El 17% del Poder Judicial argentino utiliza la IA con reglas propias
De los 44 pa韘es que incorporaron nuevas tecnolog韆s a la Justicia, s髄o 9 reglamentaron su uso. Argentina no es uno de ellos. Frente a los riesgos que esto supone, CIPPEC analiza la experiencia internacional y propone una hoja de ruta para Argentina.
La inteligencia artificial avanza de manera sostenida en el sistema judicial argentino, donde ya es utilizada por el 17% del Poder Judicial para asistir distintas tareas. Sin embargo, ese crecimiento ocurre sin una normativa nacional que establezca criterios comunes para su implementaci髇, una situaci髇 que, seg鷑 un informe del Centro de Implementaci髇 de Pol韙icas P鷅licas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), plantea desaf韔s institucionales y riesgos para la protecci髇 de derechos.
El estudio sostiene que Argentina cuenta con desarrollos tecnol骻icos de referencia en Am閞ica Latina, pero todav韆 no logr construir un marco regulatorio que ordene su utilizaci髇. Mientras tanto, cada organismo adopta sus propios protocolos y criterios de funcionamiento.
Un fen髆eno que crece en todo el mundo
La incorporaci髇 de inteligencia artificial al funcionamiento de los tribunales ya es una tendencia global. A fines de 2024, el Consejo de Europa hab韆 identificado 125 sistemas de IA en funcionamiento dentro de instituciones judiciales, principalmente en pa韘es europeos.
De acuerdo con el relevamiento, 44 pa韘es ya incorporaron estas tecnolog韆s a sus sistemas de Justicia, aunque solo nueve cuentan con gu韆s espec韋icas que regulan su utilizaci髇. Entre ellos figuran Brasil, Canad, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos.
El informe de la Comisi髇 Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) muestra que el mayor desarrollo tecnol骻ico se concentra en la gesti髇 de expedientes, mientras que las aplicaciones vinculadas al apoyo de decisiones judiciales siguen siendo las menos frecuentes. En todos los casos, la IA funciona como herramienta de asistencia y no reemplaza la decisi髇 final del juez, aunque s modifica profundamente la forma en que se preparan y analizan los casos.
Experiencias argentinas con resultados concretos
Uno de los antecedentes m醩 relevantes es Prometea, el sistema desarrollado en 2017 por el Ministerio P鷅lico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires junto con el IALAB de la Universidad de Buenos Aires.
La herramienta fue aplicada en 658 expedientes relacionados con derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad, alcanzando un 90% de precisi髇 y un incremento del 300% en la productividad: la cantidad de casos tramitados por mes pas de 130 a 490.
Desde mayo de 2024, el mismo organismo incorpor adem醩 ChatGPT para analizar documentaci髇 y elaborar borradores de resoluciones en causas vinculadas al empleo p鷅lico y reclamos salariales. Gracias a esa asistencia, el tiempo de redacci髇 de una resoluci髇 se redujo de una hora a apenas diez minutos.
Tambi閚 existen otras iniciativas. El Poder Judicial de C髍doba implement desde noviembre de 2024 Jurisemia, un sistema de b鷖queda de jurisprudencia basado en inteligencia artificial.
A su vez, el Ministerio de Justicia desarroll un piloto de IA generativa que obtuvo una valoraci髇 positiva del 81% entre 5.000 integrantes del Poder Judicial, seg鷑 los resultados del relevamiento.
Avances dispersos y sin una pol韙ica com鷑
Aunque existen protocolos de uso en distintas jurisdicciones, el informe sostiene que las iniciativas permanecen fragmentadas.
Las provincias de Santa Fe, San Juan y R韔 Negro aprobaron gu韆s de buenas pr醕ticas para el empleo de inteligencia artificial generativa en el 醡bito judicial.
En tanto, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adopt en 2025 una gu韆 para el uso responsable de estas herramientas y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires firm ese mismo a駉 un acuerdo de cooperaci髇 con la UNESCO.
Pese a esos avances, el pa韘 todav韆 carece de una regulaci髇 integral. Entre 2016 y septiembre de 2025 se presentaron 62 proyectos legislativos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la Justicia, pero ninguno fue convertido en ley.
El desaf韔, m醩 all de la tecnolog韆
Tras analizar experiencias de pa韘es como Reino Unido, Brasil, Canad, Francia, Finlandia, Estonia, Chile y la Uni髇 Europea, CIPPEC concluye que el principal desaf韔 no consiste en incorporar herramientas cada vez m醩 sofisticadas, sino en desarrollar instituciones capaces de gobernarlas.
El estudio destaca que Reino Unido estableci lineamientos que exigen supervisi髇 humana permanente sobre toda aplicaci髇 de inteligencia artificial utilizada en la Justicia.
Brasil, por su parte, pas de operar con m醩 de 50 plataformas aisladas a contar con 14 sistemas integrados a escala nacional, adem醩 de establecer reglas espec韋icas que proh韇en aplicaciones incompatibles con los derechos fundamentales.
Riesgos que requieren reglas claras
El informe advierte que la incorporaci髇 de IA en Argentina ocurre en un contexto de debilidades estructurales del sistema judicial vinculadas a la trazabilidad de la informaci髇, la interoperabilidad y la confianza p鷅lica.
Como referencia, recuerda que el World Justice Project ubic al pa韘 en el puesto 65 entre 143 naciones en su 蚽dice de Estado de Derecho 2025, mientras que Transparency International le asign 36 puntos sobre 100 en el 蚽dice de Percepci髇 de la Corrupci髇 2024.
A ello se suman los riesgos propios de la inteligencia artificial, como la posibilidad de reproducir sesgos presentes en los datos de entrenamiento, afectar la privacidad de las personas o generar respuestas incorrectas con apariencia de veracidad. Incluso, advierte el trabajo, conjuntos de datos aparentemente an髇imos pueden permitir la identificaci髇 de individuos cuando se cruzan m鷏tiples fuentes de informaci髇.
Frente a ese escenario, CIPPEC propone avanzar hacia una estrategia nacional basada en cuatro pilares: mantener el control humano sobre las decisiones, garantizar la transparencia en el uso de los sistemas, proteger los datos personales y sensibles, y avanzar de manera gradual bajo mecanismos permanentes de supervisi髇.
La conclusi髇 del informe es que el debate ya no pasa por decidir si la inteligencia artificial llegar a la Justicia, sino por definir c髆o incorporarla sin comprometer las garant韆s, la transparencia y los derechos de los ciudadanos.
