Potasio Río Colorado: qué nos dejó el acuerdo que no podemos conocer

En cinco años se podrán conocer los detalles del acuerdo entre la provincia y Vale, pero en el camino recorrido quedaron algunas certezas y también dudas que tendrán que esperar para tener algún tipo de respuesta.

Finalmente, el Gobierno emitió un decreto a través del cual aprueba el contrato con Vale para la transferencia de Potasio Río Colorado a la provincia. Sin embargo, habrá que esperar cinco años para poder conocer el detalle fino del acuerdo porque se acordó la confidencialidad del contrato y sólo los legisladores que ratificarán el decreto tendrán acceso a sus 205 páginas.

A pesar de eso, algunas cosas ya estaban claras, pero las dudas van a persistir sobre las que no lo están y se abre la posibilidad a las especulaciones respecto a las razones que llevaron a fijar la confidencialidad del contrato. La justificación está en el secreto comercial, y como dice la ley en evitar daños a intereses comerciales y económicos legítimos y secretos comerciales de privados.

Lo primero que trascendió del contrato, y por lo que en parte se habría aplicado la confidencialidad, es que Vale se blindó respecto a futuros reclamos que podría recibir la provincia por el proyecto. En ese sentido, se haría referencia -principalmente- a cuestiones ambientales y laborales. En el fondo el Ejecutivo le habría dado algún grado de inmunidad a la firma brasileña. Según indicaron fuentes legislativas, esto estaría dado por algunos juicios que la firma brasileña aún tiene pendientes en el país y que, para intentar cerrarlos, necesita que se guarden en secreto algunos de los datos del contrato.

Suarez firmó el acuerdo con Vale y el yacimiento Potasio Río Colorado vuelve a manos de Mendoza

La otra duda que queda, y que no se podrá resolver hasta que pasen los cinco años, es el detalle de lo que recibirá el Gobierno por el traspaso de PRC. Se sabe la cantidad de dinero (US$30 millones), pero no se puede conocer el inventario de todo lo que existe en el yacimiento ubicado en el departamento de Malargüe. La preocupación de algunos profesionales que trabajaron en el diseño del proyecto durante la gestión de Río Tinto y Vale, es lo que sucederá con material muy costoso y valioso que existe en el lugar.

Ahora, otra cuestión que se desprende de todo lo señalado es que finalmente la Legislatura sólo tendrá que ratificar un decreto del gobernador y, en ese contexto, no aparece por ningún lado la figura de la empresa provincial de minería que pretendía crear el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Fuentes del mismo Ejecutivo habían anticipado hace algunas semanas a Memo que la idea se había descartado por el contexto de profunda crisis económica en el que se encuentra la provincia.

Pero el secreto del contrato genera otras suspicacias, una preocupación que tienen algunos de los actores de sectores industriales que están presentes en el Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza. Consideran que, justamente a un año de las marchas que terminaron con la derogación de la Ley 9.209 que permitía el desarrollo de la minería y en medio del lanzamiento del CEAS, no hacer público un acto relacionado con una actividad que genera controversia no va acorde a lo que es el discurso del diálogo y la transparencia. Estiman que podría ser un argumento para las voces que ya se están levantando en contra del consejo y cuestionan su legitimidad.

Lo cierto es que, por ahora, el contrato sólo podrá ser revisado por los legisladores y lo único claro es que Mendoza ya es propietaria de PRC y todas las sociedad en las que tiene participación. Seguramente ahora habrá más dudas que certezas, las mismas que no podrán resolverse de manera pública hasta el 2025.

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