El oficialismo en Mendoza pide revisar la nómina de salarios superiores a $300 mil

La diputada demócrata Mercedes Llano remarcó que en algunos organismos no se respeta la ley 5811, que regula la pirámide remunerativa. De esta manera, aseguró que hay funcionarios que cobran más que el gobernador. Cuestionó, además, los "suplementos y adicionales".

La diputada Mercedes Llano, del Partido Demócrata, integrante de Cambia Mendoza, reclamó informes al Poder Ejecutivo en torno a salarios superiores a los 300 mil pesos.

Al respecto, señaló que "las desigualdades salariales que se registran en los diversos sectores del Estado provincial son significativas. Si bien es escasa la información pública con la que se cuenta, se observan remuneraciones promedio muy elevadas en determinadas jurisdicciones y grandes disparidades entre poderes y organismos públicos". 

Al ofrecer un panorama de la escala salarial, la legisladora señaló que "el sueldo promedio más alto corresponde a la Caja de Seguro Mutual, donde la retribución media alcanzó en el primer trimestre de 2019 los $379.655, seguido del percibido en el ámbito de Fiscalía de Estado ( $325.357) y, posteriormente, en el Tribunal de Cuentas ( $301.802). Para respaldar estos datos, se adjuntan cuadros elaborados sobre la base de información publicada por el Tribunal de Cuentas", indicó en su pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial. 

Llano reclama que cada una de estas reparticiones eleve a la Cámara de Diputados la nómina salarial detallada de estos organismos, incluyendo datos sobre adicionales, funciones, mecanismos de ingreso a los puestos, entre otros. 

En sus proyectos, sostiene que "al contrastar el salario promedio de los distintos poderes y organismos, tomando como base los datos publicados por el Tribunal de Cuentas, según lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal 7314, se observan significativas desigualdades interjurisdiccionales". 

La escala distribuida por la legisladora de Cambia Mendoza.

Además, explicó que la ley 5811 regula la pirámide remunerativa aplicable a autoridades superiores del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Fiscal de Estado y Asesor de Gobierno. Y, según dicha normativa, en el tope de la escala se posiciona el Gobernador y a partir de ese monto máximo se calculan porcentajes menores para los restantes altos cargos: Vicegobernador (98%), Legisladores (95%), Fiscal de Estado y Asesor de Gobierno (95%), Ministros y Director General de Escuelas (94%), Secretario Legal y Técnico y Subsecretarios (90%). 

"Sin embargo, se advierte una incongruencia entre las jerarquías retributivas formales y el salario promedio registrado por las distintas jurisdicciones, posicionándose la Caja de Seguro Mutual, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas", argumenta. 

Por otra parte, destacó que "en América Latina los sistemas salariales del sector público tienden a presentar un bajo nivel de desarrollo asociado a la existencia de inequidades horizontales y verticales, problemas de competitividad externa y coherencia estratégica (BID, 2014)". 

"Esas asimetrías suelen vincularse a la fragmentación escalafonaria y a la distribución de una diversidad de suplementos y adicionales", producto del imperio de la discrecionalidad y el peso corporativo, señala la legisladora en los fundamentos de sus proyectos.

Esta nota habla de: