Milei consiguió respaldo en Diputados para el super-RIGI y los holdouts

La Cámara de Diputados le dio este miércoles una señal política importante al Gobierno de Javier Milei al aprobar dos iniciativas de fuerte peso en la agenda económica oficial. Por un lado, convirtió en ley el acuerdo de pago con los holdouts que quedaron fuera de los canjes posteriores al default de 2001; por otro, otorgó media sanción al llamado "super-RIGI", un nuevo esquema de promoción para inversiones de gran escala en sectores estratégicos.

La sesión se desarrolló apenas un día después del intento opositor por avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una ofensiva que no prosperó por falta de quórum. Superado ese capítulo, La Libertad Avanza concentró su esfuerzo en reunir los votos para una jornada legislativa clave y logró hacerlo con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y diputados alineados con distintos gobernadores.

El oficialismo tuvo dificultades para alcanzar el número necesario para habilitar la sesión, pero finalmente logró sentar a 129 diputados. Entre quienes colaboraron para abrir el debate estuvo el hasta entonces diputado pampeano Adrián Ravier, recientemente designado vocero presidencial.

Poco después del inicio de la sesión, la Cámara trató justamente la renuncia de Ravier a su banca y tomó juramento a su reemplazante, Martín Matzkin, dirigente vinculado al espacio de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad siguió el desarrollo del debate desde uno de los palcos del recinto.

En el armado del quórum volvieron a ser decisivos los bloques que ya habían acompañado al Gobierno el día anterior para bloquear la avanzada contra Adorni. Se trató del PRO que responde a Cristian Ritondo, la UCR referenciada en Pamela Verasay y el MID de Oscar Zago. A ese esquema se sumaron además legisladores cercanos a los gobernadores Marcelo Orrego, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Claudio Vidal y Rolando Figueroa.

También hubo respaldo parcial desde Innovación Federal, el espacio que responde a los mandatarios Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, además del acompañamiento de Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.

Media sanción para el "super-RIGI"

Uno de los ejes de la sesión fue la aprobación en Diputados del régimen de incentivo a grandes inversiones, rebautizado en el debate político como "super-RIGI". La iniciativa apunta a atraer desembolsos de gran escala en áreas tecnológicas y actividades que hoy tienen escaso o nulo desarrollo en el país. El piso de ingreso al régimen fue fijado en US$1000 millones.

El proyecto obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Desde el oficialismo defendieron la norma como una herramienta para atraer capitales y generar condiciones de estabilidad para inversiones de largo plazo, especialmente en sectores vinculados a la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada y otras industrias de alto valor agregado.

La mendocina Mercedes Llano fue una de las voces que salió a respaldar la propuesta en el recinto. Sostuvo que se trata de "una clara señal para el mundo" y remarcó que el régimen busca otorgar incentivos y seguridad jurídica para promover grandes desembolsos en actividades que aún no están desarrolladas en la Argentina, con el objetivo de impulsar nuevas empresas y empleo en el largo plazo.

Sin embargo, la iniciativa también generó cuestionamientos dentro de la oposición y entre algunos sectores provinciales. Los diputados cordobeses alineados con Martín Llaryora votaron en contra y argumentaron que el nuevo esquema beneficia a grandes corporaciones mientras otras actividades productivas continúan soportando una elevada carga tributaria.

En ese grupo se ubicaron Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. Los legisladores advirtieron, además, que el esquema podría terminar financiándose con retenciones que hoy pesan sobre otros sectores, y reclamaron una nueva ley de biocombustibles junto con la continuidad de incentivos para el uso de autopartes nacionales.

Las críticas también llegaron desde otros bloques. El radical Pablo Juliano cuestionó a los espacios que facilitaron la votación y acusó a los "mismos bloques de siempre" de blindar al jefe de Gabinete en el Congreso. En esa línea, sostuvo que la nueva norma está pensada para beneficiar a grandes empresarios extranjeros y puso como ejemplo al magnate Peter Thiel.

Desde la izquierda, Néstor Pitrola rechazó el proyecto y sostuvo que el RIGI original no mostró resultados. Según planteó, el nivel de inversión extranjera directa no mejoró y el Gobierno, en lugar de revisar esa experiencia, optó por ampliar los beneficios para las empresas.

En sentido contrario, Lisandro Nieri defendió el régimen y aportó cifras para respaldar su postura. El diputado radical señaló que ya hay 16 proyectos aprobados y otros 25 en evaluación. Según detalló, las iniciativas ya aprobadas representan alrededor de US$30.000 millones y podrían generar unos 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que los expedientes pendientes sumarían inversiones por otros US$111.000 millones.

Ley para cerrar el acuerdo con los holdouts

Además del debate por el régimen de inversiones, Diputados convirtió en ley el acuerdo con los acreedores que permanecían fuera de los canjes de deuda y mantenían litigios contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa fue aprobada por 138 votos a favor y 98 en contra.

El convenio contempla un pago total de US$171 millones para cerrar el conflicto con dos grupos de acreedores: Bainbridge Ltd. y el conjunto encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Del total, US$67 millones corresponden a Bainbridge y US$104 millones al grupo liderado por Attestor.

Durante la discusión, desde Unión por la Patria cuestionaron con dureza el proyecto. El jefe del bloque, Germán Martínez, reclamó que se deje de "hablar en nombre de los fondos buitres", mientras que Vanesa Siley reivindicó la política de desendeudamiento del kirchnerismo y recordó que durante la presidencia de Néstor Kirchner se logró reducir deuda y pagar compromisos como no había ocurrido antes en la historia argentina.

También hubo reparos desde Encuentro Federal. Miguel Pichetto observó que el texto no precisa de qué manera se financiará el acuerdo, y advirtió que no queda claro si los recursos saldrán de nueva deuda, de rentas generales o de una reasignación de partidas presupuestarias.

En defensa del proyecto, Silvana Giudici cargó contra las administraciones kirchneristas y les atribuyó responsabilidad por la prolongación del conflicto judicial con los acreedores. La diputada fue la encargada de cerrar el debate por parte del oficialismo.

Según el texto aprobado, la cancelación del acuerdo deberá concretarse de manera simultánea con la acreditación de los bonos libres de gravámenes, para su inmediata extinción. Con esa votación, el Gobierno consiguió cerrar una jornada favorable en Diputados y sumar respaldo legislativo para dos piezas clave de su estrategia económica.