Los Nihuiles: ¿cuál es el negocio para Mendoza?

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, respondió en redes sociales a nuestro informe con una descalificación: "hablan pavadas". Pero cuando están en juego el agua, la energía y un patrimonio construido durante generaciones, el Gobierno no puede sustituir explicaciones por una chicana. Si nuestro análisis es equivocado, que publique los documentos y lo demuestre. Preguntar no es hablar pavadas: es ejercer control democrático.

En 2023, la Ley 9486 había diseñado un proceso inequívocamente provincial: creó HEMSA, puso a EMESA al frente de la licitación, previó una comisión técnica mendocina, control legislativo y criterios de rehabilitación, modernización, empleo y compre local. La Nación debía otorgar la concesión federal necesaria para ingresar la energía al sistema interconectado. Existían competencias concurrentes, pero Mendoza conservaba la conducción sobre su sociedad y sus bienes.

En marzo de 2025 el gobernador anunció otro objetivo preciso: licitar Los Nihuiles y Diamante como una única unidad de negocios, con un mismo operador. La Ley 9630 recogió ese propósito dentro de una emergencia transitoria de catorce meses, ordenó verificar las obligaciones de HINISA e HIDISA e informar a la Legislatura cada noventa días. No fue un cheque en blanco para cambiar el objeto ni para transformar una coordinación necesaria en una autolimitación o claudicación de la Provincia.

Sin embargo, el Decreto provincial 1436/26 cambió las reglas: Diamante desapareció; se dispuso a vender el 100% de HEMSA; el procedimiento pasó a una plataforma nacional dejando a EMESA de lado; la evaluación quedó repartida por mitades entre Nación y Provincia; y la venta de acciones y la concesión federal se volvieron indivisibles, sujetas a decisiones coincidentes. La Nación tiene competencia sobre la concesión de generación, pero no es propietaria de HEMSA. ¿Por qué Mendoza eligió darle intervención decisiva en la evaluación y condicionó la disposición de una sociedad propia a la conformidad nacional? Es una autolimitación política difícil de justificar.

La segunda decisión también exige explicaciones: vender todo. La Ley 9486 autorizaba transferir al menos el 51%; no obligaba a desprenderse del 100%. El Ejecutivo eligió vender el 100% y renunció a conservar participación accionaria, incluso más allá del esquema aplicado en los años noventa, cuando Mendoza mantuvo presencia en la sociedad. ¿Qué evaluación demostró que abandonar por completo el capital era mejor que conservar una posición estratégica y participar de los dividendos futuros?

Frente a esa renuncia, las regalías adquieren un peso incómodo. Hoy Mendoza percibe el 6% y La Pampa otro 6%; la Provincia reclama judicialmente la totalidad y la Corte citó a La Pampa al proceso. No será el único ingreso provincial, pero, vendidas todas las acciones, quedará como una de las pocas participaciones directas de Mendoza en la renta. ¿Por qué desprenderse hoy de todo mientras todavía se litiga cuánto corresponderá cobrar mañana?

Ver: "Los Nihuiles", la serie: quién se hará cargo de las centrales hidroeléctricas

La opacidad agrava el cuadro. Al cierre de esta columna, los pliegos definitivos no estaban oficialmente disponibles. No podemos afirmar como hechos cláusulas que la ciudadanía desconoce; sí preguntar por lo trascendido: ¿habrá un precio base técnicamente fundado o se admitirán ofertas simbólicas, de 1 USD, por ejemplo, respaldadas apenas por promesas de inversión? ¿Qué plazos y garantías obligarán a rehabilitar Nihuil II y III? ¿Cómo se tratarán las indemnizaciones del siniestro de 2025, cuando los estados financieros públicos de Pampa Energía registraron anticipos de seguros superiores a $9.200 millones? Vender sin transparentar precio, acreencias e inversiones abre la puerta al remate.

También permanece en sombras la fuente principal de valor de HEMSA: el precio de su energía. La Resolución 400/2025 distingue las centrales con concesión nacional, sujetas a las condiciones económicas del contrato concesional, de las provinciales, excluidas de la Generación Asignada y habilitadas para participar del Mercado a Término y Spot. Cambiar de régimen puede modificar sustancialmente la renta futura. ¿Cómo se valúan las acciones sin saber qué producción podrá contratarse libremente, cuál quedará regulada y bajo qué remuneración?

El contrato con CEMPPSA, vinculada al Grupo Neuss, requiere la misma transparencia. Ámbito y MDZ informaron que EMESA reconoció una contratación de asistencia operativa y mantenimiento no difundida inicialmente. La explicación oficial invocó vacancias gerenciales y urgencia técnica, aunque HEMSA recibió la totalidad de los ex trabajadores operativos de HINISA. Los medios recogieron sospechas sobre un eventual acceso privilegiado; el Gobierno las negó.

¿Cuál fue el procedimiento, precio, objeto y plazo del contrato? ¿A qué información técnica y comercial accede CEMPPSA? ¿Qué barreras impedirán que ese conocimiento se convierta en ventaja si una firma vinculada participa directa o indirectamente?

Tampoco puede ignorarse el Atuel. La Corte Suprema fijó en 2020 una meta interina de 3,2 m³/s en el límite con La Pampa y ordenó acordar obras y monitoreo. Su cumplimiento sigue controvertido. A ello se suma el litigio por las regalías. ¿Quién asumirá durante treinta años el riesgo hídrico, las obras pendientes y las consecuencias económicas de futuras decisiones judiciales? Ocultarlo no elimina el costo: facilita que termine pagándolo Mendoza.

Ver: Los 5 puntos para entender la situación de Los Nihuiles

¿Cuál es entonces el apuro? Se pretende resolver en pocos meses una operación que condicionará durante treinta años un activo estratégico, con los pliegos aún fuera del escrutinio público y controversias abiertas por regalías, caudales y seguros. ¿Existe una urgencia técnica documentada o pesa el calendario electoral de 2027? ¿Se adjudicará una decisión de tres décadas utilizando una mayoría legislativa circunstancial, sin procurar un consenso acorde con su trascendencia?

Los Nihuiles son agua, infraestructura, conocimiento y renta mendocinos. La palabra saqueo no debe emplearse livianamente, pero tampoco debe silenciarse cuando se vende el 100%, se reduce la capacidad provincial de decisión y permanecen sin respuesta variables que determinan el valor del activo.

¿Estamos ante una política energética o ante una liquidación apresurada? ¿Es incapacidad para sostener el plan original, obediencia al Gobierno nacional o una arquitectura diseñada para achicar controles? Si el Gobierno quiere despejar esas preguntas, debe abrir los documentos. Hasta entonces, cada silencio convierte una duda en sospecha y cada apuro acerca la licitación al despojo.

El informe completo puede consultarse en www.centrocepa.com.ar

Fuentes: Decreto provincial 1436/26; Ley 9630; Anuncio oficial de marzo de 2025; Resolución 400/2025; Informes de Ámbito y MDZ; Causa por regalías