La palabra libre como dique contra el poder

 Hay libros que pertenecen a su tiempo y otros que parecen escritos para todos los tiempos. Libertad de Prensa, de Alfredo L. Palacios, integra sin duda este último grupo. Nacido de los discursos pronunciados en el Senado argentino en septiembre de 1934, mientras se debatía un proyecto que restringía severamente la libertad de imprenta, el libro constituye una de las más brillantes defensas de la libertad de expresión que haya producido la política argentina. No se trata solamente de una pieza jurídica ni de una brillante intervención parlamentaria. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la República y sobre el papel insustituible que desempeña la palabra libre en una sociedad democrática.

Lo notable es que Palacios nunca reduce la discusión a un conflicto entre el Estado y los diarios. Comprende que la libertad de expresión no protege únicamente a quien escribe o pública. Protege, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a conocer, a debatir y a controlar a quienes ejercen el poder. Su mirada resulta extraordinariamente moderna: antes de hablar de la libertad de la prensa habla de la libertad de la sociedad.

El proyecto impulsado por el senador Matías Sánchez Sorondo pretendía, según sus autores, poner límites a los abusos periodísticos. Exigía directores responsables con capacidad patrimonial demostrable, agravaba las penas por delitos de imprenta, eliminaba beneficios penales y habilitaba incluso la clausura de publicaciones. Era presentado como una legislación de orden. Palacios vio detrás de ese lenguaje una amenaza mucho más profunda. No discutía solamente la conveniencia de algunos artículos. Advertía que se estaba alterando el propio espíritu de la Constitución Nacional.

Su oposición no nació de una intuición sino de una formidable construcción intelectual. Durante varias sesiones recorrió la historia universal de la libertad de imprenta, evocó a Gutenberg, la Revolución Francesa, Chateaubriand y Anatole France, pero también reconstruyó la tradición argentina desde Mariano Moreno hasta Alberdi y Sarmiento.

Su argumento era sencillo y devastador: cada vez que el poder político ha pretendido regular la circulación de las ideas, el resultado ha sido siempre el mismo: menos libertad para los ciudadanos y más poder para los gobiernos.

Palacios comprendía algo que con frecuencia se olvida: las restricciones a la libertad de expresión casi nunca se presentan como ataques a la libertad. Llegan envueltas en nobles propósitos. Se invoca el orden, la moral pública, la responsabilidad, la lucha contra la mentira o la necesidad de evitar abusos. Así ocurrió durante siglos. Y así ocurría también en 1934. Por eso desconfiaba de toda legislación que otorgara al Estado herramientas para decidir quién puede hablar y bajo qué condiciones.

Su recorrido por la historia argentina es uno de los capítulos más fascinantes del libro. Recordó que la Revolución de Mayo nació junto con una verdadera revolución en la circulación de las ideas. Mariano Moreno inauguró La Gaceta convencido de que ningún pueblo podía gobernarse sin información libre. El decreto de libertad de imprenta de 1811 proclamó que todos podían escribir e imprimir sus opiniones políticas sin licencia previa. Aquella decisión no fue un detalle administrativo. Significó romper definitivamente con la tradición colonial, donde toda publicación dependía de la autorización del poder.

Palacios insistía en que los constituyentes de 1853 no inventaron ese principio. Lo recogieron de una tradición ya consolidada. El artículo 32 de la Constitución, que prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, expresa precisamente esa voluntad: impedir que cualquier mayoría circunstancial pudiera transformar al Estado en árbitro de las ideas.

Detrás de esa norma existe una filosofía política mucho más profunda. La Constitución parte de una premisa fundamental: el poder necesita ser controlado. Pero ningún control es posible si la sociedad ignora lo que hacen quienes gobiernan. La publicidad de los actos de gobierno, el periodismo de investigación, la crítica política y la discusión pública no constituyen molestias inevitables para el poder; constituyen precisamente el mecanismo mediante el cual el poder permanece sometido a la ley.

Por eso Palacios recuperó una frase inmortal de Vélez Sársfield: "Sin la absoluta libertad de imprenta no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes: la opinión pública."

La opinión pública no aparece espontáneamente. No es el resultado de una encuesta ni de una tendencia en las redes sociales. Es una construcción colectiva que requiere información plural, debate abierto y libertad para disentir. Allí donde solo circula una versión de los hechos desaparece la deliberación democrática y nace la propaganda.

