El oscurantismo como gestión, Malargüe, una escribanía del poder económico

La historia de Mendoza se repite con una monotonía exasperante. Es la historia de los contratos escritos con tinta invisible, donde el Estado pone los recursos y el privado se lleva las certezas. Lo que ayer sufrimos con los naufragios de Potasio Río Colorado o Hierro Indio, hoy desembarca en nuestra municipalidad con un agravante, ya es un hecho consumado.

El convenio con EDEMSA no es solo un documento técnico; es la confirmación de una matriz de gestión basada en el oscurantismo. Bajo la excusa de la "confidencialidad" el Intendente Jaque ha decidido que los malargüinos no tenemos derecho a conocer el corazón de un acuerdo que compromete nuestro futuro. Cuando los empresarios de siempre imponen el silencio, la política local deja de representar al pueblo para convertirse en una simple escribanía del poder económico.

El pecado original, la sucursal local de un pacto mayor. Para entender este despropósito en Malargüe, hay que mirar hacia atrás. Este convenio es la sucursal local; del pecado original cometido por Rodolfo Suárez en 2019. Aquella prórroga express que blindó el negocio de Vila y Manzano hasta el año 2048, perdonándoles deudas millonarias a cambio de inversiones que nadie controla, tiene hoy su réplica en nuestro departamento.

Es difícil entender cómo un administrador con experiencia acepta transferir recursos a Mendoza Capital en concepto de comisiones de un 4,2% + IVA, descapitalizando el circuito comercial de Malargüe. Ese dinero que hoy se lleva la distribuidora por apretar un botón de facturación, es el que faltará en nuestras calles para bacheo o asistencia social. Pero el daño no es solo económico, es institucional; hemos entregado el control.

¿Controladores o Escribanos? La responsabilidad del Honorable Concejo Deliberante es suprema y, en este caso, su defección es total. Al votar a favor de este esquema, los ediles no solo borraron los logros de gestiones anteriores que permitían saber qué se pagaba y en qué se invertía renunciando a su función primordial de auditar.

El Pueblo no aprueba secretos confidenciales; Malargüe ha visto pasar demasiados proyectos que prometían desarrollo y terminaron en frustración, siempre bajo el mismo esquema de protección mutua entre funcionarios y empresarios amigos del poder.

El patrimonio de Malargüe no es secreto de estado, No permitiremos que se naturalice el oscurantismo como método de gestión. El Intendente debe explicar el convenio, pero el Concejo Deliberante tiene la suprema responsabilidad de no permitir que se firme una sola línea que no sea pública, auditable y, sobre todo, beneficiosa para el pueblo y no para el cinturón del estado donde cuelgan los mismos de siempre.

¿A qué le temen? La séptima cláusula de confidencialidad es un cachetazo a la transparencia. Si el contrato es beneficioso para el pueblo, ¿por qué esconderlo? Al aprobar a ciegas, el Concejo se vuelve cómplice del vaciamiento institucional. Han aceptado un sistema donde el municipio es el último en la fila para cobrar, después de que EDEMSA descuenta sus comisiones millonarias por una energía que nadie en el municipio se encarga de medir con rigor técnico. Pagaremos lo que la empresa diga que consumimos, aunque las luminarias de los barrios estén apagadas.

El perro guardián que se volvió faldero. No podemos esperar que el EPRE nos defienda. El ente regulador ha dejado de ser un organismo técnico para convertirse en una oficina de gestión política de Alfredo Cornejo. Con directivos que saltan de las subsecretarías de hacienda o de las empresas estatales como Impulsa Mendoza, directamente a las sillas del control, la distancia entre el que debe vigilar y el que firma los acuerdos ha desaparecido. Son la misma gente cambiando de despacho.

El EPRE hoy solo sirve para darle un barniz de legalidad a la entrega. Mientras sancionan a EDEMSA con multas que para el holding son simples monedas de costo operativo, convalidan el fondo de la cuestión, la captura de la caja eléctrica de la provincia por décadas.

Finalmente, las tres dudas que el oficialismo no respondió, y llegó el final de fiesta, y se aprobó el convenio dejando tres dudas que queman:

1¿Por qué pagar una "adecuación de sistema" a una empresa que ya hace este trabajo en toda la provincia? 2¿Qué pasará si la Nación ordena retirar los cargos de las facturas? ¿Quedaremos desfinanciados por no tener un Plan B? Y lo más grave:3 ¿Por qué se eliminó la posibilidad de rescindir el contrato? Han encadenado a las futuras gestiones y al pueblo de Malargüe a un servicio que no podrá ser cuestionado ni interrumpido, aunque sea deficiente.

La democracia no admite secretos. El patrimonio de Malargüe no es un secreto de Estado. La historia recordará quienes encendieron la luz para debatir y quienes, por obediencia o conveniencia, ayudaron a cerrar las cortinas para que el negocio de los mismos de siempre siga floreciendo en la oscuridad.