El Caso Lobos, una bisagra en la política no aceitada del todo
El señalamiento a Lobos fue una gota que rebalsó el vaso de una actividad política que en general es sospechada, pero sobre lo habitualmente no aparecen pruebas suficientes para condenar.
Se cumplen seis años de la investigación periodística que realizó el diario Mendoza Post y que originó una pesquiza judicial en torno a los bienes y acciones del concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén Luis Lobos, su familia, su entorno y sus socios en la política, no solo en su partido, el Justicialista.
Sin embargo, con todo ese tiempo transcurrido, tiene una condena a prisión efectiva que no se cumple, dos causas más elevadas a juicio, otra para recuperar los bienes, y otros expedientes en espera de la reacción de la Corte.
El señalamiento a Lobos fue una gota que rebalsó el vaso de una actividad política que en general es sospechada, pero sobre lo habitualmente no aparecen pruebas suficientes para condenar. Aquí sí sucedió, porque mucha gente rompió una especie de omertá vernácula y se puede decir que constituyó una bisagra entre dos tiempos: aquel en donde prácticas ilegales, deshonrosas o simplemente irregulares y cuestionables, eran aceptadas como parte del combo de elegir y ser elegido, y un nuevo tiempo en el que los funcionarios están siendo observados como lo fue en su momento Lobos, y por lo tanto, la democracia tiene la oportunidad de lucir en forma más trasparente.
En la Argentina muy poca gente corrupta va a la cárcel. De hecho, la normativa nacional en la materia está permanentemente en discusión de modo que no hay un parámetro permanente y definitivo que permita saber quién se pasó de la raya y quién no.
Además de que los presos se liberan y la sociedad en muchos casos termina prisionera de sus hogares en función de que los otros están libres y hasta respaldados económicamente por el Estado, la política no rinde cuentas.
No hay un "juicio de residencia" para los que pasaron por la función pública. Tampoco existe en la Constitución la posibilidad de revocar los mandatos de aquellos que aun no siendo ladrones comprobados, no funcionan.
Ayer no más el presidente Alberto Fernández dijo que si por él fuera, eliminaría la Ley del Arrepentido, que ha permitido que no solo políticos, sino empresarios tan sucios en sus prácticas como los funcionarios que son acusados de serlo, confiesen sus delitos.
De allí que el Caso Lobos es paradigmático: es la oportunidad de que nunca más haya un intendente como él. Y aquel dron del diario Mendoza Post que sobrevoló su propiedad, abriendo la polémica, también, en torno a la legalidad de "invadir" el espacio aéreo de la casona del político peronista de Guaymallén, hoy da vueltas imaginariamente sobre la Justicia y sobre toda la política.
Estar atentos es la consigna, para que ese caso "bisagra" no se empaste. Se aceita estando despabilados y exigiendo que cada responsable en investigar, juzgar y condenar (si correspondiera) lo haga.
