El puente de la desidia y la gran mentira del no nos corresponde

El dinero y las facultades legales están, pero a Malargüe lo siguen condenando como "zona de sacrificio vial" mientras el asfalto sobra en otros departamentos. Con la vigencia del convenio de 2025 y los millones de Portezuelo, la Provincia ya no puede escudarse en el "no nos corresponde". Mientras Vialidad Nacional y el Gobierno Provincial se reparten culpas y presupuestos en los grandes centros urbanos, la comunidad local exige romper el silencio y la resignación ante un puente obsoleto que ya no perdona la burocracia. 

¿Hasta cuándo vamos a callar?. Un repaso feroz a las pruebas de una discriminación política que pone en riesgo nuestras vidas.

POR HORACIO MARINARO

El grave accidente ocurrido esta semana en el puente sobre el río Malargüe, en la Ruta Nacional 40 Sur, donde dos turistas neuquinos terminaron en el cauce del río tras superar una baranda obsoleta, no inaugura un problema: lo expone con una crudeza insoportable. Las pericias dirán qué causó el siniestro, pero la única verdad que salta a la vista es que ese puente es, desde hace años, una trampa mortal anunciada.

Ante este panorama, la pregunta ya no es técnica. Es política, profunda e incómoda: ¿Hasta cuándo vamos a callar y permitir que Malargüe siga siendo condenada como zona de abandono?

La comedia de los malos actores y el "biombo" judicial

Papeles, resoluciones y fotos sobran. En 2018 se pedían informes; en 2019 el Concejo Deliberante exigía a Vialidad Nacional un puente nuevo advirtiendo que un acceso clave a la ciudad no puede ser de una sola mano; en 2023 se habló de riesgo inminente; en 2024 de la falta de guardarraíles; en 2025 de emergencia vial. ¿Y qué cambió? Nada. En Malargüe, el peligro se volvió tan cotidiano que nos quieren hacer creer que esquivar la muerte camino al trabajo o a los distritos es parte del paisaje natural.

Durante años, la delegación local de Vialidad Nacional, bajo la gestión del Ing. Guillermo Amstutz, nos arrulló con el cuento del "litigio" entre las empresas OPS y Chediak (Expediente Nº 17126/2016). Ese conflicto judicial, nacido de la obscena complicidad política del kirchnerismo para inflar a empresarios amigos como Mario Cifuentes, funcionó como la pantalla perfecta. Nos pedían que no especulemos políticamente, mientras nos condenaban a romper cubiertas en el ripio y a cruzar un puente del siglo pasado.

Se fue el gobierno anterior, llegó el ajuste, mutó el color político, pero la respuesta para Malargüe sigue siendo exactamente la misma, excusas y nada de nada.

El fin de la excusa y del pretexto, la plata está, pero Malargüe es "zona de padecimiento "para el gobierno nacional y provincial

Hoy, la dirigencia política provincial y municipal ya no tiene dónde esconderse. La vieja pretexto administrativo de "es una ruta nacional, a nosotros no nos corresponde" se cayó a pedazos el 14 de mayo de 2025. Ese día, el Gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio histórico con Vialidad Nacional. Mediante ese acuerdo, la Provincia de Mendoza asumió la ejecución directa, el mantenimiento y el financiamiento de 235 kilómetros de rutas nacionales en territorio mendocino.

Es decir, desde hace más de un año, el Gobierno de Mendoza tiene la facultad legal y operativa de meter las máquinas en las rutas nacionales si se le da la gana. Y si hablamos de recursos, la mentira es todavía más grande. Tras la frustración de Portezuelo del Viento, la provincia dispone de los 1.023 millones de dólares del resarcimiento por la Promoción Industrial como le gusta decirlo hoy el gobernador y sus acolitos. Plata hay. Herramientas legales, también, pocas ganas, también

Sin embargo, cuando miramos el esquema de prioridades de Cornejo y su ministro Natalio Mema, la realidad nos cachetea y eso nos calienta mucho. Los millones y los equipos de Vialidad se despliegan con la velocidad de un milagro en el Gran Mendoza y en San Rafael (con la repavimentación de la Ruta 143, colectoras en el Acceso Sur y terceras trochas). ¿Y para la Ruta 40 Sur en Malargüe? Nada de Nada. Ni un metro de asfalto, ni un guardarraíl decente, ni un cartel de peligro. Los 8 kilómetros de asfalto pulverizado desde la calle Fortín Malargüe hasta el puente siguen siendo una pista de destrucción masiva.

Aportamos inmensos recursos minerales, energéticos y turísticos a la provincia y a la Nación, pero a la hora del reparto nos tratan como una zona de sacrificio. Privilegian los grandes padrones electorales del norte y del centro del Sur, y a nosotros nos tiran al fondo de la lista. Los malargüinos no somos pelotudos. Sabemos que cuando hay voluntad política, la justicia camina rápido y el asfalto aparece.

Romper el silencio o aceptar la resignación. Lo que pasó esta semana con el auto caído al río pudo ser una tragedia fatal. ¿Qué están esperando? ¿Cuántas resoluciones más tienen que acumularse en los cajones? ¿Cuántas vidas valen el asfalto de la Ruta 40?

La salida no puede ser el reenvío de una nota burocrática o una foto de compromiso en las redes sociales. El Intendente, los legisladores del departamento y las autoridades provinciales tienen que plantarse. Tienen que exigir que, mientras se define la obra del nuevo puente, se ejecuten de inmediato medidas provisorias de seguridad: bacheo y reconstrucción de los 8 kilómetros destruidos, señalización seria y la colocación urgente de guardarraíles de alta resistencia sobre el río.

Tantos años de promesas incumplidas, de ver pasar de largo el progreso hacia otros departamentos, parecen haber empujado a la comunidad hacia el cansancio. Pero el silencio, cuando la vida de nuestras familias está en juego, no es prudencia: es resignación. No podemos naturalizar el abandono. Una comunidad que deja de reclamar lo básico empieza a perder su derecho a un futuro digno.

Es hora de exigir con memoria, con fuerza y con la verdad sobre la mesa. Y al funcionario de turno que no tenga la estatura política para gestionar lo que nos corresponde, se lo decimos cortito y al pie: que pase el que sigue.