Desidia climática y parches de emergencia: el costo de gobernar improvisando
Las recurrentes alertas por fenómenos climáticos cada vez más intensos y las tormentas extremas que golpean a Mendoza vuelven a poner en evidencia una realidad incontrastable: el colapso de nuestra infraestructura no es producto del azar. Es consecuencia de años de abandono, falta de mantenimiento y ausencia de planificación.
Pretender solucionar en tres meses de urgencia lo que se ignoró durante diez años no solo es una farsa institucional: cuando hablamos de cauces, rutas, árboles o sistemas de emergencia, improvisar pone en riesgo la vida de los mendocinos. Las marcas de ese abandono están a la vista. Se descuidó el mantenimiento de cauces aluvionales y se permitieron desarrollos inmobiliarios enteros con acequias desconectadas que no conducen a ningún lado.
La infraestructura vial está devastada y el arbolado público, emblema y parte fundamental del equilibrio de nuestro oasis, atraviesa una desatención alarmante. Después llega una tormenta, colapsa el sistema y pareciera que la única responsable fuera la naturaleza.
La improvisación también alcanzó a quienes deben responder cuando ocurre una emergencia. Se ató todo con alambre hasta dejar al borde del colapso al sistema de bomberos voluntarios, obligándolos a reclamar recursos básicos para poder cumplir con su tarea. Lo mismo sucede con la capacidad de monitorear el territorio: mientras en zonas de alta montaña como Potrerillos puede nevar intensamente, los reportes oficiales hablan de "lloviznas leves".
Esa distancia entre lo que ocurre y lo que el Estado informa demuestra falta de recursos, presencia y conocimiento territorial. Las tormentas extremas llegaron para quedarse y Mendoza tiene que prepararse para una realidad climática diferente. Ya no alcanza con reaccionar cuando el agua entró a una casa, cayó un árbol o una ruta quedó inutilizada.
La discusión debe ser qué hacemos antes: cómo mantenemos los cauces, cómo planificamos las ciudades, cómo protegemos el arbolado, cómo fortalecemos los sistemas de emergencia y cómo adaptamos nuestra infraestructura a fenómenos cada vez más intensos. Tampoco podemos caer en la comodidad de responsabilizar únicamente al vecino.
El compromiso ciudadano es indispensable, pero el punitivismo no reemplaza una política pública. Podemos exigir responsabilidad sobre acequias, residuos o arbolado, pero esa exigencia solo tiene sentido si detrás existe un Estado que también cumple con su parte: planifica, mantiene, controla, invierte y anticipa.
Mendoza necesita avanzar hacia un verdadero pacto eco social que articule al sector público, al privado y a la comunidad. Un acuerdo que deje atrás los parches y establezca una estrategia real de adaptación: recuperar cauces y drenajes, revisar la planificación urbana, reconstruir infraestructura vial, proteger el arbolado, fortalecer a Bomberos y Defensa Civil y mejorar los sistemas de alerta y monitoreo, con presupuesto y responsabilidades concretas.
El hábitat se construye entre todos, pero la planificación es una responsabilidad indelegable de quienes gobiernan. Mendoza no puede seguir viviendo tres meses de desesperación cada vez que aparece una alerta meteorológica para después olvidarse del problema cuando sale el sol. El clima está cambiando. Lo que también tiene que cambiar, de una vez por todas, es nuestra manera de gobernar frente a él.
