Cuando la política no los deja ver la justicia
Sigue el debate en torno a la reforma propuesta por el Ejecutivo de Mendoza al funcionamiento de la Corte. Aquí, la opinión de Sergio Gómez.
"La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho". Ulpiano.
Es la calidad de nuestra justicia la que nos brinda seguridad, y en ella deberíamos descansar las mendocinas y mendocinos.
Se da por estos días en la Legislatura de Mendoza, el estudio del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial, en el cual se pretende avanzar en la reforma del último estrato en la organización del Poder Judicial, es decir en la organización, gestión y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Esto se logrará mediante la modificación de la Ley 4969, la cual rige desde 1984.
Según se explica en el proyecto, todos los miembros del alto tribunal, incluido el presidente, que hoy no cumple función jurisdiccional, entiendan en las causas de todos los fueros, sumando a la equitativa distribución del trabajo, mayor celeridad en las resoluciones y un juez siempre presente para intervenir en la resolución de las causas y dándole a todo el procedimiento mayor transparencia.
Para esto, el señor gobernador propone que el alto organismo de Justicia se organice y funcione como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación con todos los casos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia. Esto es pasar de lo que hoy está vigente: la Sala I (Civil y Comercial) y Sala II (Penal y Laboral) a flexibilizar esta estructura burocrática y rígida y que las causas sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte, como también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia. A esto se suma que, si uno de los ministros no puede participar en un determinado proceso, la iniciativa contempla que se realice inmediatamente un nuevo sorteo, a fin de no suspender el acto jurisdiccional.
De esta manera, más allá de sus responsabilidades administrativas, se busca que los magistrados tengan similar función y carga de trabajo. Esto responde a las estadísticas que se desprenden del relevamiento realizado sobre las causas ingresadas desde 2018 a junio de 2022.
Allí se observa que 75% de las causas que ingresan anualmente al tribunal están destinados a la Sala II, es decir, a solo tres de sus integrantes, lo que implica un gran desequilibrio en el funcionamiento y el trabajo.
Con respecto de las causas donde esté interesado un derecho colectivo o se plantee la inconstitucionalidad de la ley, el proyecto contempla para estos casos a todos los miembros del tribunal para que sea la Corte en pleno la que decida por la referencia de estos casos. Hasta ahí el proyecto.
Ahora bien, ¿qué dice la política al respecto? Podrá el legislador interpelar a la familia judicial y convencerlos de que necesitamos de una buena administración de la justicia. Ágil, dinámica, moderna, de avanzada, que se muestre dispuesta a cambios en pos de dar a cada ciudadano o ciudadana su derecho (?)
La incógnita es muy grande, las diferencias de cada lado de la grieta lejos de cerrarse se profundizan, aparecen socios del "no porque no", entonces perdemos la oportunidad de fortalecer las instituciones. Oponerse a una mejora continua del Estado es desoír el mandato del soberano que reclama sus derechos, aquellos consagrados en nuestra Constitución que nos aseguran bienestar, y que en particular, refuerzan el criterio de calidad en materia de seguridad jurídica.
Cierto es que en la cotidianeidad de los actos que realizamos como particulares no escapamos a movernos según nuestros ideales, y al igual que en política, hacemos, decimos y actuamos motivados por nuestra ideología.Todos en mayor o menor medida hacemos política, porque al tomar una decisión estamos imponiendo por sobre un montón de otras opciones.
Lo mismo ocurre con los jueces. Imparten justicia, deben ser imparciales en sus fallos pero no se apartan de su ideología. Es decir que obviamente hay Supremos que tienen pertenencia ideológica aunque no partidaria. Pero eso no los hace mejores o peores jueces, ya que es en sus dictámenes donde deben poner todo su conocimiento y experiencia con la finalidad de ser justos. "Los hombres pasan pero las instituciones quedan" debería ser la frase de cabecera del legislador, de manera tal que su interés político no tiene que interferir en la tarea de legislar, entendiendo que su decisión modifica en algún sentido la vida de todos.
Los cambios propuestos por Suárez son sustantivos y de carácter esencial que ayudan a resolver problemas en la organización de la justicia mendocina. No amplía la Corte, no recorta presupuesto, tampoco le quita imparcialidad y mucho menos empaña la transparencia de los actos dentro la justicia. Por el contrario le da celeridad a los trámites y reduce los tiempos de la burocracia judicial, además de evitar posibles malas prácticas, entre otras cosas.
En consecuencia dejar las rencillas políticas, que no se podrán resolver en un proyecto de reforma en la organización y funcionamiento de la Corte Suprema, poniendo toda la experiencia y capacidad legislativa al servicio de la ciudadanía no parece ser imposible.
