Propiedad Privada: el Gobierno cedió para destrabar el Senado
Tras negociar con bloques aliados, el oficialismo introdujo cambios, especialmente en la reforma de la Ley de Tierras. Patricia Bullrich presentará la nueva versión antes de la sesión del jueves, en la que el Ejecutivo intentará conseguir la media sanción.
Después de varios meses de negociaciones y sucesivas postergaciones, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los bloques aliados para introducir modificaciones al proyecto de Ley de Propiedad Privada, con el objetivo de facilitar su tratamiento en el Senado y obtener la media sanción este jueves.
La nueva versión de la iniciativa será presentada este martes a las 16 en una conferencia de prensa en la Cámara Alta, encabezada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Desde el oficialismo señalaron que los cambios fueron incorporados para alcanzar un mayor consenso político y reflejar los planteos realizados por los espacios que acompañan la iniciativa. El proyecto ya atravesó más de quince versiones y su debate fue reprogramado en cuatro oportunidades.
El principal punto de negociación estuvo vinculado a la reforma de la Ley de Tierras, uno de los aspectos que más resistencia había generado entre legisladores dialoguistas y parte de la oposición.
Entre las modificaciones acordadas figura la incorporación de un límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, que quedaría fijado entre el 20% y el 25% del territorio, por encima del 15% previsto en la legislación vigente. La propuesta original del Ejecutivo contemplaba eliminar cualquier tipo de restricción.
Otro de los cambios establece que serán las provincias las encargadas de autorizar, regular o impedir las operaciones de compra de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras dentro de sus jurisdicciones, en línea con las facultades que les reconoce la Constitución sobre sus recursos naturales.
Además, se eliminarían los actuales límites por departamento, manteniendo únicamente un tope provincial. A partir de ese marco, cada provincia podría definir su propia regulación para la venta de inmuebles rurales.
El texto también prevé que el Estado nacional conserve la responsabilidad sobre el control de las zonas de frontera y de las áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional. Asimismo, se creará un registro nacional, complementado con registros provinciales, para relevar las tierras que se encuentren en manos de propietarios extranjeros.
Con estas modificaciones, la Casa Rosada apuesta a cerrar las diferencias que demoraron el tratamiento de la iniciativa y avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa antes de que el calendario electoral complique las negociaciones parlamentarias.
La sesión del jueves también estará acompañada por manifestaciones frente al Congreso convocadas por sectores opositores y organizaciones que rechazan la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.
