Suarez hizo lo mismo que radicales y peronistas

La diputada provincial demócrata Mercedes Llano se extendió más allá del período de la pandemia para enfocarse en lo que considera desaciertos que comparten tanto radicales como peronistas en el poder.

Mercedes Llano

No podemos atribuir al gobernador Suarez que la provincia de Mendoza exhiba un 44% de pobreza, superando la media nacional. Pero sí podemos decir que es un contundente indicador del mal desempeño gubernamental de las diferentes gestiones radicales y peronistas que se han turnado en el poder desde 1983 a la fecha. 

El alarmante aumento de la pobreza se ha dado en paralelo a la falta de profesionalización de la burocracia y a su expansión, como también a la politización del poder judicial, de los órganos de contralor y a la creciente concentración del poder en manos del ejecutivo, entre otras transformaciones. Fenómenos que Suarez no dado muestras de querer revertir.

Una concepción de un estado omnipresente y clientelista, bajo la cual los límites entre lo privado y lo público son difusos, fue cobrando fuerza de la mano de la instauración de un régimen populista en el orden nacional. Progresivamente, esa visión del estado fue decantando en nuestra provincia, traduciéndose en un incremental peso de la administración pública en la economía, más allá del impulso de eventuales medidas de austeridad, y en la captura partidista del aparato estatal. El precio de ese incesante crecimiento del gasto público y la politización de la burocracia ha sido una elevada presión tributaria que ha terminado por asfixiar al sector privado y desincentivar inversiones generadoras de empleo genuino.

La gestión de la pandemia y la mitigación de sus efectos adversos requería, como medida prioritaria, impulsar políticas de ajuste profundas y sostenidas. El gobierno debía eliminar gastos superfluos a fin de destinar recursos a salud, adquiriendo vacunas, por ejemplo, y disminuir la carga impositiva a los efectos de no resentir el nivel de empleo. Sin embargo, las tibias iniciativas orientadas en esa dirección fueron neutralizadas mediante el traspaso de Vale y la estatización de IMPSA.

Esta idea obstinada de convertir al estado en empresario, cuando diversas experiencias ponen en evidencia que las compañías en manos públicas no son sinónimo de eficiencia, implica seguir sobrecargando fiscalmente a los mendocinos, además de denotar ausencia de empatía con los ciudadanos, quienes seguramente priorizarían la inversión de esos recursos en otros asuntos.

Adicionalmente, una concepción centralista del poder atravesó la gestión de Suarez. Al igual que los gobiernos antecesores, tanto de signo radical como justicialista, siguió colonizando la Suprema Corte y los órganos de control e intenta configurar una Legislatura adicta mediante una reforma integral de la constitución justificada a partir del falaz argumento de la reducción de los costos de la política. Escenario agravado por la insistencia en la sanción de leyes de emergencia que delegan facultades y alteran los procesos normales de compras públicas, cuando el poder legislativo se encuentra en pleno funcionamiento. Prácticas semejantes a la del populismo kirchnerista, aunque bajo una versión más elegante y de mejores modales.

Para finalizar, el aspecto más acertado del gobernador Suarez ha sido su postura proclive a garantizar la presencialidad. Ante un escenario tan desolador como el que el país y Mendoza están atravesando, la educación representa la única esperanza para asegurar un porvenir más promisorio y justo a las futuras generaciones.


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