El Poder Judicial y su eterno desafío: independencia o sumisión

El abogado Jorge López Reynaudo esta vez indaga a fondo sobre la razón de ser del Poder Judicial dentro del sistema republicano.

Jorge López Reynaudo

Ya Alexander Hamilton en E.E.U.U. y por 1.788, sostenía que la Justicia, al carecer del manejo de las armas y del tesoro era visto como el más débil de los tres, frente al Legislativo y sobre todo, ante el Ejecutivo. 

Recordemos que los formuladores de la teoría de división de poderes fueron el inglés John Locke y el francés Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu. Partieron de observar que garantías y libertades dependían de evitar la concentración de las funciones del Estado en sólo uno de sus órganos, generalmente el Ejecutivo. 

De esta aguda observación surgirá en ambos la idea de que los poderes deben ejercer entre sí un control recíproco a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, sintetizada por el francés en aquello que: "todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; yendo hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, el poder detenga al poder". 

En el "Sistema Republicano de Gobierno" adoptado por nuestra Constitución en su art. 1, la independencia del Poder Judicial derivado de la forma republicana, es uno de sus principios básicos. Independencia frente a las presiones del Legislativo, del Ejecutivo, así como de los Grupos de Presión. Se erige así tal independencia en la pieza clave del Estado de Derecho. Sin ella no hay posibilidad alguna de hablar de República. 

Dicha independencia se manifiesta tanto en la estructura orgánica de la justicia, así como en el juez individual al momento de ejercer su función jurisdiccional. 

La primera atiende a los mecanismos de Designación y Remoción de los jueces, el ejercicio de la Potestad Disciplinaria y la Administración de sus propios Recursos. 

La segunda enanca en la Inamovilidad y Estabilidad funcional de los magistrados así como a la Intangibilidad de las Remuneraciones. 

Si bien es cierto que en la hora el Poder Judicial ocupa destacados lugares en el debate político y en el escenario mediático, no lo es menos que mucho de eso acontece, sobre todo en nuestro país, por una inadmisible y constante injerencia del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de ese Poder Judicial. 

Los jueces argentinos a diario experimentan las presiones de los Ejecutivos, los que explícitamente, ya con declaraciones en la prensa o a través de pronunciamientos de Legisladores Oficialistas, con Proyectos Legislativos de dudosa constitucionalidad y poco demostrada oportunidad. Cuando sino también, con amenazas de Juicios Políticos, con lo cual no dejan de atentar contra el citado principio republicano de la independencia de la justicia, en la aspiración de someterlo a sus intereses, las más de las veces "nonc santos", acciones comunes en Presidencialismos Exacerbados, con deriva ineludible hacia la "autocracia". 

Tal asedio e inaceptable intromisión, encuentra andamiento en la a veces pésima Gobernanza del Poder Judicial. Ésta constituye de hecho un serio problema a considerar dentro del sistema republicano, porque en él no se admite la extendida creencia de que el Poder Judicial es monopolio exclusivo del jueces y magistrados, olvidando que el mismo en la República Democrática representa una estructura compleja, en la que los jueces cumplen un rol sustantivo, pero donde actúan además otros actores e intereses, tales como el "pueblo mismo" titular de la jurisdicción, la que los magistrados ejercen sólo por delegación. 

Desde la perspectiva de la restructuración del poder judicial y su inserción en los nuevos criterios de inclusión democrática del justiciable, loable resultan en nuestra provincia las reformas a los Códigos Procesales: Civil, Laboral, de Familia y Penal, pero sobre todo, en este último, con la introducción del Juicio por Jurados, manifestación inequívoca de la intención de restituir al pueblo parte sustantiva de la función jurisdiccional. 

La pereza de esas adecuaciones de la Justicia, han de rastrearse en el interés de muchos de sus actores en que todo siga igual, en que nada cambie en pos del sostenimiento de sus prebendas, logrando que la Justicia pierda confiabilidad y el justiciable sus derechos. 

Todo ante la inacción e inidoneidad del Poder Legislativo, incapaz de generar proyectos razonables sobre el tema y más inclinado a impulsar los del Ejecutivo. 

A diferencia de la Corte Nacional de 1.862, conformada por juristas no comprometidos con el oficialismo, el camino seguido por el máximo Tribunal, constituyó una lucha constante, incluso entre gobiernos del mismo signo político, por asegurarse su control y someterlo a los designios de la hora, a excepción de su integración de 1.983, con juristas reputados y un diseño heterogéneo y plural. 

Partiendo allá en 1947 con el Juicio Político impulsado por el Gobierno Justicialista y la destitución de cuatro de sus miembros y el posterior nombramiento de amigos, hecho que representó un momento clave de crisis institucional del Poder Judicial, conocido como su coyuntura crítica (critical juncture); sin olvidar el escarnio de las Cortes de Facto, la "Mayoría Automática" de Menem en 1.990, destruida por Kirchner en 2.003. 

Una apretada síntesis de la "Manipulación Política de la Corte Argentina" al decir de Andrea Castagnola. Agreguemos que todo esto, con la soterrada intención de garantir la impunidad y la protección de los intereses espúreos, de quienes desde la función pública violentaron la normativa legal en su propio beneficio. 

No hay orgullo posible en el mencionado derrotero. Lo grave es sin embargo su persistencia. Desde la anunciada "Reforma Judicial"; las "Presiones a los Jueces y Fiscales Federales"; las "Declaraciones y el Libro del Presidente", criticando a la Corte y Tribunales Inferiores, olvidando que cuando aquella fue conformada él era Jefe de Gabinete; la "Intromisión Mediática" de Ministros; de "Legisladores" y los "Amigos del Poder" y finalmente, las "Amenazas Presidenciales" en la apertura de las sesiones del Congreso, recrean hoy ese escenario, donde los autócratas suelen ven en la República un sistema perimido y en la Constitución un obstáculo para sus designios. 

En un país que no aprende de sus errores, la opción del Poder Judicial sigue siendo ahora la misma: INDEPENDENCIA o SUMISIÓN. 

Los ciudadanos esperamos que la Justicia obedezca el mandato constitucional y republicano y se decida por la primera.

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