El Consejo de los sordos y el silencio sepulcral de Malargüe

El trasvase se cocina a espaldas del departamento que pone el recurso, bajo el amparo de un mutismo municipal vergonzoso. El Río Grande es nuestro, pero el intendente y los legisladores locales imponen un silencio sepulcral que roza la complicidad. Cuando la disciplina partidaria pesa más que la soberanía territorial, la prudencia ya no es estrategia, es entrega.

El gobernador Alfredo Cornejo ha vuelto a demostrar su innegable capacidad para la habilidad política. Mediante el flamante Decreto Nº 961, creó el Consejo Consultivo Permanente de Asuntos Hídricos Interjurisdiccionales, titulo rimbombante si lo hay. Un nombre pomposo, con ínfulas de alta diplomacia, para maquillar lo que en el fondo es una oficina de blindaje político para las decisiones hídricas que el Gran Mendoza ya tomó a espaldas del territorio.

El decreto, refrendado por los ministros Natalio Mema y Jimena Latorre, promete unificar la estrategia técnico-jurídica de la provincia ante los eternos conflictos con La Pampa por los ríos Atuel y Colorado. Sin embargo, cuando se analiza la composición de esta nueva mesa chica del agua, la realidad emerge con una crudeza que asusta, se trata de un organismo hipercentralizado en los despachos de la capital mendocina.

Ministros, Fiscalía de Estado, Irrigación y legisladores provinciales. Todos burócratas, que por cierto han demostrado ser ineficientes y muy ineficaces en el tema de la cosa pública inherente al desarrollo regional y que, además, atienden a mil kilómetros de las realidades rurales de nuestros puestos y de las nacientes de nuestros ríos.

Pero lo que verdaderamente revuelve el estómago no es la vocación centralista de un gobierno provincial que mira al sur con desdén colonial. Lo verdaderamente alarmante, lo que indigna hasta las lágrimas, es el silencio sepulcral de Malargüe.

Los dueños del agua, convidados de piedra. Recordemos que el Río Grande no nace en la Peatonal Sarmiento ni en los jardines de la Casa de Gobierno. Nace, corre y ruge íntegramente en territorio malargüino. Es nuestro recurso, nuestro ecosistema y el aire que respiran las comunidades del secano. Cualquier reactivación del debate sobre el trasvase al Atuel impacta en primera línea sobre nuestra geografía.

Sin embargo, en este flamante Consejo Hídrico, Malargüe vuelve a ser el convidado de piedra. Mientras la dirigencia de General Alvear y San Rafael presiona en bloque, defiende a sus regantes y se hace escuchar en los pasillos de la Legislatura, en Malargüe reina una anestesia generalizada que asombra por su cobardía y sumisión.

Falta de una estrategia territorial unificada. A diferencia de Alvear o San Rafael, donde las cámaras de comercio, los inspectores de cauce y los políticos se abroquelan sin grietas cuando se habla del Atuel, en Malargüe ha costado históricamente consolidar un frente único y transversal que defienda los recursos estratégicos minería, energía, agua con una sola postura innegociable ante Mendoza.

Este nuevo Consejo Hídrico que crea Cornejo, al tener dos miembros de la Legislatura (uno por Diputados y uno por Senadores), abre la pregunta obligada: ¿Quién va a sentarse ahí a exigir que el inventario ambiental del Río Grande se respete y que Malargüe reciba las compensaciones de desarrollo que le corresponden por ceder su agua? ¡Ni cloacas tenemos en nuestro departamento!

¿Dónde están los legisladores de nuestro departamento? Esos que deberían estar exigiendo por ley que Malargüe tenga una silla permanente y con derecho a veto en ese Consejo. ¿Dónde están las cámaras locales, los inspectores de cauce, las entidades intermedias, el HCD local?

Pareciera que la disciplina partidaria y el temor a perder la pauta o el favor político de seguir colgados del cinturón prebendario del Ejecutivo provincial o municipal, son argumentos que pesan más que la defensa irrenunciable del suelo que los vio nacer y de aquellos que por decisión de vida están radicados en este hermoso territorio.

Un intendente que sigue mudo ante el despojo. Mención aparte merece por su rol en la conducción municipal. Frente a un decreto provincial que viene a institucionalizar el manejo de nuestros recursos naturales con una clara intencionalidad electoral de cara al 2027, el intendente de Malargüe ha elegido el camino del mutismo absoluto. Un silencio sepulcral y sobrenatural que aturde.

Habrá que recordarle urgentemente al jefe comunal, y de paso a los legisladores, concejales e instituciones intermedias, que en Mendoza ya rige la Ley Provincial 9.641, una norma aprobada por su propio color político para castigar con sanciones disciplinarias el 'silencio' de los funcionarios. Esa ley obliga a identificar con nombre, apellido y cargo al burócrata que se esconde en la mora y la inacción.

Qué fenomenal hipocresía, mientras en la capital tipifican el silencio administrativo como una falta condenable, el intendente de Malargüe lo usa como estrategia de supervivencia. Si la ley persigue al que calla en un expediente, el pueblo hacedor de este departamento debe juzgar con la misma vara este silencio político que no es prudencia, sino una flagrante entrega de nuestra soberanía territorial.

Pregunto: ¿Cuál es la postura oficial del municipio ante el trasvase que se cocina en Mendoza? ¿Qué compensaciones de infraestructura, qué planes de conectividad rural, qué inventarios ambientales se van a exigir para el Río Grande antes de que entreguen el caudal para salvar las papas de los oasis vecinos y cumplir con La Pampa? No hay respuestas. Solo hay un rendirse político intolerable, una obediencia debida que prioriza la supervivencia en el cargo por encima de los intereses estratégicos del departamento.

Este concepto ya lo repetí varias veces, gobernar Malargüe no es solo gestionar el día a día de un municipio quebrado o sacarse fotos de protocolo. Gobernar Malargüe exige, por historia y por mandato popular, ponerse de pie y plantarse ante Mendoza cuando se meten con nuestra riqueza. El silencio actual roza la complicidad.

El peligro de la entrega definitiva

Mendoza se prepara para debatir su estrategia hídrica con las cajas vacías que dejó el desvío de los fondos de Portezuelo. Y la trampa del Decreto 961 es perfecta, arman un consejo técnico para que la culpa de lo que NO se haga, sea de los abogados o de los ingenieros, mientras la política sigue usando el agua como bandera de campaña. Si la hipocresía tiene un nombre ese nombre es Alfredo Cornejo y sus secuaces.

Si la dirigencia malargüina, con el intendente a la cabeza, no abre la boca ahora, si no rompemos este cerco de sumisión, el destino está sellado. Nos van a sacar el Río Grande a cambio de nada. Nos van a dejar el desierto y las promesas incumplidas, mientras los ministros de la capital se cuelgan las medallas en el 2027.

Es hora de que Malargüe despierte de esta indigna larga siesta, que enoja y ofende. El agua es nuestra, la soberanía territorial es nuestra, y el silencio ya no es prudencia, es entrega. ¿Hasta cuándo vamos a ser los convidados de piedra en el banquete del agua?