Más de 166 impuestos y un Estado que no se achica

El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y un planteo reiterado, que ahora se vuelve necesario por las consecuencias de la cuarentena.

Daniel Ariosto

El sistema impositivo de la Argentina es ineficiente, regresivo, sobredimensionado e injusto. Eso es una verdad que hace años venimos soportando y denunciando.

Se estima que nuestro país tiene 166 tipos de impuestos, todos distorsivos y que constituyen una verdadera maraña tributaria. A contar y saber: 42 impuestos nacionales, 41 impuestos provinciales, 83 tasas municipales. Los mismos pesan sobre cualquier actividad formal en la Argentina. (Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

En épocas normales, esto es un una verdadera carga que impide al capital privado obtener ganancias y muchas veces, sostener las obligaciones mínimas para subsistir.

Tras el aislamiento social preventivo y obligatorio y meses sin facturar o con cifras mínimas de facturación, en muchos casos, los empresarios nos vemos incapaces de pagar las obligaciones mensuales y muchísimo menos, afrontar planes de pagos o deudas previamente contraídas con los sistemas recaudatorios.

Muchos vemos con beneplácito cómo en muchos países que han sufrido las mismas o peores consecuencias de la pandemia, bajan impuestos y flexibilizan las obligaciones hacia el Estado. Esto con el objetivo de dar un respiro a las empresas para que vuelvan a funcionar y por un tiempo, puedan regenerar su situación, hasta volver a funcionar como antes.

En nuestro país, en cambio, la AFIP continúa con su presión y la rigidez de sus exigencias sobre el sector privado, aun en la actual situación de parálisis económica- comercial de todas las actividades productivas

Se ha llegado a un agotamiento del contribuyente que ya venía vapuleado y que hoy, no puede (no tiene cómo) hacer frente a tanta presión. Es más, se siente defraudado por estar exigido a pagar tanto para sostener un Estado que no se ajusta, ni aún en casos tan extremos como el que estamos atravesando a causa de la pandemia del COVID-19.

Todas las gestiones asumen prometiendo generar cambios en el sistema impositivo y casi sin excepción, terminan imponiendo un nuevo impuesto para recaudar más, a un agotado sector formal que no solo carga con sus obligaciones sino, como mínimo, con la carga de un 50% que no aporta o lo hace parcialmente.

Es imperioso y urgente que, por un lado, el Estado brinde una oportunidad al empresariado para que pueda recuperarse, para cumplir con su principal obligación que es el sueldo de sus empleados y lo vital, para subsistir y funcionar. En segundo lugar, un urgente y necesario ajuste, en todos sus aspectos: sueldos exorbitantes, cantidad de personas que conforman un sector público sobredimensionado (secretarios, asesores, ayudantes, choferes y muchos etc....) por mencionar algunos aspectos.

Esta situación que atravesamos es una coyuntura ideal para repensar el verdadero rol del Estado y en la urgente necesidad de una reformulación general de AFIP y su función como ente recaudador.

Hay un tema que es conceptual y es referido a la competitividad, tarea en la que los empresarios le ponemos la vida.Hemos hablado muchas veces de que construir competitividad es una tarea compleja, que involucra a todos los actores de cualquier cadena de valor. Uno de esos actores es el Estado y si este, por su relevancia, aporta menos valor de lo que retira, lo que hace es destruir la competitividad. Adecuarse a las situaciones de nuestros competidores debería ser la primera tarea a garantizar por la Administración Nacional y desde allí, con un proceso de modernización, llegar a un Estado Inteligente y profesionalizado, que sea capaz de adaptarse sin destruir posiciones competitivas.

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