Las dos caras de la moneda

Los actores de la seguridad privada superan a los agentes de seguridad pública. Si la ley lo establece, ¿por qué no sumar esfuerzos en una tarea que les es común? Son dos caras de una misma moneda, advierte Sergio Bruni.

Sergio Bruni

Cuando abordamos el tema de la seguridad pública y la seguridad privada no deberíamos referirnos a dos temáticas diferentes, incompatibles y divorciadas. Para debatir sobre ellas, debemos comprender primeramente que, una y otra, constituyen pilares esenciales (aunque no únicos) de la denominada "seguridad ciudadana".

La seguridad pública implica que los ciudadanos puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. En ese escenario, el Estado es su principal garante y el máximo responsable a la hora de evitar alteraciones en la dinámica del orden social.

Así, la seguridad pública es un servicio universal, pues debe alcanzar a todas las personas para proteger su integridad física y sus bienes.

Para ello se requiere una aceitada articulación de múltiples factores: la eficacia de la policía, el buen funcionamiento del Poder Judicial, las políticas estatales en su conjunto (transformadas en estratégicas si atienden a las condiciones y necesidades sociales) y la articulación de diversos sectores y actores. Los municipios, por ejemplo, son protagonistas imprescindibles que se erigen como un nivel estadual de vital importancia para la prevención del delito

Es éste el motivo, por el cual, el intendente de la Ciudad de Mendoza, haya requerido al IUSP que los próximos preventores (seguridad y vial) de su Departamento -que ingresarán por concurso- se formen en dicho instituto, como también que, los que están ya en funciones, tengan allí sus capacitaciones periódicas.

Por su parte, a la seguridad privada suele entendérsela como el conjunto de bienes y servicios ofrecidos por personas y empresas destinados a proteger a particulares a cambio de una prestación pecuniaria. Es la propia sociedad actual, cada vez más fluctuante y compleja, la que requiere permanentemente de nuevas soluciones de seguridad.

Allí es donde aparece el denominador común que nos permite clarificar que la seguridad pública y la seguridad privada no son excluyentes y que, por el contrario, necesariamente deben actuar de un modo coordinado ¿Cuál es ese denominador común? Los ciudadanos.

Por eso la Ley 6721 expresamente incluye como parte del sistema provincial de seguridad a la seguridad privada.

Es de suma importancia que la fuerza policial disponga de sus propias estructuras para hacerse cargo de las diferentes materias y situaciones que debe abordar de un modo exclusivo. Nos referimos a la violencia de género y familiar, tráfico de estupefacientes, cibercrimen, investigaciones e inteligencia criminal, delitos ambientales, entre otras. Para ello se necesita cada vez más formación especializada. El delito se mueve constantemente. La política debe anticiparse.

El Gobernador Suarez ha expresado su posición de avanzar en este sentido a través de capacitaciones diferenciadas por especialidad. Esas expresiones marcan señeramente el camino de una transformación permanente, para generar una policía con visión sistémica, estratégica e integral.

La seguridad privada no está aislada de este sistema. Esta debe atender concurrentemente otras necesidades, igualmente legítimas, enmarcadas dentro del ámbito privado. Actividades que suponen una respuesta a la demanda de quien desea resguardar sus bienes, propiedades y negocios con la contratación de este tipo de servicios de seguridad privada. Incluso la propia administración pública en ocasiones contrata estos servicios para la vigilancia de sus edificios y espacios. De esta manera, no sustrae efectivos policiales del sistema de seguridad ciudadana para cumplir determinadas funciones que el personal privado -adecuadamente capacitado- puede ejercer con total regularidad y eficiencia.

Otra de las caras visibles del sector, cuando hablamos de seguridad privada, son los "patovicas" que prestan servicios en los locales de diversión nocturna. Es muy común ver al personal afectado a estas tareas utilizando técnicas inapropiadas -por ejemplo las llamadas "palancas al cuello", que pueden ser letales si son mal aplicadas- o bien vulnerar los protocolos mas básicos -como conducir inicialmente a la persona conflictiva hacia una "zona de enfriamiento", hasta que llegue al lugar el personal policial interviniente-. La causa principal de este problema es de toda lógica: falta de capacitación. Pero el campo de referencia es mucho mas amplio aún. También integra la seguridad privada todo el personal instalador de sistemas de seguridad, encargados de centrales receptoras de alarma y demás operadores.

Hoy observamos una colaboración cada vez más estrecha de la seguridad pública y privada. Los vigiladores privados en Mendoza duplican a los nueve mil (9.000) efectivos que integran la fuerza policial. En base a este dato es que debemos preguntarnos: ¿semejante fuerza privada tiene la capacitación suficiente para contribuir eficazmente a la seguridad ciudadana?

La profesionalización, especialización y jerarquización son factores determinantes en todos los ámbitos de la seguridad, tanto pública como privada: dos caras de la misma moneda. Es responsabilidad del Estado una participación activa e inexcusable en estos trascendentes y, por qué no, vitales procesos.

EL AUTOR. Sergio Bruni. Abogado. Especializado en Seguridad y Crimen Organizado. Universidad de Salamanca. España.

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