La coautora de la Ley de Tierras criticó la reforma impulsada por el Gobierno

En la antesala del debate legislativo sobre la reforma de la Ley de Tierras, la abogada Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y una de las autoras de la norma sancionada en 2011, cuestionó con dureza el proyecto promovido por el Gobierno nacional al considerar que desmantela las principales herramientas de control sobre la extranjerización de la tierra.

Durante una entrevista en el programa " A pesar de las llamas", de Radio Post, Gómez sostuvo que la iniciativa "es una derogación de la ley" más que una simple modificación, ya que elimina varios de los límites que establecía el texto original.

"Quienes nos oponemos mantenemos que es una derogación porque no es solamente que se vuelve del 15% al 25%; elimina el tope nacional, elimina el tope subprovincial y además deroga otros artículos centrales", afirmó.

El origen del Registro Nacional de Tierras

La exfuncionaria recordó que el Registro Nacional de Tierras surgió mientras trabajaban en la redacción de la ley y explicó que fue pensado para unificar información dispersa entre provincias.

"Estábamos pensando cómo limitar la extranjería de la tierra, pero no había una herramienta para saber cuánta superficie estaba en manos extranjeras", relató.

Según contó, la idea nació de manera casi espontánea. "Se me ocurrió un sábado a la noche. Le mandé un mail a Eduardo Barcesat y le dije que teníamos que crear un registro nacional, respetando las autonomías provinciales", recordó.

Ese sistema permitió consolidar información proveniente de catastros y registros inmobiliarios provinciales para conocer el grado de extranjerización del territorio argentino.

"Hoy puede haber más tierras extranjerizadas"

Consultada sobre la confiabilidad de los datos actuales, Gómez aseguró que las cifras elaboradas durante su gestión eran consistentes, aunque advirtió que la situación cambió tras las modificaciones introducidas durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Los datos que dejamos en 2015 eran confiables", sostuvo. Sin embargo, explicó que un decreto de 2016 flexibilizó los controles sobre las transferencias accionarias de sociedades propietarias de grandes extensiones rurales.

"A partir de esa flexibilización, de alguna manera se borró parte del registro", afirmó.

Por ese motivo, consideró que las cifras oficiales podrían estar subestimando la superficie efectivamente controlada por capitales extranjeros.

"Hoy quizás las tierras extranjerizadas son más de las 13,2 millones de hectáreas que informa oficialmente el Registro", señaló.

Agua, fronteras y soberanía

Uno de los aspectos que más preocupa a Gómez es la eliminación de restricciones vinculadas a recursos estratégicos.

En ese sentido, cuestionó la derogación de las limitaciones para adquirir inmuebles con cuerpos de agua.

"Si se aprueba el proyecto tal como está, Lewis podría volver a comprar otros lagos", advirtió.

También explicó que la ley vigente fijaba un límite para que una misma nacionalidad no pudiera concentrar más del 30% de la superficie extranjera permitida.

"Ese artículo existía para evitar que un solo país pudiera concentrar enormes extensiones mediante múltiples compradores", indicó.

La exdirectora también expresó preocupación por los cambios propuestos para las zonas de frontera.

"El proyecto deroga el artículo que declara de conveniencia nacional que las tierras de frontera sean ocupadas por argentinos y también elimina la intervención del Estado para autorizar esas transferencias", afirmó.

Según sostuvo, esos territorios poseen un valor estratégico por su cercanía con pasos internacionales, cursos de agua y recursos naturales.

Críticas a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego

Durante la entrevista también cuestionó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que elimina las restricciones para cambiar el uso de suelo en predios afectados por incendios.

"Han eliminado esa limitación para los loteos o los cambios de uso de suelo en tierras incendiadas, justamente lo que ocurrió en muchos casos de la Patagonia con fuerte interés inmobiliario", sostuvo.

No obstante, aclaró que su principal preocupación pasa por la falta de recursos destinados a la prevención y combate de incendios.

"Para mí lo más grave hoy es el nivel de financiamiento que tiene la política pública de manejo del fuego", afirmó.

El caso de Misiones y la concentración de tierras

Gómez también hizo referencia al elevado nivel de extranjerización registrado en Misiones y lo vinculó con procesos históricos de concentración de la propiedad.

Explicó que en esa provincia existen grandes extensiones forestales en manos de empresas extranjeras y advirtió sobre los efectos ambientales del modelo.

"En Misiones el monocultivo es el pino. No es biodiversidad", señaló.

Asimismo, indicó que las plantaciones forestales presentan un comportamiento distinto frente a los incendios.

"No es lo mismo que haya bosque nativo a que haya bosque implantado; las forestaciones tienen un nivel de volatilidad muy difícil de manejar cuando se producen incendios", explicó.

"No se trata solo de propiedad privada"

Consultada sobre el argumento del Gobierno de que la compra de empresas por parte de extranjeros no implica pérdida de soberanía, Gómez rechazó esa interpretación.

"Si un extranjero compra un kiosco, obviamente no es vender soberanía. Pero si compra una propiedad de 500.000 hectáreas con lagos, ríos y recursos estratégicos, la situación es completamente distinta", sostuvo.

Como ejemplo mencionó el caso del empresario británico Joe Lewis.

"Lewis tiene fallos judiciales en contra que no cumple y cuenta con seguridad propia. Imagínese actores económicos mucho más poderosos", planteó.

La exfuncionaria también advirtió sobre el creciente interés de grandes inversores internacionales por regiones como la Patagonia y el sur mendocino.

"Están buscando climas propicios, acceso al agua y fuentes de energía", afirmó.

Pedido al Senado

Sobre el final de la entrevista, Gómez pidió que el Senado rechace la iniciativa y reclamó una auditoría nacional sobre la situación actual de las tierras rurales.

"Espero que el proyecto no se apruebe", expresó, y sostuvo que sería necesario revisar el estado del registro porque, según afirmó, existen propiedades que "mágicamente dejaron de aparecer como extranjerizadas".

Para la coautora de la ley, la discusión excede el derecho de propiedad y está directamente relacionada con la preservación de recursos estratégicos y la soberanía nacional.

"No es solamente una discusión sobre tierras; también involucra el agua, las fronteras y activos fundamentales para el futuro del país", concluyó.