La libertad de expresión posee entonces una característica singular: es el único derecho cuyo ejercicio fortalece todos los demás. Sin libertad para denunciar, la corrupción permanece oculta. Sin libertad para investigar, los abusos del poder difícilmente salgan a la luz. Sin libertad para opinar, las minorías pierden toda posibilidad de hacerse escuchar. Sin libertad para publicar, el ciudadano vota muchas veces sin conocer aquello sobre lo que debería decidir.

Por eso las primeras víctimas de todos los autoritarismos suelen ser siempre los periodistas, los escritores y los intelectuales. No porque la palabra posea más fuerza que las armas, sino porque termina imponiéndose sobre ellas. Quien controla la información dispone, con el tiempo, de una formidable capacidad para moldear la conciencia colectiva.

La historia del siglo XX confirmó sobradamente esa intuición de Palacios. Los regímenes totalitarios comenzaron clausurando diarios antes de clausurar parlamentos. Persiguieron primero libros antes que personas. Comprendieron que dominar la palabra significaba dominar el pensamiento. La censura nunca aparece al final del proceso autoritario: aparece al comienzo.

Pero Palacios también comprendía algo igualmente importante: la libertad de expresión pierde su verdadero sentido cuando solo se la defiende para proteger las opiniones propias. La auténtica prueba de una democracia consiste en garantizar el derecho a expresarse incluso a quien sostiene ideas que nos disgustan. Una sociedad libre no elimina el conflicto; aprende a convivir con él.

En ese contexto evocó a dos gigantes de nuestra historia: Alberdi y Sarmiento. Ambos fueron víctimas del insulto permanente. Las Cartas Quillotanas -así llamadas porque Alberdi las escribió estando en Quillota, Chile- recordó, contienen algunos de los ataques personales más feroces de la literatura política argentina. Alberdi fue tratado como traidor. Sarmiento como un demente. Sin embargo, ninguno pretendió responder mediante la censura. Sabían que las ideas se derrotan con otras ideas y que la crítica, incluso cuando resulta injusta, forma parte del precio inevitable de la libertad.

El cierre del discurso alcanza una altura literaria extraordinaria. Palacios recordó que "la piedra que pueda aplastar a una sabandija, cuando se arroja sobre la cabeza de un gran hombre, solo contribuye a formar el pedestal para su estatua futura". En pocas líneas resumía una profunda enseñanza republicana: las grandes figuras no necesitan protección estatal frente al agravio; necesitan instituciones que garanticen la libertad de todos.

Cuando terminó de hablar anunció su voto contrario al proyecto. El Diario de Sesiones registra inmediatamente una única palabra: "Aplausos". Era el reconocimiento de que el debate había trascendido largamente el contenido de una ley para transformarse en una discusión sobre el sentido mismo de la República.

Noventa años después, las amenazas ya no adoptan necesariamente la forma de una ley de imprenta. Pueden provenir de campañas de intimidación, del descrédito sistemático contra periodistas, de la concentración de la información, de denuncias penales, de mecanismos de censura indirecta o del intento permanente de dividir a la prensa entre amigos y enemigos. Los instrumentos cambian; la tentación permanece intacta.

Por eso releer a Palacios no constituye un ejercicio de nostalgia sino una lección sobre el valor de la libertad democrática. Su defensa de la libertad de expresión trasciende cualquier coyuntura política porque descansa sobre una verdad permanente: el poder siempre encuentra razones para pedir menos libertad, mientras que las sociedades libres solo se preservan cuando existen ciudadanos dispuestos a defenderla incluso cuando favorece a quienes piensan distinto.

La libertad de expresión no pertenece a los periodistas, ni a los medios, ni a los escritores. Pertenece a cada ciudadano. Es el presupuesto de la opinión pública, la condición del gobierno representativo y una de las columnas que sostienen el edificio republicano. Cuando esa libertad se debilita, todos los demás derechos comienzan lentamente a erosionarse.

En rigor, el debate que Palacios dio en 1934 nunca terminó. Cada generación vuelve a enfrentarse con la misma disyuntiva: confiar en la libertad o confiar en quienes prometen administrarla. Él no dudó un instante. Y cerró aquella memorable defensa haciendo suya una frase de Anatole France que sigue desafiando al paso del tiempo y a todas las tentaciones autoritarias: "Solo la libertad es eficaz."