El rol de una empresa provincial de minería

De aprobarse la creación de una empresa minera estatal, las funciones solo deberían ser las de un facilitador o un imán de atracción de inversores privados.

Con relación al proyecto de creación de una empresa minera provincial que según la prensa estaría elaborando el Gobierno provincial, no existen (o al menos no se han dado a conocer) los detalles de cuáles serían sus objetivos y procederes, o qué tipo de empresa está diseñando el Estado provincial. 

Entendemos ipsofacto que debería ser una empresa sometida a la ley vigente, si fuese así, las funciones de la misma deberían ser (aparte de recibir los activos de Potasio Río Colorado) como las de otras empresas provinciales de minería que existen en otras provincias del oeste argentino y cuyo objetivo es buscar promover proyectos mineros que tengan en su portfolio, establecer estrategias orientadas a llevar adelante como por ejemplo: road-shows mineros para atraer inversores privados nacionales e internacionales que deseen desarrollar los mismos, aunque sería bastante difícil en una provincia donde la minería está prohibida por ley. 

Los proyectos mineros de mediana y gran escala generalmente son desarrollados por más de una empresa (aunque una tenga los derechos mineros) en la mayoría por varias, lo que les hace más fácil conseguir la financiación y el desarrollo del proyecto en sí. De aprobarse la creación de una empresa minera estatal, las funciones del Estado provincial a través de la misma, solo deberían ser las de un facilitador o un imán de atracción de inversores privados que estén interesados en los proyectos mineros que la provincia tenga en carpeta, siempre generando buen clima de negocios, seguridad jurídica, y por sobre todas las cosas, levantando las restricciones que hoy posee la actividad minera en Mendoza. 

Salirse de estas funciones y objetivos, sería de cuestionable legalidad y de muy baja eficacia con el consecuente perjuicio del fisco provincial, y al mismo tiempo aumentando lógicamente el abultado gasto público de la provincia. Demás está decir que sería inadmisible para los principios de libertad económica y de mercado que el partido demócrata propicie en materia económica, apoyar en la Legislatura provincial otra embestida del Estado empresario con los recursos generados por los impuestos de los mendocinos. 

Uno de los principales motivos de la salida de Vale del Proyecto Potasio Río Colorado, no solo fue la variable del precio del mineral, también lo fue (y creo que pesó más esto) las proyecciones mundiales que se observaban allá por el 2011, con relación al stock en lo que hace a la oferta mundial de potasio ya que ésta estaba bastante cubierta con las explotaciones en Canadá, en las ex Repúblicas Soviéticas, Uzvequistán y China que (según las proyecciones del P.E.D.A.C 2011 en Toronto) abastecerían holgadamente las necesidades mundiales de Potasio. Si a ello le sumamos el descomunal sistema de corrupción que se desató sobre Vale, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, hizo que la empresa desistiera del proyecto a pesar de haber invertido muchísimo dinero que jamás podrá recuperar. 

El Partido Demócrata debería dejar muy en claro, ante la ciudadanía de Mendoza y ante el gobierno radical, que la provincia no puede hacerse cargo de poner en funcionamiento el Proyecto Potasio Río Colorado. En la versión más disminuida del proyecto original, que es solo abastecer el mercado interno, Uruguay y la de Soda Solvay, necesitará al menos U$S 200 Millones de dólares de inversión, dineros que la provincia no tiene y además teniendo una situación económico/financiera muy precaria donde las necesidades de todo tipo abundan y escandalizan, sería un soberano despropósito. 

Pero al mismo tiempo... hipotéticamente hablando, si tuviéramos una provincia sin deuda, sin pandemia, floreciente y en desarrollo, esos recursos de los mendocinos deberían aplicarse a las necesidades o problemas acuciantes de la provincia, como su sistema de salud, su sistema educativo, a dar equipamiento e instrucción al sistema de seguridad, a proveer un mejor, más dinámico y tecnológico servicio de justicia y no jugar a ser empresario minero, sin el expertice necesario, ni el know how indispensable para no despilfarrar recursos públicos sumamente escasos. 

Para finalizar, la Ley Minera Argentina sabiamente establece que el Estado no puede por sí solo, ser concesionario de derechos mineros por que la minería es una actividad lícita de gran riesgo y de cuantiosas inversiones, por tanto el rol del Estado provincial en el caso particular de Potasio Río Colorado debería ser el de facilitador de que empresas privadas puedan hacerse cargo del proyecto a su propio riesgo, sin comprometer los recursos de todos los mendocinos. Para ello hoy tiene Emesa, Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima, también PRO Mendoza que podrían cumplir perfectamente estos objetivos enunciados, sin ninguna necesidad de seguir engordando el desproporcionado Estado Provincial que no hace otra cosa que sofocar a la actividad privada para justamente financiar este tipo ideas.

Doctor Mauricio Santiago Díaz
Francisco Garcia Gabrielli

Foro Demócrata de Mendoza

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