Por qué se sacó la reforma de la ley de tierras del proyecto de propiedad privada

Cuando todo hacía prever una dura lucha por los votos para probar la ley de Tierras, el bloque oficialista decidió retirar del tratamiento el artículo 3 del proyecto porque los gobernadores aliados no pudieron garantizarle el apoyo necesario

Este jueves se trataría en el Senado el proyecto de Defensa de la Propiedad Privada, que contiene cláusulas muy importantes para la defensa de los derechos sobre esta materia. Hay que tener en cuenta que la defensa de la propiedad privada es uno de los atributos principales de la libertad.

En este sentido hay normas que tienden a acelerar los desalojos, dado que hay una gran cantidad de propiedades usurpadas y que, por caprichos procesales y legales, los jueces demoran un exceso de tiempo, mientras esas propiedades sufren deterioros. Esta ley trae normas para acelerar estos procesos.

Pero el problema es la politización de algunos sectores alertando que con esta norma se podrían vender recursos estratégicos, incluso reservas de agua dulce, ríos y lagos y hasta reservas mineras. Estos mismos sectores han sido quienes defendieron las tomas de tierra por los seudo mapuches, protegidos por la justicia.

Hay que aclarar algunos detalles muy importantes. En principio, se trataba de proteger propiedad privada porque la propiedad pública no está en el comercio y, si algún funcionario quisiera vender alguna porción de tierras, debería contar con avales legislativos y, seguramente, no los obtendría.

Otro dato que hay que tener en cuenta es que los recursos superficiales, como ríos o lagos son del dominio público. Los ríos, si nacen y mueren en una misma provincia, son jurisdicción de la misma provincia, pero si son interprovinciales, son jurisdicción de la nación, como ocurre con el Rio Colorado.

Respeto de los lagos pasa lo mismo, salvo que dicho lago, por su tamaño, sea ribereño de varias provincias, como el Nahuel Huapi, que es jurisdicción nacional. Hay otros que tienen jurisdicción compartida con otros países, como ocurre con los ríos Iguazú, Parana y Uruguay. Obvio, que ninguno de estos cursos está ni podría estar en venta.

Respecto de los recursos de subsuelo, ocurre lo mismo. El dominio es de las provincias, que son las que otorgan las concesiones. Esto se puede ver tanto en las concesiones petroleras y en las mineras. Además, económicamente, nadie compra 400.000 hectáreas o más para buscar minerales o petróleo. Pide la concesión y, eventualmente, le paga un canon al superficiario.

Aunque no haya tratamiento del tema, sería bueno avanzar en un debate serio, porque hasta hora han sido solo pancartas intencionadas. No estaba en peligro ninguna soberanía, pero llenaron de miedo a la gente y esto terminó presionando a los senadores de varias provincias.