La Ley Jorge Newbery y sus consecuencias

La conducción del club tiene libre disposición comercial de esas hectáreas, en un lugar privilegiado. Qué dijo Fiscalía de Estado.

Pedro García Espetxe

En el Boletín Oficial del día 15 de enero se publicó la ley 9286 por la que el gobierno les hace a los actuales dirigentes del club Jorge Newbery un verdadero regalo de Navidad, al darles por cumplidos los cargos que se les había impuesto en una ley de donación anterior- ley 2206- en especial el cargo del destino de todo el inmueble para actividades deportivas y sociales dispuesto por el art 3 de la ley. 

Por lo que a partir de esta ley, la conducción del club tiene libre disposición comercial de esas hectáreas en un lugar privilegiado, por lo que no extrañe, como han pronosticado algunos, que aparezca algún negocio inmobiliario. Los buitres de la corrupción oficial y privada están merodeando.

A esta ley se opusieron los legisladores Mercedes llano y Marcelo Romano con los argumentos de:

A) la falta de intervención del Fiscal de Estado por lo dispuesto por el art 2 de la ley 728, en toda donación.

B) esta ley podía ser arbitraria e inconstitucional por irrazonable, ya que el estado ante el incumplimiento de los cargos, tenía la posibilidad de revocar esa donación y recuperar para el erario publica dichas tierras para darle el uso que mejor entienda para el bien común. Por otro lado, el precedente sería importante, ya que toda asociación civil, clubes, fundaciones etc., que tengan cargos similares incumplidos, podrían pedir un trato igualitario con las consecuencias que ello significaría.

Los legisladores votantes en forma positiva descartaron la intervención previa del Fiscal de Estado que el art 2 de la ley 728 dispone, y al final de las consideraciones manifiestan que dado el tiempo transcurrido cualquier acción estatal estaría prescripta.

Ante la sanción de la ley, los legisladores que la objetaron pidieron al Fiscal de Estado la intervención que le pudiera corresponder frente a plazos perentorios que existían.

El órgano de control rechazo este pedido, al que encuadro en denuncia, con un dictamen que puede leerse en su pág. de internet con los siguientes argumentos:

  1. respecto a su intervención, utiliza una técnica legislativa de que ley especial esta sobre ley general, aunque sea en forma tácita, para salvar esta omisión de los legisladores, pero concluye su dictamen con un mensaje en negrilla sobre todo a los que aprobaron la ley diciendo que tomen suficiente y acabado conocimiento, de lo dicho en la Nota 4) del dictamen que a continuación transcribo

Ello no me inhibe de señalar que, conforme a una interpretación coordinada de los arts. 2 inc. a) de la 728 y 177 de la CM, comparto "prima facie" la posición de los legisladores que requirieron en el debate parlamentario la intervención previa de esta Fiscalía de Estado, debiendo destacarse que, no obstante las facultades que el órgano emisor tenga atribuidas -de modificación de una ley anterior y disposición de los bienes públicos-,SERIA ACONSEJABLE DAR SIEMPRE VISTA DE LAS ACTUACIONES a este Órgano de Control extra poder, conformando su accionar a la legislación que ese mismo órgano ha emitido. Lo dicho es sin perjuicio que, en el presente caso, la inobservancia de tal recaudo permita "per se" fundar la inconstitucionalidad de la norma -con la gravedad que ello conlleva, conforme se destaca infra en el punto I.1.5.-, en tanto el Poder Legislativo tiene la competencia para exceptuarlo -y la titularidad de los bienes públicos, conforme se señala infra en el apartado I.1.3.-, pudiendo hacerlo expresamente -con la emisión de una ley en contrario o de un artículo para el caso particular- o tácitamente -como ocurre en este caso-.

B) En cuanto a la posible arbitrariedad, la rechaza en base a jurisprudencia que objeta la intervención judicial en el análisis de la discrecionalidad de la ley.

Al respecto, como bien dicen la cita que formula, solo la arbitrariedad por irrazonabilidad puede ser juzgada.

Como bien se expuso en el pedido al Fiscal, las consecuencias que puede acarrear esta ley la tornan irrazonable, fundamentalmente por considerar que los cargos perpetuos, como es el destino y uso del terreno, se encontrarían prescriptos por su antigüedad, dejando el antecedente de que otros beneficiarios de donaciones con cargo de un destino específico pidan por la igualdad ante la ley un mismo trato y se los libere del cargo.

Nuestra Legislatura ha dictado en más de 120 años unas 500 leyes que hacen a donaciones, pero como me gustan los ejemplos concretos, les marco la ley 400 de 1907 de concesión al club Gimnasia y Esgrima, de 5 has en el Parque con destino de la formación de un Field para ejercicios físicos que subsistirá mientras el terreno se use para ese destino; la ley 1897 de 1950 que donó el predio al Gutiérrez Sport Club en las mismas condiciones que al club Jorge Newbery, lo mismo sucede con Lujan Sport Club con la ley 1875 de 1950, la ley 2068 de 1952 de donación al Tiro Federal Mendoza, la ley 2403 de 1954 Club Sportivo Independiente Rivadavia, la ley 2402 de 1954 Club Hípico Mendoza, y siguen más casos. Solo hay que imaginarse si todos empiezan a pedir lo mismo.

Conclusión: con esta ley y el dictamen del fiscal de estado, ha quedado claro el reto de este último a los legisladores por que todo lo que es donación debería que pasar por Fiscalía de Estado, y respecto a su razonabilidad, el tiempo nos dirá si se prenden otros donatarios a esta ley invocando la igualdad y aprovechan la liberación del cargo del destino para futuros negocios inmobiliarios.

PEDRO GARCIA ESPETXE

DNI 8456087

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