Errores no forzados que complican el futuro de Milei

Después del ataque especulativo que sufrió el año pasado, el gobierno consiguió enderezar la acción de la macro y la inflación comenzó a bajar, aunque en julio sufrió un pequeño traspié. Aunque se puede atribuir a cuestiones estacionales pero lo cierto es que el camino es muy lento.

No obstante, han aparecido consecuencias de las acciones del gobierno que comienzan a golpear a la población y generan presión sobre el gobierno y genera mucho mal humor. Uno de estos temas es el problema de la morosidad de los créditos, que ya alcanza a 6 millones de argentinos. El otro problema es el estancamiento en la actividad vinculada a la industria, el comercio y la construcción.

Son todas consecuencias del duro corsé monetario que el gobierno tuvo que poner para frenar la escalada del dólar el año pasado, subiendo muy fuerte las tasas de interés y ahí comenzaron los problemas para el sistema financiero y para las billeteras virtuales porque habían abusado con tasas muy elevadas cuando la inflación era mucho menor y los salarios no se ajustaban ni siquiera a ese ritmo.

Cuando el gobierno advirtió que las tasas altas no permitían a las empresas financiarse comenzó a bajarla de a poco, siempre con miedo de que la mayor disponibilidad pudiera irse al dólar, pero los bancos se mostraron reacios. Pidieron que les bajaran los encajes y lo consiguieron, pero igual no bajaron mucho las tasas. La excusa fue que se había desatado una morosidad muy peligrosa, sobre todo en las familias.

El problema es que las entidades no están arrimando ofertas para que sea posible para las familias afrontar estos gastos. En otros casos recurren a agencias de cobranzas que utilizan métodos violentos para intentar cobrar, con amenazas y otros métodos que, incluso, ya han sido objetados por la justicia como acoso.

Mientras Milei mantiene un silencio muy llamativo, el ministro Caputo salió a plantear soluciones alternativas que podrían contradecir el manual del "buen liberal" ya que van a ampliar la capacidad prestable de los bancos en dólares dirigidos a empresas y, sobre todo, a quienes están en el terreno inmobiliario. Ya advertimos en nuestra columna del martes pasado el riesgo que implican estas decisiones.

Hubo otros casos de empresas y particulares que tomaron préstamos a tasas altas confiando en que la inflación licuaría todo, no creían que fuera posible pararla. Sin embargo, la inflación cayó, los precios no se pudieron ajustar más y los préstamos quedaron con tasas altísimas en un panorama donde la inflación bajaba. Estas empresas y personas son las que pide ayuda del estado. Otros se endeudaron para pagar gastos de consumo porque los salarios no alcanzaban o para pagar gastos de salud.

Los fondos guardados

En nuestra columna del último martes señalamos que había una posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Fondo se creó con la transferencia de todos los ahorros de los aportantes a las AFJP que estaban depositado a su nombre en distintos bancos y que estas entidades administraban. Es decir, eran recursos de los ahorristas y el gobierno de Cistina Kirchner se los robó.

Si bien en algún momento se pensó en usarlos, luego de los recursos presentados por los particulares los hicieron desistir. No obstante, la Corte nunca se expidió y sería difícil que lo haga ahora, al igual que con los fondos que quedaron atrapados en el corralito, para beneficio de los bancos.

Ver: Préstamos en dólares, una alternativa riesgosa

No obstante, estos recursos han seguido creciendo en base a inversiones. Cuando asumió Milei ese Fondo tenía recursos por us$20.000 millones y ahora se calcula un valor de us$70.000 millones. Pero es valor no está en efectivo, sino que está invertido en acciones de empresas y en bonos del Estado. Tiene, entre otras cosas, el 25% de las acciones del Banco Macro y el 20% de las acciones del Banco Galicia.

Realmente, no tiene sentido que el Estado sea dueño de acciones de empresas. En la época que brillaba Guillermo Moreno usaba esas participaciones para poner gente propia en los directorios que, aunque eran minoría, servían para obstaculizar a las empresas y obligarlas a poner recursos para el Estado, para campañas o para otras cosas.

Para poder usar esos recursos el gobierno debería vender las acciones, aunque habría que estudiar si no debe requerir autorización del Congreso. Además, la venta de acciones debería hacerse con mucha prudencia para evitar hacerlo daño al precio de los papeles. Una alternativa sería ofrecer a las empresas una opción de recompra de sus propios papeles.

Una opción era que los bancos dieran préstamos hipotecarios y luego transfiriera dichas hipotecas al Fondo, pero, al parecer, la idea del ministro Caputo sería licitar fondos a largo plazo, donde la condición sea la tasa que piensan cobrarles a los tomadores de créditos.

Estas medidas, de todos modos, tomarán mucho tiempo para poder implementarse y no darán solución a los problemas que tiene hoy los ciudadanos. Insistimos con un concepto fundamental. El gobierno debe negociar con las provincias para bajar impuestos coparticipables y otros que no lo son.

Las provincias, donde el gobernador Cornejo parece ser la voz cantante, quieren que solo saquen los impuestos que no se coparticipan (débitos y créditos bancarios) y combustibles o, en su defecto que se coparticipen. Esto no es solución para los ciudadanos sino para los gobernadores.

El sector político deberá tratar de convencer al presidente de acudir medidas que, aunque no sean todo lo ortodoxo que él quiera, permita la reactivación de la economía, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. En definitiva, "la necesidad tiene cara de hereje".