El Granizo no negocia con egos

Voy a decirlo sin vueltas, porque es la convicción que sostengo desde hace años y que los papeles confirman: el sistema de mitigación aérea de granizo es una de las políticas públicas más rentables que tiene Mendoza, y el Gobierno provincial está desarmando, temporada tras temporada, algo que costó cuatro décadas de esfuerzo técnico e institucional construir. No hablo desde la nostalgia ni desde la intuición. Hablo con los números que el propio Estado produjo, y con la certeza de que ningún gobierno tiene derecho a liquidar en tres años lo que la política agrícola mendocina tardó una generación entera en levantar. 

Lo que está en juego no es un capricho técnico. Según datos oficiales de denuncias de productores, en los últimos cinco años 35.000 hectáreas fueron afectadas al 100% por granizo, y más del 60% de esos productores tiene menos de 20 hectáreas: son economías familiares, no grandes conglomerados con espalda para absorber un año perdido. En la última década, 7.775 productores -el 60% del total registrado- sufrieron daños superiores al 50% en tres o más temporadas consecutivas. Un seguro que hoy solo indemniza, a modo de paliativo un daño que ya se produjo, no cierra esa brecha. No es una discusión de gabinete: es la diferencia entre que una familia productora del Sur pueda seguir trabajando su tierra o tenga que rematarla. 

La lucha contra el granizo en Mendoza no nació ayer. Comenzó en 1980, cuando el Centro de Investigaciones Espaciales Mendoza sembró nubes con cohetes CLAG desarrollados por la Fuerza Aérea Argentina. Entre 1985 y 1992 la provincia, a través de la DILAG (Dirección de Investigación de Lucha Antigranizo), implementó el sistema mediante la siembra con cohetes de origen ruso Alazán I y Alazán II. Posteriormente, entre 1992 y 1997, contrató a la empresa ruso-argentina Antigrad para operar el sistema LAG solo en el oasis Este de Mendoza. 

Desde 1999, tras una licitación en la que el sistema con aviones resultó más eficiente y considerablemente más económico que el de cohetes, Mendoza adoptó la siembra aérea con Piper Cheyenne artillados con bengalas de yoduro de plata, primero con la empresa Weather Modification Inc. y, desde 2005, bajo gestión provincial directa a través de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas y, más tarde, de Aeronáutica Mendoza S.A. Treinta años de continuidad, con radares propios, una red de generadores de superficie, un centro de operaciones en Tunuyán y personal técnico formado en el oficio más difícil de la meteorología aplicada: decidir, en diez minutos, si una célula convectiva va a destruir la cosecha de todo un año. 

Esa continuidad tiene un respaldo que el propio Gobierno de Mendoza encargó y pagó. En diciembre de 2023, AEMSA presentó su informe final "Mitigación de granizo mediante siembra de nubes", elaborado con estándares de la Asociación de Modificación del Clima de Estados Unidos y sometido a los tres indicadores que la evaluación de proyectos de inversión pública exige para medir rentabilidad social. El resultado es contundente: por cada peso invertido en la operación del sistema, se evita un daño de 4,8 pesos; contemplando la renovación completa de flota y radares, la relación se sostiene en 2,2 a 1; el valor actual neto es positivo en 69.000 millones de pesos, y la tasa interna de retorno alcanza el 43%, muy por encima del 11,19% que el propio Estado usa como umbral mínimo de rentabilidad para sus inversiones. El mismo estudio documenta que la tasa de incidencia de daño por granizo cayó del 13,4% en el período sin aviones (1993/94-1997/98) al 6,7% en la última etapa de gestión consolidada: una reducción del 50%. Y un estudio preliminar del Comité Científico que asesora a Contingencias Climáticas, a cargo del Dr. Alejandro De La Torre, basado en quince años de datos de radar, muestra entre 20% y 24% menos tormentas de alto riesgo dentro de los oasis cultivados que fuera de ellos. La experiencia internacional -Dakota del Norte, con una relación beneficio-costo de 7,5 a 1; Alberta, en Canadá; Moldavia- confirma la misma tendencia, con metodologías avaladas por la Organización Meteorológica Mundial. 

Conviene explicar, brevemente, por qué esto no es superstición, como algunos quieren instalar. El método -siembra de nubes con yoduro de plata- se basa en el principio de la "competencia beneficiosa": al introducir núcleos artificiales de congelamiento en la zona de formación del granizo, entre -5°C y -20°C, se multiplica la cantidad de embriones que compiten por la misma agua sobreenfriada, de modo que el granizo que cae es más numeroso pero más pequeño, o se derrite antes de tocar el suelo. Es una técnica exigente: una celda granicera vive apenas entre 40 y 60 minutos, el material sembrado tarda unos diez minutos en actuar, y si la siembra llega tarde o fuera de la zona exacta de génesis, pierde eficacia, aunque puede haber células de tormenta severas con un tiempo de vida mucho mayor. Por eso Mendoza sostiene, desde hace tres décadas, una red de tres radares meteorológicos, un software de seguimiento de tormentas en tiempo real y pilotos entrenados para operar dentro de tormentas severas. Nada de eso se improvisa ni se reconstruye de un día para el otro si se lo desmantela. 

