Las armas de fuego proyectan un fuerte modelo hegémonico

 Hay datos que nos interpelan. El de la violencia es uno. En la Argentina, los datos oficiales del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina confirman que la violencia de género mantiene una constante alarmante: se registra aproximadamente un femicidio cada 40 a 44 horas a nivel nacional, y cerca de una cuarta parte de estos crímenes fatales es perpetrada con armas de fuego. Algo similar sucede en los países de la Región.

Datos estos, cuestionados por organizaciones feministas, que sostienen que las estadísticas judiciales responden a un corte metodológico específico y no reflejan una disminución real de la violencia de género, afirmando que fueron hasta 71 víctimas más.

De hecho, los datos más recientes de MuMaLá señalan que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos registró 176 femi(ni)cidios y otras muertes vinculadas a las violencias de género en Argentina: una muerte cada 33 horas. De ese total, 127 fueron femicidios directos, además de femicidios vinculados, trans/travesticidios, muertes en contextos de narcotráfico y crimen organizado y suicidios feminicidas.

¿Y las armas de fuego?

Hay un dato particularmente significativo para esta columna: las armas de fuego fueron el método más utilizado, en el 32% de los casos, por encima de las armas blancas, que representaron el 24%. Pero hay otro dato que debería interpelarnos todavía más: solo el 11% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Y entre quienes sí habían denunciado, el 75% tenía una orden de restricción y el 12% contaba con botón antipánico.

Por un lado sabemos que las violencias de género se ejercen de distintas formas y a través de distintos mecanismos, pero lo que ignoramos, o no queremos reconocer, es que las armas de fuego conllevan un riesgo mayor y matan a una gran cantidad de mujeres en sus propios hogares. A diferencia de otros instrumentos, una agresión con un arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales. De esto se deriva la obligación del Estado de controlar sus usos y prevenir sus consecuencias. Ya no se puede permitir que en distintos países de la región o bajo posturas extremas de desregulación, cualquier persona pueda adquirir o portar un arma sin controles rigurosos.

Los Estados deben regular con mayor firmeza la compra, tenencia y portación de armas. La abrumadora mayoría de los titulares o usuarios registrados son varones, mientras que las mujeres no suelen ser ni las compradoras ni las propietarias, pero sí quienes sufren las consecuencias más drásticas de su presencia. Porque el problema no es solamente el disparo que mata. También es el arma que intimida, que amenaza, que condiciona, que instala miedo y que puede convertirse en una herramienta de control dentro de una relación atravesada por desigualdades de fuerza y de poder.

La proliferación de armas de fuego en la sociedad está asociada a la imposición de estereotipos propios de una masculinidad hegemónica. "Además de la sobrerrepresentación de varones jóvenes de sectores populares entre las víctimas y victimarios de homicidios a escala mundial, el uso o la posesión de armas invocando justificaciones tales como la protección y defensa del grupo familiar conllevan un impacto diferenciado en razón de género, que recae principalmente sobre los varones. Ellos son quienes habitualmente tienen armas y las usan, o defienden más enfáticamente la necesidad de tenencia con fines defensivos" (INECIP, 2018:6).

Podemos afirmar que la presencia de armas de fuego en muchos hogares colabora con la reproducción y sostenimiento de relaciones de poder, aun cuando su uso no se traduzca en hechos letales. Las armas extienden el poder de quien las posee, y eso, en contextos de relaciones asimétricas de poder, con desigualdades y violencias en razón de género, se traduce en diversas formas de victimización que muchas veces preceden a la misoginia letal.

Por otra parte, diversos países, incluida la Argentina, han avanzado en distintos momentos en el diseño de políticas tendientes a controlar la proliferación de armas de fuego. Sin embargo, todavía persiste una marcada vacancia de políticas públicas con perspectiva de género orientadas específicamente a la prevención de la violencia ejercida mediante armas de fuego. Los organismos encargados del control registral y los sectores que diseñan políticas de género han trabajado de forma fragmentada, prestando escasa articulación mutua, o, de forma inexistente.

Más allá de la letalidad y los ataques directos, las armas de fuego representan "siempre" una amenaza y una alteración de la vida de quien convive con quien la porta, recordando que la inmensa mayoría de esos portadores son varones. Así, el arma es considerada un elemento fálico como proyección de la virilidad en la Masculinidad Hegemónica, ya que no solo son usadas para amenazar explícitamente a las mujeres. En algunos casos las amenazas operan de forma más sutil: la ostentación de la misma o el mero conocimiento de su existencia genera en la práctica los mismos efectos coercitivos y de control de la conducta que una amenaza verbal explícita.

Un flajelo que exige respuestas

En la Argentina, según los relevamientos oficiales de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Observatorio de Seguridad Ciudadana:

• Entre un 24% y un 26% de los femicidios directos en el país son cometidos con armas de fuego. 

• Cerca del 10% de los femicidas pertenecen o pertenecieron a fuerzas de seguridad (policiales, penitenciarias o armadas), y en un número significativo de estos casos se utilizó el arma reglamentaria asignada por el propio Estado para cometer el crimen. 

• El contexto de convivencia e intimidad: El 78% de las víctimas de violencia letal son atacadas en sus propias viviendas o en hogares compartidos con los agresores. 

• En la provincia de Mendoza, los informes judiciales señalan que la violencia de género letal impacta fuertemente en el ámbito doméstico, donde el uso de armas de fuego representa uno de los principales mecanismos de muerte y amenaza constante dentro de los hogares.

• Denuncias previas e inacción: Entre el 20% y el 26% de las víctimas de femicidio con armas habían realizado denuncias previas de violencia, lo que evidencia la falta de celeridad judicial y policial para incautar y secuestrar preventivamente los armamentos de manos del agresor.

• Licencias y mercado: Según los datos de la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), más del 98% de las licencias y registros de armas corresponden a varones. A esto se le suma el mercado ilegal y desregulado, que amplifica el riesgo en las comunidades.

¿Qué nos dicen estos datos? Que denunciar no siempre alcanza. Que una medida de protección puede existir en un expediente y, sin embargo, no ser suficiente para proteger una vida. Que cuando el Estado conoce una situación de violencia debe actuar con rapidez, coordinación y capacidad preventiva y que, cuando existe un arma de fuego en ese contexto, el riesgo no puede ser considerado un dato secundario.

Que retirar el arma a quien ejerce violencia de género ante la primera denuncia no es una opción discrecional del sistema judicial: debe ser una medida cautelar obligatoria, expedita y efectiva. Desarticular el vínculo entre las armas y la masculinidad hegemónica es un paso urgente para evitar muertes previsibles.

No se trata de criminalizar a los varones ni de demonizar la tenencia legal de armas. Se trata de reconocer una realidad: en contextos de violencia de género, la presencia de un arma puede aumentar exponencialmente el peligro.

¿Estamos en emergencia?

MuMaLá tituló su último relevamiento con una frase que resume la gravedad del momento: "Estamos en emergencia".

Son 176 vidas y 132 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin sus madres como consecuencia de estas violencias durante los primeros ocho meses del año.

Frente a estos números, no alcanzan las declaraciones de ocasión. Hace falta prevención. Hace falta presupuesto. Hace falta coordinación entre organismos. Seguimiento real de las denuncias y de las medidas de protección. Y hace falta, también, una política seria de control de armas en contextos de violencia de género.

La verdadera política de prevención es aquella capaz de reconocer el riesgo antes de que sea demasiado tarde.