Lo que le falta es escuchar: de verdad

La mirada de una docente que se opone a la iniciativa del gobierno mendocino en torno a la Ley de Educación.

Andrea Fontana

El gobernador Rodolfo Suarez ha comunicado (vía redes sociales) que el Congreso pensado desde la soledad profunda de la DGE para "debatir" el borrador de una ley trascendental como la de educación se prorroga -aunque resulte paradójico por ser el anteúltimo mes del año-, para noviembre, haciendo caso omiso de lo que docentes, supervisores, directivos y trabajadores de la educación estamos pidiendo. Indudablemente algo en el ejecutivo está fallando, porque no es la primera vez que no escucha, y en vez de mostrarse abierto al diálogo, se asemeja cada vez más a la peor versión de un monarca autoritario.

Hay mucho por debatir, analizar y rever y esperamos contar con el momento, el espacio y el lugar para poder hacerlo con la participación de todos y todas las docentes, pero también con la participación de familias y estudiantes.

No estamos en contra de que la provincia tenga una nueva Ley de Educación, es necesaria. Pero esta norma, tal como está y tal como se plantea debatirla NO.

En principio, se difundió de manera sorpresiva un anteproyecto de Ley de Educación. En grupos de whatsapp comenzaron a circular documentos, opiniones, análisis e información que decía que se abría un Congreso Pedagógico Provincial para debatir este "borrador" que, como imaginará el lector, es de gran relevancia para el sistema educativo y por consiguiente, para el pueblo mendocino.

Cierto es que la normativa legal que rige sobre nuestra educación data del año 2002 y se encuentra enmarcada en la Ley Federal, y no en la actual Ley Nacional de Educación vigente, la 26.206, una normativa que se caracteriza y caracterizó en su momento, por ser representativa de la comunidad educativa, debido al debate que se dio por durante siete meses, en todo el país.

Estamos en una época del año donde el cansancio acumulado empieza a pesar, y aún más viviendo en un contexto tan particular como el actual, donde nuestra casa se ha convertido en todos los espacios a los que antes del aislamiento social acudíamos de manera presencial. Esto, en el trabajo docente, donde su mayor porcentaje lo componemos las mujeres, implica: dar clases, corregir, responder el whatsapp a cualquier hora (porque nuestros estudiantes no tienen conectividad todo el tiempo y nuestro compromiso con la educación eso lo entiende y entonces respondemos consultas en el momento que sea), cuidar, limpiar, cocinar y demás.

Pero el desacuerdo con la iniciativa legislativa no viene solo por el cansancio acumulado sino porque ya está demostrado cuál es el sistema educativo que se pretende para la provincia: uno librado a la suerte de cada institución. No es otro sino ése el resultado del borrador propuesto, un sistema fragmentado y desigual, basado en las oportunidades y condiciones de vida de cada comunidad educativa. Y esto se ha visto a lo largo de estos meses.

Quienes nos desempañemos en el sistema educativo sabemos que desde el inicio de la pandemia y de la no presencialidad esto se ha hecho efectivo. Hay escuelas de gestión pública que trabajan con plataformas virtuales, otras que se apoyan en los cuadernillos del gobierno nacional que el provincial además no reconoce, otras que se comunican con las familias y estudiantes a través de whatsapp, siempre claro, que puedan sortear los problemas económicos y el acceso a la conectividad; es decir, el sistema ya está fragmentado y no es la misma educación la que están recibiendo los estudiantes de una escuela del Barrio La Favorita, que la que están recibiendo los de una escuela con una población con un nivel económico más favorable.

Lo cierto es que el apoyo del Estado ha brillado por su ausencia en los sectores más afectados por la pandemia. Y han sido docentes, el personal administrativo y los y las celadoras quienes, a pesar de no tener paritarias y cobrar a fin de mes un magro sueldo, quienes se han puesto al hombro la continuidad y el funcionamiento del sistema educativo.

El Director General de Escuelas está replicando modelos educativos de otros países que no han tenido éxito y han profundizado las desigualdades sociales y el acceso al derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Estos modelos responden a intereses corporativos que encuentran en la educación un ámbito propicio para desarrollarse y crecer económicamente, como lo pudo hacer la Fundación Varkey en Mendoza, que ocupa cargos importantes en el gobierno educativo, asesora a la DGE, y además ha cobrado por capacitar, por ejemplo, a nuestros directivos en "Liderazgo" una suma de 5 millones de pesos, que pagamos todos.

Por último, lo que pedimos es que el gobierno actual no nos deja afuera de la elaboración de una ley tan crucial para nosotros, para nuestros estudiantes y para las generaciones venideras. No solo posponiendo eventos en la agenda, sino generando un verdadero espacio democrático para darnos el debate que merece nada más y nada menos que el futuro y el crecimiento de nuestra sociedad, apoyándonos en el diálogo, la retroalimentación y el intercambio de ideas que toda elaboración de una ley (y el acto educativo por excelencia) debe contemplar.

LA AUTORA. Andrea Fontana es docente e integrante de El Aleph Educación.

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