Así será el nuevo sistema digital de los registros del automotor
El Ministerio de Justicia puso en marcha un plan para modernizar el sistema registral en todo el país. La iniciativa prevé la digitalización total de los procedimientos, la reorganización de los registros seccionales y un nuevo esquema para calcular los aranceles.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de modernización del Estado al lanzar un plan para transformar el sistema de registros de la propiedad automotor. La iniciativa apunta a reemplazar el esquema basado en documentación en papel y trámites presenciales por una plataforma completamente digital, con el objetivo de agilizar gestiones, reducir costos y facilitar el acceso de los usuarios.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 306/2026, que creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. Como parte de este proceso, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) deberá elaborar un cronograma de implementación en un plazo de 30 días.
El programa se desarrollará sobre tres ejes principales: la digitalización integral del sistema registral, la reorganización institucional de la Dirección Nacional y de los registros seccionales, y la adecuación normativa necesaria para consolidar el nuevo modelo de funcionamiento.
La reforma profundiza medidas que ya comenzaron a implementarse durante la actual gestión, entre ellas el Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor, el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV), herramientas que buscan reducir la burocracia y avanzar hacia una administración completamente electrónica.
Entre las principales modificaciones previstas figura la posibilidad de realizar todos los trámites de manera digital. El nuevo esquema contempla validación electrónica de identidad, carga online de la documentación, firma digital, pago electrónico, seguimiento del expediente por internet y emisión digital de la documentación registral.
Además, el Gobierno prevé reducir la cantidad de trámites existentes para concentrarlos en un conjunto de gestiones esenciales, como la inscripción inicial de vehículos, las transferencias de dominio, la constitución y cancelación de garantías, las bajas registrales y las medidas cautelares.
Otro de los cambios será la digitalización de los archivos históricos de los registros automotores. Los legajos físicos serán reemplazados progresivamente por repositorios digitales, lo que permitirá acceder a la información de forma remota y disminuir los costos administrativos.
La iniciativa también busca una mayor integración entre organismos públicos. De esta manera, la información que ya posea el Estado no podrá volver a ser requerida a los ciudadanos durante la realización de un trámite, con el objetivo de simplificar los procedimientos.
En paralelo, el Ejecutivo avanzará con una reorganización gradual de la red de más de 1.500 registros seccionales distribuidos en el país. El propósito es que la atención presencial quede reservada para aquellas personas que no puedan acceder a las herramientas digitales.
Nuevo sistema para calcular los aranceles
Junto con la reforma registral, el Ministerio de Justicia creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá para determinar el valor de los aranceles de todos los trámites vinculados al registro automotor.
La medida, establecida mediante la Resolución 308/2026, reemplaza el esquema vigente, que contemplaba más de un centenar de trámites con valores diferenciados y criterios diversos.
El MRPA tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y será actualizado cada cuatro meses de acuerdo con la evolución de ese índice. En las próximas semanas, la Dirección Nacional deberá definir la cantidad de módulos que corresponderá a cada trámite para unificar el sistema arancelario en todo el país.
La reforma también modifica la forma en que se distribuyen los ingresos de los registros seccionales, estableciendo un nuevo mecanismo para calcular los recursos que perciben sus responsables una vez descontados los aranceles y los costos operativos.