El Gobierno detalló los controles ambientales exigidos al proyecto Don Luis
Funcionarios de Minería y Ambiente defendieron en la Legislatura las condiciones impuestas a la exploración de litio entre Malargüe y San Rafael. Aseguraron que la iniciativa estará sujeta a monitoreos permanentes, auditorías estatales y renovaciones periódicas de la autorización ambiental.
El proyecto de exploración de litio Don Luis, ubicado entre los departamentos de Malargüe y San Rafael, continúa su recorrido legislativo en busca de la aprobación definitiva. En ese marco, funcionarios provinciales expusieron ante diputados los requisitos ambientales y técnicos que deberá cumplir la empresa para avanzar con las tareas de exploración.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y actualmente es analizada por la Cámara de Diputados, donde las autoridades provinciales buscaron despejar dudas sobre los mecanismos de control previstos para la actividad.
Durante la presentación, el director de Minería, Jerónimo Shantal, remarcó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no constituye una autorización abierta para operar, sino que establece una serie de obligaciones y etapas que la compañía deberá cumplir de manera progresiva y bajo supervisión estatal.
Según explicó, cada avance del proyecto requerirá verificaciones y aprobaciones de la Autoridad Ambiental Minera, además de la intervención de distintos organismos públicos que participaron en el proceso de evaluación.
Monitoreos permanentes y seguimiento ambiental
Entre las condiciones incorporadas a la DIA figuran distintos mecanismos de control destinados a garantizar el seguimiento de las tareas exploratorias.
Shantal señaló que la empresa deberá implementar monitoreos participativos y sistemas de control específicos que permitirán realizar un seguimiento permanente de la actividad.
Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, indicó que la firma también estará obligada a desarrollar estudios de base sobre suelo, agua y aire, además de ejecutar controles periódicos durante toda la etapa de exploración.
La información obtenida deberá ser presentada ante las autoridades competentes, que tendrán a su cargo la verificación del cumplimiento de cada una de las exigencias establecidas.
Seguros, seguridad y controles cruzados
Los funcionarios explicaron además que la empresa deberá acreditar el cumplimiento de diversas obligaciones vinculadas a la protección ambiental y la seguridad operativa.
Entre ellas figuran la contratación de seguros ambientales, la aplicación de medidas de higiene y seguridad laboral y la presentación de documentación técnica actualizada de manera permanente.
Fernández destacó que la fiscalización no quedará concentrada exclusivamente en la Autoridad Ambiental Minera, sino que participarán distintos organismos sectoriales, generando un esquema de control cruzado sobre el desarrollo del proyecto.
La autorización ambiental deberá renovarse
Otro de los aspectos resaltados durante la exposición legislativa fue que la Declaración de Impacto Ambiental tiene carácter temporal y deberá ser actualizada periódicamente.
Las autoridades explicaron que los proyectos mineros están obligados a renovar esa autorización cada dos años, además de presentar nuevas evaluaciones cuando se produzcan modificaciones relevantes o surjan situaciones no contempladas originalmente.
De esta manera, cualquier cambio significativo en las condiciones de trabajo o en el alcance de las actividades deberá volver a ser analizado por los organismos competentes.
Exploración no significa explotación
Desde el Gobierno provincial también insistieron en diferenciar claramente la etapa actualmente en discusión de una eventual explotación comercial del recurso.
Shantal recordó que el proyecto Don Luis busca determinar la existencia y magnitud de reservas de litio en el sur mendocino, pero que una futura explotación requeriría iniciar un procedimiento completamente nuevo.
Ese proceso incluiría una nueva evaluación de impacto ambiental, instancias de participación ciudadana, audiencias públicas y una nueva intervención de la Legislatura provincial.
El proyecto es impulsado por una empresa australiana asociada con Salinas del Diamante y apunta a evaluar el potencial de litio existente en una zona que podría incorporar a Mendoza al mapa de las provincias argentinas con recursos estratégicos para la transición energética. Mientras tanto, el debate legislativo continúa centrado en las condiciones ambientales y los mecanismos de control previstos para la fase exploratoria.
