Jubilarse antes de tiempo

 Hay una discusión que Argentina viene postergando desde hace demasiado tiempo: la edad a la que sus ciudadanos pueden jubilarse.

Es un tema que trata de evitarse, porque cualquier propuesta para aumentar la edad jubilatoria genera rechazo inmediato. Pero una sociedad responsable no puede evitar una discusión necesaria simplemente porque resulte impopular.

La realidad es sencilla: los argentinos (las personas de todo el mundo) vivimos más años que cuando se establecieron las actuales edades jubilatorias. Y mientras la expectativa de vida aumenta, el sistema previsional enfrenta cada vez mayores dificultades para financiar a una población pasiva que crece en relación con la población que trabaja y aporta.

Por eso, tarde o temprano, Argentina deberá discutir si tiene sentido mantener indefinidamente la jubilación a los 60 años para las mujeres y a los 65 para los hombres.

La respuesta, probablemente, sea no.

Pero aumentar la edad jubilatoria no significa simplemente decirle a una persona: "trabaje cinco años más". Una reforma seria debería ser gradual, previsible y contemplar las enormes diferencias que existen entre los distintos trabajos.

No es lo mismo un profesional que trabaja en un estudio, una empresa o una universidad que una persona que durante 40 años realizó tareas físicamente agotadoras. La edad jubilatoria no puede ignorar el desgaste que produce el trabajo.

Por eso, una eventual reforma debería establecer una edad general más elevada, pero permitir jubilaciones anticipadas para determinadas actividades y reconocer especialmente las tareas insalubres o de gran exigencia física. También debería existir un incentivo para quienes quieran continuar trabajando.

¿Por qué una persona que llega a los 65 años en buenas condiciones y quiere seguir trabajando debería ser considerada automáticamente alguien que debe retirarse? La experiencia, el conocimiento y la capacitación acumulada durante décadas también son una forma de riqueza.

El problema argentino, sin embargo, es todavía más profundo.

Durante años hemos construido un sistema previsional en el que muchas veces se prometieron derechos sin garantizar previamente cómo iban a financiarse. Se recurrió a moratorias, modificaciones de emergencia y diferentes mecanismos para incorporar beneficiarios al sistema. En mayo de 2025, había 5.146.612 jubilaciones del SIPA. De ellas: 3.882.657 habían sido obtenidas mediante una moratoria, es decir, el 75%. 1.263.955 habían sido obtenidas sin moratoria, es decir, el 25%.

Mientras tanto, la cantidad de trabajadores formales que sostienen el sistema no creció al mismo ritmo.

Y aquí aparece la pregunta que casi nunca queremos formular:

¿Quién paga las jubilaciones?

La paga, fundamentalmente, la sociedad activa. Los trabajadores, las empresas y el Estado, a través de impuestos y aportes.

Por eso, discutir la edad jubilatoria es en realidad discutir el futuro de los jóvenes de hoy.

Si el sistema no puede financiarse, alguien terminará pagando la cuenta. Puede ser mediante más impuestos, mayor endeudamiento, inflación o jubilaciones que pierdan poder adquisitivo.

No existe magia.

Por eso sería más honesto decirlo claramente: Argentina necesita una reforma previsional integral e incorporar nuevos criterios sobre la diferencia entre hombre y mujer. En Argentina, la regla general sigue siendo 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, con 30 años de aportes. La explicación histórica fue que las mujeres tenían una expectativa de vida mayor y,especialmente, realizaban una carga importante de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.

El problema es que esa justificación pertenece a una realidad social que cambió.

Si hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones, resulta razonable preguntarse por qué el Estado debería establecer, solamente por el sexo, una edad diferente para acceder a un beneficio previsional.

Además, hay una paradoja: si las mujeres viven, en promedio, más años, jubilarse cinco años antes significa que el sistema previsional les paga beneficios durante más tiempo. Desde el punto de vista estrictamente del financiamiento del sistema, la diferencia tampoco es sencilla de justificar.

Pero hay un argumento en sentido contrario que no debería ignorarse: las mujeres suelen tener trayectorias laborales diferentes, mayores interrupciones de su carrera por maternidad y una mayor carga de tareas de cuidado. Si se igualara la edad jubilatoria sin corregir esas desigualdades, la igualdad formal podría terminar produciendo una desigualdad real. Por eso, para una reforma moderna, ya no debiera plantearse simplemente "igualar la edad jubilatoria". Sino algo más innovador: una edad jubilatoria común para hombres y mujeres, pero con mecanismos que reconozcan las diferencias reales en las trayectorias laborales.

Por ejemplo, créditos previsionales por períodos dedicados al cuidado de hijos, compensaciones por determinadas interrupciones laborales y regímenes especiales para actividades de alta exigencia.

Eso permitiría pasar de una igualdad basada exclusivamente en el sexo a una igualdad basada en las circunstancias concretas de cada trabajador. En Dinamarca los hombres y las mujeres se jubilan exactamente a la misma edad. El sistema de pensiones no hace ninguna distinción de género y aplica el mismo umbral legal de retiro para ambos sexos por igual. El requisito se ubica, actualmente, en los 67 años. Subirá a 68 años en 2030 y a 69 años en 2035. A partir de 2040, el límite legal establecido alcanzará los 70 años para toda la población trabajadora.

Aumentar la edad jubilatoria puede ser una parte de esa reforma, pero no la única. También hay que reducir la informalidad laboral, generar más empleo registrado, mejorar la relación entre aportes y beneficios y terminar con la lógica de modificar permanentemente las reglas según las necesidades políticas del momento.

Y hay algo fundamental: la reforma debe anunciarse con varios años de anticipación. Nadie puede cambiar las reglas de juego para alguien que está a punto de jubilarse. Quien tiene 40 años hoy debe saber cuáles serán las condiciones cuando llegue a la edad jubilatoria. La previsibilidad también es una forma de justicia.

Argentina tiene que empezar a pensar su sistema previsional con una mirada de 20 o 30 años, y no con la lógica de la próxima elección.

El verdadero dilema no es si queremos que los argentinos trabajen hasta los 65, 67 o 70 años. El verdadero dilema es si queremos tener jubilaciones que podamos pagar. Vivir más es una buena noticia. El problema aparece cuando pretendemos financiar una vida más larga con un sistema diseñado para una sociedad que ya no existe.

Por eso, aumentar gradualmente la edad jubilatoria no debería ser un tabú. Debería ser parte de un debate maduro sobre el país que queremos dejarles a las próximas generaciones.

Una política previsional responsable no consiste en prometerle al ciudadano de hoy una jubilación que alguien tendrá que pagar mañana.

Consiste en garantizar que, cuando llegue ese mañana, la jubilación siga existiendo y pueda ser digna.