La entrada al laberinto legal y cobrar por la ineficiencia

La encerrona del COIRCO y el fallo de la Corte Suprema por el Atuel demuestran la peor de las hipocresías del Departamento General de Irrigación, presionar por agua ajena para tapar un sistema provincial obsoleto que derrocha el 95% de su recurso.

El debate hídrico en Mendoza ha caído en una trampa de cinismo institucional que ya da lástima. Se intenta presentar el trasvase del Río Grande al Atuel como una gesta patriótica inminente, ocultando de forma deliberada el laberinto legal y político que mantiene la obra totalmente empantanada. El binomio Gobierno-Irrigación prefiere buscar culpables afuera o inventar comisiones de abogados antes que mirar el desastre que gestionan tranqueras adentro.

El primer freno insalvable tiene nombre propio, COIRCO. Bajo el amparo del Tratado del Río Colorado de 1976, Mendoza pretende hacer valer un cupo teórico de 34 m3 (este volumen está sujeto a otros actos). Sin embargo, la impericia política de la provincia en las últimas décadas generó un precedente histórico nefasto tras el revés de Portezuelo, hoy, ninguna provincia de la cuenca puede tocar un solo litro de agua sin un Estudio de Impacto Ambiental Integral aprobado por el voto unánime de las cinco jurisdicciones. Pensar que La Pampa, Neuquén, Buenos Aires o Río Negro van a levantar la mano para cederle agua al Atuel en plena crisis hídrica estructural es de una ingenuidad que asusta, o de una hipocresía que indigna.

Pero la verdadera encerrona matemática la firmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2020. El fallo es taxativo, Mendoza está obligada a garantizar un caudal mínimo ambiental de 3,2m3 de forma permanente en el límite con La Pampa. Aquí se desarma la gran mentira que les venden a los regantes de San Rafael y General Alvear. Si Mendoza gastara los millones que no tiene en hacer la infraestructura para trasvasar el Río Grande, esa agua no iría a ampliar los cultivos ni a salvar la agonía del oasis sur mendocino.

Por estricto mandato judicial, parte de esa agua nueva tendría que seguir de largo para cumplir con el caudal pampeano. Irrigación lo sabe perfectamente, armar este circo político implica un esfuerzo descomunal para terminar regándole el oeste a La Pampa y cubrir las deudas legales de la provincia con recursos malargüinos.

La desidia estructural es escandalosa, y la gran paradoja hídrica de Mendoza en pleno Siglo XXI es que el binomio compuesto por el Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación sigue funcionando con una mentalidad del siglo XIX. Mientras insisten de manera casi caprichosa con proyectos de trasvase para trasladar agua de cuencas ajenas, estas instituciones demuestran una inacción alarmante para impulsar y financiar la verdadera modernización de lo que ya tenemos.

Es una realidad inadmisible, en la provincia que se autopercibe como un modelo global de gestión del agua, hoy todavía se riega a manto, inundando la tierra como hace cien años el 95% de la superficie cultivada. La ineficiencia del sistema es escandalosa; casi la mitad del recurso se pierde por infiltración en canales de tierra antes de llegar a la planta. Irrigación ha decidido mirar para otro lado, cobrando altos cánones, pero haciendo nada de nada para financiar la tecnificación obligatoria o el riego por goteo, finca adentro. Esto ya lo describimos en notas anteriores

Eso sí, prefieren presionar políticamente para quedarse con el caudal del río Grande y el esfuerzo de los malargüinos, antes que asumir el costo político y técnico de sanear su propia ineficacia e ineficiencia además de la tremenda desidia estructural de sus propias superficies de riego tradicionales.

Mendoza vende al mundo un relato de vanguardia hídrica que contrasta de manera obscena con la realidad de sus vetustos canales. Detrás de ese marketing verde y de las pomposas exposiciones internacionales, Irrigación opera con una lógica de colonialismo hídrico respecto al sur. Ve a Malargüe como una cantera de recursos hídricos para subsidiar la ineficiencia estructural de los oasis tradicionales. Resulta inadmisible que, bajo la pantalla de una administración ideal, se derroche casi la mitad del caudal en redes primarias, secundarias y terciarias, de tierra sin impermeabilizar, perpetuando un riego arcaico por inundación que atrasa cien años.

El ente regulador funciona hoy como una eficiente oficina de recaudación de cánones que prefiere mirar para otro lado, cobrando puntualmente las tarifas, pero relegando la tecnificación al olvido.

Para la ley del menor esfuerzo del poder capitalino, resulta políticamente gratis exigir el sacrificio ecológico del Río Grande malargüino antes que asumir el costo de auditar el fenomenal derroche que amparan sus propios despachos exigiéndole inversión genuina al lobby del norte mendocino.

Para Malargüe, el panorama es de una claridad meridiana. Frente a la parálisis cruzada del COIRCO y los fallos judiciales, el agua que nace y CORRE en nuestro territorio debe defenderse para nuestro propio desarrollo. Las líneas de alta tensión, la infraestructura del Polo Industrial Pata Mora y el agua para nuestros habitantes del secano no pueden seguir esperando que la capital resuelva sus crisis de obsecuencia e ineficiencia. El agua es nuestra, y el silencio frente a este banquete de burócratas ya no es prudencia; es, lisa y llanamente, entrega.