El problema no es el "Súper Niño": es la falta de planificación
El principal problema de Mendoza no es cuánto va a llover el próximo verano. Es cuánto hemos planificado durante todos estos años para el día en que finalmente llueva.
La convocatoria realizada por el Gobierno de Mendoza a los intendentes para prepararse ante un verano con posibles tormentas más intensas tiene algo que debe reconocerse: anticiparse siempre es mejor que reaccionar después del desastre. El Niño está presente. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la fase cálida del ENOS -El Niño-Oscilación del Sur- y la NOAA -Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos- sostiene que existe más de un 90% de probabilidades de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante 2026-2027. Prepararse, entonces, es una obligación del Estado.
Pero una cosa es prepararse y otra transformar un escenario climático probabilístico en una certeza comunicacional. Que exista un Niño muy fuerte no significa que hoy pueda establecerse con igual precisión cuánto va a llover en Guaymallén, Las Heras, Luján o cualquier otro punto del llano mendocino. Incluso la NOAA advierte que un evento de gran magnitud aumenta la probabilidad de determinados impactos, pero no los garantiza.
Por eso sorprende que una cuestión de semejante importancia no haya sido presentada a partir de una verdadera mesa científico-técnica provincial que integre institucionalmente al Servicio Meteorológico Nacional, universidades, CONICET, IANIGLA, INA y demás organismos especializados. Mendoza dispone de una enorme capacidad científica. El problema es que demasiadas veces ese conocimiento existe en paralelo al Estado en lugar de formar parte orgánica de sus decisiones.
Hay una discusión todavía más importante que el pronóstico. Frente al anuncio de fuertes tormentas volvemos a escuchar que hay que limpiar cauces, acequias, canales, alcantarillas y desagües. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero limpiar un canal no es una política de adaptación climática: es mantenimiento básico.
El verdadero problema aparece cuando las tormentas encuentran un Área Metropolitana que durante décadas creció aumentando la superficie impermeabilizada, extendiendo urbanizaciones hacia zonas sensibles, sobrecargando servicios y manteniendo sistemas de drenaje que no evolucionaron a la misma velocidad. El propio Gobierno ha reconocido que el crecimiento urbano desordenado hacia el oeste incrementa la impermeabilización y genera un subdimensionamiento creciente de los desagües pluviales. El piedemonte es la expresión más evidente: lo que allí se ocupa o impermeabiliza repercute aguas abajo sobre el Gran Mendoza.
Por eso el debate no debería reducirse a cuánto lloverá este verano. Deberíamos preguntarnos qué Área Metropolitana estamos construyendo.
Mendoza no necesita inventar nuevas instituciones para responder esa pregunta. La Ley 8051 de Ordenamiento Territorial creó, entre otros instrumentos, el Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial y el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza.
La Ley 8999, que aprobó el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial en 2017, fue todavía más explícita: por su "relevancia y urgencia", dispuso que el Plan de Gestión de Riesgos debía elaborarse durante el primer año de vigencia del PPOT. También ordenó desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial para el Área Metropolitana dentro del subprograma de Gestión Integrada del AMM.
A casi nueve años de aquella ley, la revisión de las fuentes oficiales disponibles no permite identificar un acto de aprobación, un documento final vigente ni una resolución que formalice ninguno de esos dos planes. Sí aparecen programas, talleres, diagnósticos, mapas de amenazas, capacitaciones, trabajos de Unicipio y un Plan de Acción del Área Metropolitana. Son antecedentes valiosos, pero no equivalen jurídicamente a los instrumentos de planificación que las leyes 8051 y 8999 mandaron elaborar.
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El dato es significativo porque el propio Gobierno informó en 2024 avances en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, entre esos avances no aparece la aprobación del plan provincial de riesgos ni del plan metropolitano.
Entonces la pregunta deja de ser meteorológica y pasa a ser política: ¿por qué, frente a una amenaza climática que el Gobierno califica como relevante, volvemos a organizar una mesa coyuntural de emergencia y tareas de limpieza en lugar de exhibir los resultados de aquella planificación integral que las propias leyes ordenaron?
También debemos discutir las prioridades de inversión. Mendoza recibió con los USD 1.023 millones del Fondo del Resarcimiento una oportunidad excepcional. Es correcto reconocer que existen inversiones importantes en agua potable, saneamiento, riego e infraestructura vial. Pero en el programa difundido oficialmente no aparece un plan de escala equivalente destinado a transformar estructuralmente el drenaje pluvial y la defensa aluvional del Área Metropolitana.
Esto no significa que Mendoza no realice obras hidráulicas. Las realiza. El problema es de escala, integración y prioridad: si el riesgo climático es estratégico, la inversión y la planificación también deberían serlo.
La emergencia se atiende limpiando cauces, mejorando alertas y coordinando Defensa Civil. La prevención verdadera comienza mucho antes: ordenando el territorio, controlando dónde urbanizamos, dimensionando drenajes, ampliando infraestructura hidráulica y sanitaria, protegiendo el piedemonte y haciendo funcionar las instituciones de planificación que nosotros mismos creamos.
Porque, finalmente, el principal problema de Mendoza no es cuánto va a llover el próximo verano. Es cuánto hemos planificado durante todos estos años para el día en que finalmente llueva.
