Sobre incompatibilidades y republicaneros

"El gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato". Art. 115 Constitución Mendoza de 1956.

Lucas Gómez Portillo

La postulación como candidato a Senador Nacional por parte de nuestro actual Gobernador, en violación ostensible a lo dispuesto por el art. 115 de nuestra Constitución Provincial del ´56 que prohíbe al conductor del Ejecutivo provincial ser elegido como Senador Nacional hasta un año después de haber finalizado su mandato, trae aparejada necesarias reflexiones, tanto de índole ética como jurídico-constitucionales, que merecen las siguientes líneas.

Lo primero que cabe decir es que este tipo de comportamientos no aportan en nada a una mayor transparencia republicana, ni colaboran a la credibilidad de nuestros representantes, todo lo contrario. Es un claro mensaje de pícara, cuando no ilegal, perpetuación en los cargos públicos, tomando como vitalicia la renta pública por parte de algunas personas que viven desde hace años de la política, a toda costa, incluso contrariando lo que sin dudas estipula nuestra propia Constitución, actuando como patrones de estancia, decidiendo por sí sólos como deben interpretarse las leyes.

Si el Sr. Gobernador cree que nuestras normas constitucionales están en "desuso" o son "vetustas" debería pedir la interpretación al único órgano constitucional que puede decidir tal cosa, el Poder Judicial. No existen además tales categorías en nuestro sistema, el Poder Judicial, en todo caso, dirá si esa norma es Constitucional o no, pero no si le conviene al gobernante de turno o si la considera vieja o usada.

Esto lleva a una segunda reflexión. Ya resulta un tanto hartante la cantinela de que hay gente que combate al populismo o viene a salvar la república, los mismos que no ahorran en atropellos institucionales y violaciones a la constitución y las leyes para tan noble fin. Si de verdad a los ex gobernadores y el actual gobernador, todos varones que se quedaron con las listas del oficialismo como coto de caza, les interesa en algo la república, primero deberían respetar la Constitución provincial de 1956.

El tema es también ético desde otro punto de vista. Nos proponen a los ciudadanos votar a gente que ni siquiera tiene pensado ocupar esos lugares. En el caso del Ex Gobernador Cornejo ni siquiera asiste hoy a cumplir funciones a su actual cargo de Diputado Nacional y anuncia a toda voz que será un Senador que no tiene pensado cumplir los seis años que le corresponden, violando el pacto electoral con sus votantes. En el caso del Gobernador actual se postula para ver si tiene un futuro conchabo, en un cargo que le resulta incompatible legal y materialmente con su actual función. Es un triste ejemplo y un muy mal mensaje para una sociedad, que en medio de una crisis económica y sanitaria única en nuestra historia, está esperando otros gestos y compromisos políticos de parte de su dirigencia.

Esta candidatura evidencia, lamentablemente, la actitud de quienes acostumbrados a vivir de la política desde hace décadas buscan asegurar al actual Gobernador un futuro empleo como si la política se tratara de una mera bolsa de trabajo.

Sólo piensan en proyectos personales y en sus bolsillos.

Yendo a lo jurídico debe ante todo quedar claro que la evaluación y decisión de si el artículo 115 de la Constitución Provincial de 1956 es Constitucional en confronte con la Constitución Nacional sólo puede ser determinado por una autoridad Judicial, no siendo republicano que el propio Gobernador interprete y resuelva la constitucionalidad o no de una norma de rango constitucional. Recordemos que el propio Diputado Cornejo en oportunidad del Golpe de Estado en Bolivia relativizó el mismo indicando que se había tratado de una "anarquía" y un "desborde" del que fue culpable, según su entender, el ex presidente Evo Morales por haber interpretado la Constitución para darse un nuevo mandato. Es el mismo que hoy tuerce el texto constitucional para justificar que el gobernador haga lo que tiene prohibido.

Por otro lado vale la pena tener presente que si se considerara vigente la Constitución provincial de 1949 (derogada por un decreto militar en 1956) perfectamente podría el Sr. Gobernador ser candidato, ya que en dicho texto no se encuentra esta incompatibiliad. Pero es el mismo Gobernador el que considera vigente la Constitución de facto del 56, cuya reforma ha impulsado no hace mucho.

Esto muestra, por otra parte, la necesidad ineludible de reparar la fractura constitucional existente en nuestra provincia, la cual cuenta con dos constituciones superpuestas y contradictorias.

En otro orden de ideas, sin perjuicio de que sólo podría tomar la decisión el Poder Judicial, quizás no esté completamente equivocado el Sr. Gobernador respecto de que la Constitución Provincial no puede reglamentar las condiciones exigibles para ser Senador Nacional, ya que son regulaciones exclusivas y privativas de la Constitución Nacional.

Lo que también debe decirse es que si puede, y hace, la Constitución Provincial es reglamentar las condiciones e incompatibilidades para ser Gobernador, y ahí el argumento del candidato antirrepublicano no encuentra buena suerte.

Lo que hace la Constitución de Mendoza del ´56 es impedirle ser candidato a Senador Nacional si quiere seguir siendo Gobernador. No le puede negar ser candidato, pero para poder serlo la Constitución de 1956 es clarísima, debe renunciar ineludiblemente a su cargo de Gobernador.

La decisión personalista de atornillarse a cargos públicos de por vida de nuestro actual Gobernador choca con la Constitución y pone en serio riesgo la institucionalidad de Mendoza.

Lo correcto desde lo constitucional sería que deponga su candidatura para seguir siendo Gobernador o dar un paso al costado como máxima autoridad del Ejecutivo provincial, tal y como se lo impone la Constitución por la que él juró al asumir, para poder ser candidato a Senador Nacional.

Quizás tanto desparpajo de parte de quienes hace casi 6 años gobiernan la provincia sea explicable por la convicción de impunidad de quien ha avasallado todos los mecanismos de control estatal. ¿Quién les puede decir que lo que están haciendo es inconstitucional? ¿Quién hará cumplir la Constitución si los que lo tienen que hacer son los mismos que la violentan?

Mgter. Lucas Gómez Portillo

Abogado Constitucionalista

Miembro del Centro de Estudios Constitucionales de Mendoza