Ofensiva oficialista para proteger a Adorni en el Congreso
La Casa Rosada y los bloques libertarios buscan frenar en Diputados y en el Senado los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete. La discusión también abrió una disputa sobre el alcance del artículo 101 de la Constitución y las mayorías necesarias para llevar el tema al recinto.
El oficialismo puso en marcha una estrategia simultánea en las dos cámaras del Congreso para contener los proyectos de interpelación impulsados por la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La prioridad en Diputados es impedir que prospere la sesión especial pedida para este martes, mientras que en el Senado la apuesta apunta a revisar el criterio con el que se habilitó el tratamiento de la iniciativa y a trasladar la discusión a comisión.
La ofensiva opositora se concentra, por ahora, en la Cámara baja. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota pidieron una sesión especial para este martes a las 14 con el objetivo de debatir seis proyectos de resolución vinculados a Adorni. Las iniciativas reclaman que el funcionario concurra al Congreso a dar explicaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de bienes del Estado, fondos públicos y su situación patrimonial.
La convocatoria fue formalizada por el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán. Entre los expedientes presentados, además del pedido de interpelación, figuran planteos para que Adorni brinde precisiones sobre su patrimonio declarado, en medio de la investigación judicial en la que se lo menciona por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tres de esos proyectos, además, incorporan una moción de censura para impulsar su desplazamiento de la Jefatura de Gabinete.
En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó para las 13 a la reunión de Labor Parlamentaria, paso previo a la sesión solicitada por la oposición. Allí se definirá el esquema del debate y se pondrá a prueba si los bloques opositores logran reunir el número necesario para habilitar la discusión en el recinto: 129 diputados presentes.
Los bloques dialoguistas se despegan de la embestida opositora
La principal carta del oficialismo es, otra vez, el respaldo de los sectores dialoguistas. Tanto la UCR como el PRO y varias fuerzas provinciales vinculadas a gobernadores aliados ya anticiparon que no acompañarán la estrategia de Unión por la Patria para forzar una definición inmediata en el recinto.
En ese marco, desde el oficialismo impulsan una salida alternativa: derivar los proyectos a la comisión correspondiente y postergar allí la discusión. La propuesta fue planteada por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien promovió que el tema sea tratado la próxima semana en una reunión informativa, aunque sin una fecha definida para dictaminar.
La jugada generó una fuerte reacción en la oposición más dura, que interpreta esa maniobra como un intento de dilatar el debate y desactivar la sesión especial. Desde Unión por la Patria y otros bloques críticos del Gobierno cuestionaron que los espacios más cercanos a la Casa Rosada vuelvan a actuar como sostén parlamentario del oficialismo en un tema sensible.
La discusión reglamentaria que atraviesa a Diputados y al Senado
El conflicto político alrededor de Adorni también derivó en una controversia técnica sobre cómo debe aplicarse el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la responsabilidad del jefe de Gabinete ante el Congreso y contempla su interpelación y eventual moción de censura.
Para sectores de la oposición, el texto constitucional habilita a avanzar directamente en el recinto si se consigue quórum y mayoría para votar la interpelación, sin necesidad de un paso previo por comisión. Bajo esa interpretación, con 129 diputados sentados en sus bancas bastaría con llevar el asunto a votación.
Desde el oficialismo rechazan esa lectura. Mayoraz sostuvo que el artículo 101 fija la mayoría requerida para aprobar una interpelación o una moción de censura, pero no elimina los requisitos reglamentarios de la Cámara para habilitar el tratamiento de un expediente. En esa línea, recordó como antecedente el debate que Diputados dio en 2025 por las interpelaciones al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Luis Caputo y Karina Milei.
El Senado también entra en escena
La disputa no se limita a Diputados. En el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel una nueva reunión de Labor Parlamentaria para revisar el criterio adoptado la semana pasada, cuando se resolvió incorporar al temario de la sesión del 25 de junio los pedidos de interpelación contra Adorni.
En aquella reunión se había avalado la posibilidad de aplicar directamente el artículo 101 en el recinto, sin un tratamiento previo en comisión, bajo el argumento de que se trata de una norma "operativa". Esa interpretación encendió las alarmas en el oficialismo, que salió a intentar revertirla antes de la próxima sesión.
La respuesta fue inmediata. Bullrich convocó a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18 con el objetivo de reabrir la discusión. La decisión fue cuestionada por el bloque Justicialista que conduce José Mayans, aunque contó con el acompañamiento de sectores aliados al Gobierno.
Reunión de Adorni con los senadores libertarios y presión sobre aliados
En la previa de esa pulseada parlamentaria, Adorni convocó para este martes a los senadores de La Libertad Avanza a una serie de reuniones divididas en tres turnos -a las 9, 12 y 14- con la intención de repasar la agenda legislativa y ordenar la estrategia oficialista frente a los pedidos de interpelación.
El objetivo central del Gobierno es sumar a la UCR, al PRO y a los bloques provinciales a una posición común que impida que la avanzada opositora gane volumen en el Senado. Sin embargo, la situación no está cerrada: en esos mismos espacios también surgieron cuestionamientos al jefe de Gabinete, lo que obliga a la Casa Rosada a redoblar las negociaciones.
Como parte de esa salida, Bullrich se comprometió a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Agustín Coto, para canalizar allí el tratamiento de los proyectos. Con esa maniobra, el Gobierno busca correr la discusión del recinto, ganar tiempo y evitar que la oposición convierta el caso Adorni en una nueva derrota parlamentaria.
