Este es el proyecto de Suarez contra los altos salarios en el Poder Judicial

El gobernador presentó en el Senado el proyecto para prohibir la equiparación de cargos y retribuciones en el Estado. Surgió después de conocerse que hay empleados del Poder Judicial que cobran más de 400.000 pesos.

Este jueves, el gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura el proyecto de ley que anunció el martes que prohíbe la equiparación de cargos y/o retribuciones al personal del Estado Provincial. Esta iniciativa surgió después de que se hiciera público el caso de empleados del Poder Judicial que tienen sus salarios enganchados al de magistrados y terminan cobrando, en algunos casos, más de 400 mil pesos.

"Como es de conocimiento, ha tomado estado público recientemente la situación de un grupo de empleados que se han visto beneficiados con la inclusión en un régimen salarial que difiere de las tareas que efectivamente desarrollan", se lee en los argumentos del proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Senadores.

Asimismo, se enfatizó que "con el afán de terminar con situaciones irregulares en el seno del Estado -que no hacen más que alejar a la ciudadanía del ámbito natural de su representación- se impone la necesidad de profundizar los procesos de transformación para avanzar hacia un modelo estatal eficiente, donde los recursos de los contribuyentes se traduzcan en más y mejores servicios, al menor costo posible".

En su articulado, el proyecto prevé: "Establécese que ninguna norma o disposición podrá equiparar retribuciones por funciones y/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria".

Asimismo, el gobernador incluyó en el proyecto un plazo de un mes para que todos los organismos del Estado regularicen su situación, una vez aprobada y promulgada la ley.

Este es el proyecto:

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