Fracasó el pedido de juicio político contra el ministro Víctor Ibañez

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos dio los argumentos para sustentar el pedido. Sin embargo, no alcanzaron los votos ni siquiera para admitir el procedimiento.

Germán Gómez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, ratificó este miércoles el pedido de juicio político contra el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, por el subsidio que iba a entregar el Poder Ejecutivo a la Fundación de Héctor Bonarrico por $18 millones.

Sin embargo, al ser sometido a votación, el peronismo quedó muy lejos de reunir la mitad más uno de los votos, necesaria para admitir el inicio del proceso. Por lo tanto, fracasó el juicio político contra Ibañez y había presentado el Frente de Todos.

"¿Quién intervino en todas las etapas administrativas? Hay un sujeto activo que intervino en el proceso de idear esta herramienta para defraudar al Estado y beneficiar a un particular. Ese señor se llama Víctor Ibañez", manifestó Gómez en la sesión de Diputados de este miércoles.

De acuerdo con la versión que presentó Gómez, queda ratificado por las declaraciones de Bonarrico que el convenio persiguió solamente un fin político electoral: el subsidio respondería a la actitud del pastor de bajarse de su candidatura en 2021.

Por su parte, la diputada demócrata Mercedes Llano avaló lo dicho por Gómez: "Estamos ante un caso de compra de voluntades". Pero aclaró: "Según el asesoramiento legal, entendemos que hay un factor que es necesario, la reafirmación de Bonarrico ante la Justicia u otros ámbitos de lo que dijo en los medios de comunicación".

En este sentido, Llano dijo que votaría en contra del pedido de juicio político. Y, en su lugar, insistió en la conformación de una comisión investigadora.

El procedimiento de juicio político

Una vez que ingresa un pedido de juicio político a la Cámara de Diputados, los legisladores deben avalarlo con mayoría simple de votos. Si eso ocurre, el proceso continúa en una comisión que evaluará las pruebas y testimonio del acusado, y firmará un dictamen que deberá ser votado afirmativamente por dos tercios de la cámara.

Si eso ocurre, el funcionario en cuestión quedará suspendido de sus funciones y la Cámara de Diputados pasará a cumplir una función acusatoria frente al Senado, que finalmente deberá votar a favor o en contra de la destitución definitiva. Sobre esto último, también son necesarios dos tercios de los votos.

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