Buscan restringir el uso de celulares en las escuelas mendocinas
Un proyecto presentado en la Legislatura propone prohibir los teléfonos móviles en los niveles inicial y primario y limitar su utilización en secundaria a actividades pedagógicas. La iniciativa apunta a mejorar la concentración en clase y prevenir situaciones de ciberacoso y uso problemático de las redes sociales.
La Legislatura de Mendoza comenzó a analizar un proyecto que propone establecer nuevas reglas para el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales dentro de las escuelas de la provincia. La iniciativa, impulsada por la diputada Griselda Petri junto a otros legisladores oficialistas, busca fijar límites más estrictos para la utilización de estas tecnologías durante la jornada escolar.
La propuesta alcanza a establecimientos públicos y privados y plantea un esquema diferenciado según el nivel educativo, con mayores restricciones para los alumnos más pequeños y un uso controlado en la educación secundaria.
Entre los objetivos planteados figuran la mejora de la atención en clase, la reducción de las distracciones, la prevención del ciberacoso y la promoción de hábitos digitales más saludables entre niños y adolescentes.
Prohibición en primaria y uso limitado en secundaria
El proyecto establece que los estudiantes de nivel inicial y primario no podrán utilizar teléfonos celulares ni otros dispositivos móviles durante toda la permanencia en la escuela.
La medida abarcaría no solo las horas de clase, sino también recreos, espacios comunes, comedor, actividades extracurriculares y los momentos de ingreso y salida de los establecimientos.
Las únicas excepciones contempladas son aquellas vinculadas a situaciones de emergencia, actividades educativas autorizadas por las autoridades escolares o casos en los que los dispositivos resulten necesarios como herramientas de apoyo para estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de aprendizaje.
Para los alumnos de nivel secundario, en cambio, el uso de celulares quedaría permitido únicamente cuando exista una finalidad pedagógica definida por el docente y vinculada a una planificación curricular concreta. Fuera de esas circunstancias, los dispositivos deberán permanecer apagados o guardados durante las clases.
También alcanza a los docentes
La iniciativa incorpora además pautas para el personal docente. Según el texto, los educadores deberán mantener sus teléfonos móviles fuera de uso durante el dictado de clases, salvo en situaciones excepcionales o cuando formen parte de actividades educativas.
Asimismo, cada institución deberá incorporar estas disposiciones a sus acuerdos de convivencia y elaborar mecanismos internos orientados a fomentar un uso responsable de la tecnología.
La aplicación y supervisión de la normativa quedaría a cargo de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Educación provincial, que además deberán realizar evaluaciones periódicas para medir el impacto de la medida sobre los procesos de aprendizaje y la convivencia escolar.
Los argumentos del proyecto
Los impulsores de la iniciativa sostienen que la presencia permanente de teléfonos móviles en las aulas afecta la concentración de los estudiantes y puede repercutir negativamente en el rendimiento académico.
Entre los fundamentos citan informes internacionales que advierten sobre el efecto de las distracciones digitales en el aprendizaje. También mencionan datos del programa PISA 2022, según los cuales más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años reconocieron distraerse durante las clases por el uso de sus propios dispositivos electrónicos.
Además, los legisladores advierten sobre otros riesgos asociados al uso intensivo de celulares, como el ciberacoso, el acceso a plataformas de apuestas en línea y distintas formas de consumo problemático vinculadas a las redes sociales.
Un debate que vuelve a la Legislatura
La discusión reabre un tema que Mendoza ya abordó años atrás. En 2008 se sancionó una ley que establecía restricciones para el uso de teléfonos móviles dentro de las aulas, aunque parte de esas limitaciones fueron flexibilizadas posteriormente mediante una reforma aprobada en 2025.
Ahora, el nuevo proyecto propone reemplazar ese esquema por una regulación más específica, diferenciando las restricciones según la edad de los estudiantes y reforzando los controles dentro de las instituciones educativas.
Los autores de la iniciativa también vinculan la propuesta con el contexto reciente de amenazas escolares difundidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, una situación que obligó a activar protocolos de prevención en centenares de establecimientos de la provincia.
Según sostienen, la regulación del uso de dispositivos móviles puede contribuir a generar entornos educativos más seguros, favorecer la interacción presencial entre los alumnos y fortalecer las condiciones para el aprendizaje dentro de las aulas.
