Aerolíneas: el Gobierno busca frenar en EEUU un pago de casi US$400 millones
La Procuración del Tesoro prepara una nueva ofensiva judicial para evitar la ejecución de la condena por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El reclamo, iniciado por el antiguo grupo Marsans, asciende a US$390,9 millones más intereses y podría alcanzar activos argentinos en Estados Unidos.
El Gobierno argentino prepara una nueva ofensiva ante la Justicia de Estados Unidos para intentar frenar o demorar el pago de casi US$400 millones derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La estrategia será impulsada por la Procuración del Tesoro y busca mantener abierta la discusión judicial luego de que una Cámara de Apelaciones estadounidense confirmara el reconocimiento de la condena.
El conflicto se remonta a la reestatización de las aerolíneas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la Argentina a pagar US$321 millones más intereses al grupo español Marsans.
Con el paso de los años, los derechos derivados de esa sentencia fueron adquiridos primero por Burford Capital y posteriormente por Titan Consortium, que actualmente reclama US$390,9 millones, además de los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La pelea llegó a los tribunales de Washington
La discusión se trasladó a la Corte de Distrito de Columbia, donde Titan solicitó que se reconociera y ejecutara en Estados Unidos el laudo del CIADI.
La Argentina intentó impedir ese avance mediante un planteo de prescripción. La posición del Gobierno era que el reclamo había sido presentado fuera del plazo de tres años que, según su interpretación, correspondía aplicar.
Sin embargo, el tribunal estadounidense rechazó ese argumento y consideró que el plazo aplicable era de 12 años. De esa manera, reconoció la totalidad de la condena, incluidos intereses y costas.
El escenario se complicó todavía más en julio, cuando la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión y volvió a rechazar el planteo argentino sobre la prescripción.
Con esa resolución, Titan quedó en condiciones de avanzar con acciones para intentar cobrar la deuda mediante activos argentinos alcanzados por la jurisdicción estadounidense.
La Procuración del Tesoro prepara una nueva presentación
Ante este escenario, el Gobierno decidió no dar por terminada la batalla judicial.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, prepara un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones que confirmó el fallo. Esa presentación será, además, el paso previo a una eventual apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El objetivo oficial es que el tribunal vuelva a analizar determinados aspectos procesales y la interpretación de los plazos que llevaron a reconocer el reclamo.
Por ahora, la estrategia no contempla necesariamente solicitar una suspensión inmediata de la sentencia, ya que el Gobierno considera que esa herramienta no se ajustaría completamente a la etapa actual del expediente. Sin embargo, el equipo jurídico estudia distintas alternativas para ganar tiempo y evitar una ejecución acelerada de los activos argentinos.
El antecedente YPF
La estrategia jurídica toma como referencia el resultado obtenido por la Argentina en otro litigio de alto impacto: el caso relacionado con YPF.
En ese expediente, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria impulsada por Burford que podía derivar en una condena de hasta US$18.000 millones.
El Gobierno busca trasladar parte de esa experiencia al caso Aerolíneas, aunque reconoce que se trata de expedientes diferentes y que el margen de maniobra en esta instancia es más reducido.
Si la Cámara de Apelaciones vuelve a rechazar el planteo argentino, la alternativa sería intentar llegar a la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, la posibilidad de que el máximo tribunal acepte revisar el caso es considerada limitada.
El impacto sobre las cuentas públicas
El monto en disputa representa una preocupación adicional para el Gobierno en un contexto de ajuste fiscal y restricciones externas.
Un desembolso cercano a los US$400 millones tendría impacto sobre las finanzas públicas y agregaría presión sobre las reservas, por lo que la estrategia oficial apunta no sólo a evitar la ejecución de la sentencia, sino también a ganar tiempo para explorar una eventual negociación o una reestructuración del pago.
La discusión, de todos modos, ya no pasa por la legalidad o conveniencia de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. El eje del expediente en Estados Unidos está concentrado en determinar si el laudo del CIADI puede ser ejecutado, bajo qué condiciones y en qué momento.
Una vieja cuenta de la reestatización
El conflicto judicial constituye uno de los capítulos derivados de la decisión de recuperar Aerolíneas Argentinas y Austral para el Estado.
La expropiación quedó vinculada desde entonces con reclamos internacionales y con el costo que las reestatizaciones pueden generar para las cuentas públicas muchos años después de adoptadas las decisiones.
El caso Aerolíneas se suma además a otros litigios que Argentina enfrenta en tribunales internacionales, entre ellos el reclamo de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria.
En este contexto, la ofensiva en Washington representa para el Gobierno una nueva prueba de su estrategia para enfrentar los litigios internacionales. La apuesta es mantener abierta la vía judicial, evitar una ejecución inmediata y, eventualmente, llegar a una negociación que permita reducir o postergar el impacto financiero.
El próximo paso estará en manos de la Cámara de Apelaciones de Washington. Si el tribunal mantiene su postura, el Gobierno tendrá como última alternativa intentar llevar la disputa ante la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras el reclamo por Aerolíneas continúa sumando intereses.
Con información de NA, editó Carina Pérez
