Proyectos en clave económica: Super Rigi y fondos buitre

Algo característico del gobierno actual es una constante de proyectos de reforma o actualización en el campo de la economía y las áreas que engloba. Esta semana, hubo media sanción al Super RIGI y la aprobación final del acuerdo con los holdouts (fondos buitres).

El Super RIGI, busca crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa para atraer proyectos de inversión de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas que hagan crecer las exportaciones y generen nuevos empleos.

Desde el Poder Ejecutivo, manifiestan que los inversores solicitan reglas claras, es decir, normas y marcos regulatorios estables, impuestos razonables y ausencia de restricciones cambiarias; que explica gran parte del problema de inversión en nuestro país los últimos años. Desde este "nuevo RIGI", se quiere potenciar las "industrias de frontera" que engloban todo lo científico y tecnológico (inteligencia artificial, biotecnología, infraestructura digital, etc.) y son el futuro de la economía mundial.

Este proyecto está orientado a actividades económicas nuevas para el país o recién en desarrollo. Las Provincias deberán adherirse siempre que cumplan compromisos concretos en materia de moderación fiscal y previsibilidad normativa, de modo tal que los incentivos nacionales no sean neutralizados por cargas locales incompatibles con la magnitud de las inversiones que se pretende atraer.

Se da un plazo de 5 años (con prórroga de 1 año) a los sujetos habilitados que constituyan un Vehículo de Proyecto Único invirtiendo mínimamente mil millones de dólares (20% a hacerlo los primeros 2 años) y con una seguridad jurídica de 30 años. Se otorgan incentivos tributarios y aduaneros (el núcleo central de la propuesta). Se establece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias; un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades; un mecanismo de Certificados de Crédito Fiscal para la cancelación del IVA sobre inversiones en activos computables; y la exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y los productos obtenidos al amparo del proyecto. En materia de Seguridad Social, una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la adhesión. Se regulan incentivos cambiarios, contemplando la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación -con un esquema escalonado de 20, 40 y 100% a lo largo de 3 años desde la primera exportación- y la no obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

Ahora, las críticas se hicieron presente. Por empezar, es más generoso con la quita y reducción de incentivos respecto al RIGI (caso ganancias y dividendos) y obliga a las Provincias sólo a cobrar hasta un 0,5% de Ingresos Brutos y ninguna otra tasa. Los opositores destacan el amplio plazo de 30 años de flexibilización que se otorga y lo rápido que son las amortizaciones, una especie de sangría fiscal que reducirá la recaudación por esa cantidad de años. También sostienen que se entregan más beneficios que los que tienen las Pymes, actores claves de nuestro sector productivo. Los litigios que pudieran ocurrir, se resolverán en tribunales internacionales, lo que se traduce en la pérdida de soberanía jurídica. A comparación del RIGI de hace dos años, que tiene obligatoriedad del 20% de compre nacional, este no. Y no falaron las chicanas de que el proyecto es a medida del empresario Peter Thiel

Por otra parte, el acuerdo con los fondos buitres, convalida un pago por 171 millones de dólares con dos de los últimos grandes holdouts que mantenían litigios por la deuda en default del 2001: Bainbridge Ltd. y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP.

Este arreglo, ya había sido homologado por la justicia estadounidense y permitirá al Estado cancelar los pasivos abonando 67 millones a Bainbridge y 104 millones a Attestor. Estos montos se fijaron luego de que los fondos aceptaran una quita superior al 30 % sobre las sumas totales que reclamaban a partir de sentencias firmes.

Así, se extinguen los juicios pendientes contra el país evitando nuevas ejecuciones y el fin de los embargos sobre activos nacionales en el exterior. La operación se realizará bajo el mecanismo de "Entrega contra Pago" (DVP), lo que asegura que los fondos se giren en simultáneo a la cancelación definitiva de los bonos, y cuenta con una cláusula "standstill", que prohíbe a los acreedores iniciar nuevas demandas o interferir en futuras operaciones financieras argentinas.

El Gobierno celebra argumentando que esta normalización y regreso a los mercados, destrabará el camino para futuros financiamientos en los mercados internacionales.

Proyectos en clave económica que no escapan a la realidad de un país donde la economía domina la escena diaria de problemas.