupo minúsculo de personas puede decidir qué es y qué no es constitucional? Al no ser electos por el voto popular: ¿no es acaso ello contrario a la expresión de la voluntad general? 

Pues, bastaría releer lo hasta aquí mencionado para darnos cuenta que si dicho control dependiera de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, ello derivaría sin miramiento alguno hacia una tiranía. Por eso, a quienes sostengan que dicho control no es democrático, hay que responderles con firmeza: ‘que es profundamente republicano', por lo que siendo República y Democracia las dos caras de una misma moneda (constitución), se desprende que no se es lo uno sin lo otro. Al analizar la realidad de los hechos, vemos que cuando los tiranos no pueden modificar o suprimir la Constitución, se dedican a menguar sus efectos. Ello, queridos lectores, se logra con el dominio económico y mediático, como así también con la imprescindible sumisión del Poder Judicial a los restantes Poderes. 

Éste, es el punto de colisión actual de la Democracia con varios de los regímenes de nuestras provincias, pero para quienes se nieguen a creerlo, les consulto: ¿Cuántas veces -en los últimos años- se declaró inconstitucional una normativa provincial en sus provincias? ¿Cuántos miembros del ‘cuerpo judicial' pasaron de manera previa por la administración pública o por la militancia del ‘partido eterno' gobernante? Las respuestas a esas preguntas, espero convenzan a los más escépticos. ¿Y a nivel nacional? Desde ya, cuesta catalogar bien a un cuerpo encabezado por una Corte que conforme a lo expuesto, omite hacer mención a la irregular situación de la justicia de varias provincias, que hace silencio ante el mal funcionamiento de su sistema y ante su propio colapso (recibieron más de 36 mil causas, sólo el año pasado) y que al mismo tiempo, sus miembros carecen de pudor al cobrar sueldos que resultan estrafalarios para la situación económica actual del país. 

Amén de ello, cuando quienes pretenden engendrar la tiranía de las mayorías, arremeten contra dicho cuerpo y llaman "a no judicializar la política", sólo buscan barrer con los límites impuestos por la Constitución, planteando con ello -una vez más- la falsa dicotomía de esta última con la Democracia. 

En los momentos que corren, urge que el Poder Judicial despierte y sea quien le ponga un freno institucional a quienes se alzan falsamente en nombre de la democracia. Porque si cometemos el error de volvernos más tiranos que los tiranos, porque si no combatimos a estas desviaciones con la Constitución, estaremos destinados a la inconsecuencia como Nación.

EL AUTOR. Héctor Cangiano es abogado.

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