Minería sí, minería no, ¿esa es la cuestión?

El estancamiento de Mendoza no se resolverá con la instalación de nuevas industrias extractivas ni con acceso al crédito externo, sino con la formación y el aprovechamiento de nuestro capital humano.

Juan Minetto

Europa, Irak, Afganistán (y Mendoza)

Todos conocemos la historia del milagro económico europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil pensar que hubiera ocurrido de no haber sido por la ayuda de Estados Unidos, que destinó 135 mil millones de dólares (actuales) para la reconstrucción del continente. Pero tampoco podemos explicarlo ignorando la fortaleza de las instituciones de las sociedades europeas, o la formación y productividad de sus trabajadores. Eso, hoy entendido como capital humano, fue clave para aprovechar la ayuda de Washington y asegurar un crecimiento sostenido.

En cambio, Irak y Afganistán, igualmente azotados por guerras, con casi 200 mil millones en ayuda estadounidense aún no consiguen expandir sus economías. Diversos factores pueden explicar su retroceso, en particular los relacionados a las fracturas étnicas. Sin embargo, es imposible obviar las fragilidades institucionales, las administraciones ineficaces, y el acceso desigual a la educación (con el resultante impacto sobre los niveles de capital humano).

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El contraste entre estas dos realidades nos orienta respecto del orden de importancia de los factores que determinan la generación de riqueza. De hecho, algo similar ocurre con el aprovechamiento de los recursos naturales. Muchos países ricos en petróleo como Nigeria o Venezuela presentan bajos niveles de desarrollo. Y hay otros como Suiza, que con recursos relativamente escasos logran niveles de vida envidiables. También está Canadá, que recurre a la minería y es igualmente rico.

Dicho de otro modo, la formación de capital humano y el fortalecimiento de las instituciones con administraciones públicas eficaces y profesionalizadas son determinantes para el progreso. Ni los recursos naturales, ni la ayuda exterior, ni cualquier elemento ajeno a las capacidades de las personas son, per se, garantía de crecimiento.

¿Qué sucede y qué debería suceder en Mendoza?

Los debates por la minería y el acceso al crédito externo dominan el debate público a nivel provincial. Y si bien es cierto que se necesita financiamiento para mejorar la infraestructura, o que debemos desarrollar nuevos sectores de la economía porque con el petróleo y la agricultura no alcanza, no es verdad que la solución al desempleo y la pobreza llegarán con mega obras o con la instalación de mineras.

El foco debería estar en el aseguramiento de la eficacia del empleo público. Ante una burocracia que parece inflada, la gestión del exgobernador Cornejo demostró cierta habilidad en evitar el despilfarro del dinero público en sueldos. El porcentaje del presupuesto destinado a pagarlos bajó del 60,5% en el primer trimestre de 2015 a 54% en 2019. Pero la batalla no termina ahí. No se trata de tener pocos empleados, sino de que los que estén sean los mejores; una cantidad justa y una calidad óptima.

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En tal sentido, el ingreso o ascenso dentro del Estado no puede depender de intereses particulares o por afinidad política. Los ingresos por concurso a la Administración Pública Provincial deben ser la regla y no la excepción. Solo incorporando al personal más capacitado aseguramos aprovechamiento de las capacidades de los mendocinos y mejoramos la performance del Estado.

Por otra parte, no hace falta ahondar en la ya explorada necesidad de que el Estado invierta en educación. Existe un consenso respecto al rol que ésta juega a largo plazo en la generación de riqueza. Pero también hay algo que Mendoza puede hacer en el corto y mediano plazo en este sentido: incrementar el número de capacitaciones a funcionarios y recurrir a las ayudas ofrecidas en esta materia desde distintos organismos internacionales.

Por último, y este es un llamado al mendocino de a pie: las marchas contra la derogación de la 7722 hablan de una sociedad civil vibrante y comprometida. Ahora bien, ese mismo empeño debería existir para obligar al Estado a profesionalizarse. No debería preocuparnos tanto la explotación minera en sí misma. Si se hiciera de forma responsable y estuviera supervisada por instituciones sólidas y personas capaces y honestas, podría servir como un instrumento para el desarrollo. Si en cambio estos recursos fueran a terminar a las manos equivocadas, o fueran administrados por gente menos capacitada, entonces podremos acabar con la cordillera de los Andes, pero nunca saldremos del estancamiento.



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