El gobierno planea modificar la fiscalización para aumentar la recaudación

 A medida que se avanza en este proceso de estabilidad y, dejando atrás las prácticas propias de la inflación, tanto los sectores empresarios como los ligados al gobierno comienzan a ver de qué forma asegurarse recursos. Antes, con la inflación, se sacaban sumas de dinero que eran licuadas en parte por la inflación y nadie necesitaba hacer ninguna transformación.

En tiempos inflacionarios, el Estado podía recurrir a crear nuevos impuestos o tasas y de esta manera asegurarse recursos. Pero, en la realidad actual, los gobernantes no solo no pueden crear impuestos, sino que tienen una fuerte presión por bajar muchos de ellos y eliminar otros tantos. La presión fiscal es el mayor obstáculo para la competitividad. Hay sectores que, directamente, piden devaluación.

La nueva realidad está obligando a las empresas a llevar sistemas de costos mucho más detallados y con controles muy estrictos porque las rentabilidades han caído en forma abrupta mientas la competencia, sobre todo con productos importados, también crece rápidamente.

Y mientras el sector privado libra día a día una batalla por la supervivencia, en el Estado hay sectores que están agudizando el ingenio para aumentar la recaudación y salen a buscar en aquellos sectores donde, intuyen, hay mayores posibilidades de evasión.

En estos días se supo que en poco tiempo la gente de ARCA cambiará las formas de fiscalización que, hasta ahora, se basan en una declaración jurada presentada por la empresa y la liquidación del impuesto correspondiente. Pero ya se han cruzado con gente que declara mucho menos o que directamente no lo hace poque, además tiene proveedores que también les proveen en negro. La idea es ampliar la base de contribuyentes.

Frente a esto y a los costos de la fiscalización, tiene pensado cambiar el esquema, para lo cual están terminando de diseñar un sistema informático que cruza distintas variables y, de esa manera, ARCA le determinará el impuesto al contribuyente para este pague. Si alguien no está de acuerdo, deberá presentar documentación probatoria para poder recuperar lo pagado de más.

Este sistema se está aplicando en la ciudad de Buenos Aires para recaudar ingresos brutos, pero, en este caso, será mucho más amplio y podría conectarse con los organismos tributarios de las provincias para replicar el sistema. Esta es una respuesta a las demandas que las empresas más grandes, especialmente grandes cadenas de supermercados hacían al gobierno por la cantidad de negocios que no emiten comprobantes o no los declaran.

De la misma forma, servirá para controlar a todas las cadenas de proveedores porque para que alguien venda en negro debe tener proveedores que lo abastezcan en las mismas condiciones para no quedar descalzado con los impuestos. No descartan usar software con inteligencia artificial para asegurarse la trazabilidad de las operaciones.

En ARCA calculan que hay, en el país, un 50% de comercios minoristas que se manejan en la informalidad, total o parcialmente. En esto las grandes cadenas se quejan porque, argumentan, ellos pagan todos los impuestos y tienen a todo el personal en blanco mientras algunos comerciantes los tiene directamente sin registrar o lo hacen como trabajando media jornada, cuando en realidad les hacen cumplir 48 horas semanales.

En tiempos de alta competencia, donde los márgenes se comprimen, todos salen a ver quién se ha llevado una parte de lo suyo. El problema es que todos miran al gobierno y le piden bajar impuestos y el gobierno dice que si no aumenta la recaudación no pueden hacerlo. ¿El huevo o la gallina? Y lo importante sería que se haga en conjunto con las provincias porque, si se bajan impuestos, habrá menos coparticipación y las provincias no han hecho los deberes de bajar el gasto.

Lo cierto es que el gobierno está trabajando en forma acelerada para aplicar este sistema y este fue un anuncio que el ministro Caputo les hizo a los directivos de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) que reúne a las más grandes cadenas nacionales.

Panorama financiero más tranquilo

Después de conocer los datos del índice de precios de junio, que creció 1,9%, el gobierno mira el futuro con más optimismo. Incluso, el viernes, se conoció que el índice de precios mayoristas de junio había crecido solo 1,1%, lo que anticiparía que el índice minorista de julio podría seguir bajando, con suavidad, pero manteniendo la tendencia.

Por otra parte, hubo, en principio, una buena rección en los mercados y el riesgo país estuvo coqueteando los 400 puntos básicos, pero al recrudecer el conflicto en medio oriente el mal humor les ganó a todos. El petróleo, que había bajado hasta us$70 dólares el barril volvió a subir hasta llegar a us$88. Esto arrastró a todos los papeles de todos los países y hubo baja generalizadas en las bolsas.

El dólar tuvo pequeñas oscilaciones y, finalmente, terminó cotizando $1500 junto cuando el BCRA corrigió por inflación el nuevo techo de la banda de frotación que se fue a $1880. El Banco Central sigue comprando reservas y ha superado los us$12.000 millones desde comienzo de año. Los inversores ven estos datos, pero, aseguran, tiene dudas de que Milei consiga la reelección. Por eso demoran sus proyectos.