Frente a esa evidencia, ¿qué hizo el Gobierno provincial? El 2 de julio de 2024 anunció el desmantelamiento del sistema alegando pérdidas de entre el 8% y el 14% de la producción, apenas siete meses después de que su propio estudio confirmara la rentabilidad del programa. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, llegaría después a calificarlo públicamente de placebo: "no hay rigor científico en eso, porque el rigor científico es vos sembrás una nube y ves qué pasa; no hay dos nubes iguales, entonces no es verificable" (Ciudadano News, 10/11/2025). Es una afirmación que contradice de manera frontal el informe que su propia gestión pagó un año antes. Desde entonces, la lucha antigranizo sobrevive de manera parcial, sostenida por comodatos precarios con San Rafael y General Alvear: la Provincia entregó aviones y acceso a radares, pero avisó que no pondrá un peso más para combustible, salarios ni mantenimiento. San Rafael terminó afrontando cerca del 70% del costo operativo mediante un recargo en la factura eléctrica de sus vecinos, y General Alvear el 30% restante. El Estado no ahorró: trasladó el gasto a las comunas y llamó "descentralización" al abandono de una función provincial. Y el 1° de septiembre de 2026, el propio Gobierno confirmó, según reveló Los Andes, la decisión de vender definitivamente los aviones, dejando a AEMSA reducida a tareas meteorológicas y reemplazando la prevención activa por el Fondo Compensador Agrícola, al que la Provincia destinó 14.000 millones de pesos este último año. Ese fondo es un paliativo legítimo para cuando el daño ya ocurrió, pero no reemplaza la prevención: cuando el productor cobra el seguro, ya perdió un año entero de trabajo, y las mallas antigranizo que se ofrecen como alternativa ni siquiera son viables en el sistema de conducción en parral que caracteriza a nuestra vitivinicultura. 

Hay además un problema de estricta legalidad que como senador no puedo dejar pasar. La cesión de aeronaves del patrimonio provincial o de AEMSA mediante comodato es una figura precaria por definición. Si el Ejecutivo pretende desprenderse definitivamente de esas máquinas, esa transferencia de dominio requiere, de manera ineludible, una ley de autorización de esta Legislatura: el artículo 99 inciso 4 de la Constitución de Mendoza reserva al Poder Legislativo la facultad de disponer la enajenación de la tierra pública "y demás bienes de la Provincia", sin distinguir entre muebles e inmuebles, y ninguna norma de rango inferior puede recortar esa atribución cuando se trata de un activo estratégico afectado a una política de Estado. Hoy no está definido quién será el Explotador de Servicios Aéreos ante la ANAC, quién paga los seguros de casco y responsabilidad civil, ni quién asume el mantenimiento bajo normas aeronáuticas. Por eso he presentado un pedido de informes (Expediente Nº 83611, con fundamento en el artículo 2° de la Ley 5.736) exigiendo que el Ministerio de Producción responda estos puntos en el plazo legal. No es una chicana: es control legislativo sobre bienes públicos y sobre la protección del cien por ciento de la superficie cultivada del Oasis Sur. La lucha antigranizo tiene que volver a ser lo que fue durante treinta años: una política de Estado, no una variable de ajuste que depende de qué ministro esté de turno o de qué intendente gobierne cada departamento. Creo firmemente en un Estado chico y eficiente, que no le ponga la mano en el bolsillo al que produce más de lo necesario. Pero también creo, con la misma firmeza, que hay funciones que son indelegablemente del Estado, y que garantizar las condiciones para que la propiedad privada y el esfuerzo productivo no sean arrasados por un fenómeno climático es una de ellas, tanto como lo es la Justicia o la seguridad. No se trata de subsidiar la ineficiencia: se trata de sostener la única herramienta de prevención que la evidencia disponible respalda, con la misma lógica de costo-beneficio que cualquier gestor serio de recursos públicos aplicaría antes de resignar un activo rentable. El granizo no reconoce límites catastrales ni banderías partidarias, y no hay descentralización posible sin financiamiento provincial compartido, sin un marco legal claro y sin una gestión operativa unificada. Y sin embargo, en las últimas semanas, lo que debería discutirse con ese rigor se convirtió en un espectáculo lamentable. El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, acusó públicamente a su par de San Rafael, Omar Félix, de mentiroso y de disfrazar de "corrupción" un cobro por servicios de radarización provincial, mientras Félix reclama que la Provincia vuelva a poner plata y al menos una tercera aeronave. Cada uno defiende su gestión, cada uno acusa al otro de jugar con la necesidad de los productores, y mientras tanto se acerca octubre, arranca la temporada de tormentas, y nadie garantiza un avión en el aire sobre el Sur mendocino. Es inevitable pensar en aquella canción de Serrat, "Algo Personal", que retrata cómo una disputa que empieza teniendo una razón de fondo termina degradada en una simple pulseada de egos. Eso es exactamente lo que están protagonizando el Gobierno provincial y los intendentes del Sur: una interna de poder territorial que insulta la inteligencia del productor mendocino, que hace treinta años sostiene con su trabajo una política que hoy se discute a los gritos en lugar de financiarse con seriedad. 

Le pido al gobernador Cornejo y a los intendentes de San Rafael y General Alvear que dejen de lado el sectarismo, que se sienten a construir un acuerdo institucional serio -con ley, con presupuesto compartido y con gestión unificada- y que estén, por una vez, a la altura de lo que sus cargos representan. 

La cosecha del Sur no puede seguir esperando a que alguien gane la pulseada.