García Zalazar defendió el fondo para viviendas docentes
El proyecto comenzó a debatirse en la Legislatura y propone ampliar el uso del Fondo Escolar Permanente para respaldar créditos habitacionales destinados a docentes, sin afectar los recursos para infraestructura educativa.
La Legislatura de Mendoza comenzó a analizar un proyecto del Poder Ejecutivo que busca ampliar las herramientas del Fondo Escolar Permanente para facilitar el acceso a la vivienda de los docentes y, al mismo tiempo, fortalecer el financiamiento destinado a la construcción, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares.
La iniciativa fue presentada ante un plenario de las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda, con la participación del ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, quien defendió la propuesta como una "reingeniería financiera y patrimonial inteligente" para modernizar la administración de los recursos educativos.
El proyecto incorpora modificaciones a la Ley 9.545, que creó el Fondo Escolar Permanente, con el objetivo de ampliar las fuentes de financiamiento mediante la incorporación de recursos provenientes de bienes en desuso, herencias vacantes y procesos de extinción de dominio. Además, habilita la utilización de parte de esos recursos como garantía para operaciones crediticias destinadas a programas de vivienda para el personal docente.
Según explicó García Zalazar, el mecanismo no implica utilizar dinero del Fondo para gastos corrientes ni reducir las partidas destinadas a infraestructura escolar, sino generar una herramienta financiera que permita respaldar créditos para la urbanización de terrenos o la construcción de viviendas.
"Estamos modernizando las herramientas del Estado en favor de la educación y de sus trabajadores", afirmó el funcionario durante la presentación ante los legisladores.
El ministro señaló que el Fondo Escolar Permanente cuenta actualmente con alrededor de 530 millones de pesos, producto de cinco remates ya concretados, mientras que otros doce inmuebles se encuentran en distintas etapas de evaluación para una futura subasta. Antes de ser vendidos, esos bienes son analizados para determinar si resultan aptos para la construcción de establecimientos educativos; en caso contrario, pasan al proceso de remate.
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es el déficit habitacional que afecta al sector docente. De acuerdo con datos oficiales, Mendoza cuenta con aproximadamente 46.000 docentes, de los cuales cerca del 50% presenta dificultades para acceder a una vivienda propia, ya sea porque alquila o reside en inmuebles prestados.
La propuesta también prevé que las rentas generadas por el Fondo continúen destinándose a la compra de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de escuelas, garantizando que los recursos sigan orientados exclusivamente al fortalecimiento del sistema educativo.
Durante el debate, García Zalazar aseguró que el nuevo esquema no afectará el plan de infraestructura escolar que desarrolla la provincia. En ese sentido, recordó que el objetivo es alcanzar la construcción de 33 nuevas escuelas, de las cuales ya se concretaron 18, además de ampliar a 300 la cantidad de establecimientos con jornada extendida.
El ministro remarcó que el proyecto surge de un trabajo conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para desarrollar un programa específico de financiamiento destinado a los docentes y sostuvo que el nuevo régimen permitirá aprovechar de manera más eficiente el patrimonio del Estado sin comprometer el funcionamiento del sistema educativo.
La iniciativa continuará ahora su tratamiento en comisiones, donde los legisladores analizarán los alcances de una propuesta que busca combinar inversión en infraestructura escolar con soluciones habitacionales para el personal docente mediante nuevos instrumentos financieros.
